El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y sus organizaciones acompañantes exigieron al Estado mexicano, tras la visita de la relatora especial de la ONU en materia de Desaparición Forzada, Cecilia Jiménez-Damary, la tipificación de este fenómeno como delito, entre otras peticiones.
Jiménez-Damary emitió el 9 de septiembre un informe preliminar en el que se hizo notar la vulnerabilidad en que se encuentran distintos grupos en México de ser desplazados forzosamente y despojados de su vivienda e incluso de personalidad jurídica en otros estados.
La recopilación de la información para esta declaración de la relatora internacional la realizó en su visita a México entre agosto y septiembre, en la que visitó estados como Chihuahua y Chiapas.
En el escrito compartido a medios de comunicación tras la visita de Jiménez-Damary, el colectivo de víctimas relata que en 2021 hubo un aumento significativo en las cifras de desplazamiento por violencia y de personas desplazadas en México.
Este fenómeno se relaciona directamente con la actuación de grupos criminales y del narcotráfico, precisan, además de conflictos políticos, sociales y territoriales.
Cuentan que tras este desplazamiento, las personas se enfrentan a la violencia del Estado, que no los reconoce como víctimas debido a que el desplazamiento no es considerado como tal, “a pesar de haber sufrido enfrentamientos armados, expulsiones, amenazas, agresiones con armas de fuego, destrucción y quema de sus casas, cultivos y negocios, saqueo de viviendas y robo de animales, cultivos”, entre otras cosas.
Es por este fenómeno que exigen, en primer lugar, agilizar la aprobación de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, que sigue sin avanzar en el Senado.
Además, solicitan tipificar el desplazamiento forzado como delito, establecer un marco jurídico amplio para la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la implementación de acciones gubernamentales de asistencia humanitaria y gestiones gubernamentales que consideren las necesidades particulares de los grupos esencialmente vulnerables.
El escrito compartido está firmado por el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones acompañantes, conformado por 12 comunidades y colectivos de personas desplazadas con presencia en siete estados de México, incluido Chihuahua.
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