La Comisión de Derechos de Vivienda de la Cámara de Diputados demandó al Infonavit suspender los desalojos, la venta de vivienda adjudicada y la cobranza extrajudicial, en un dictamen presentado la semana pasada.
La iniciativa aprobada por el pleno en la sesión del pasado 10 de abril, fue argumentada por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de MORENA, en la sesión del día 19 de febrero de este año.
También a principios de año, en Ciudad Juárez organizaciones sociales denunciaron a medios locales que el Infonavit, a través de empresas de cobranza e inmobiliarias, estaba llevando a cabo hasta veinte desalojos por día.
Este dato concuerda con la información investigada por diputados federales que señala que hasta noviembre de 2018 el Instituto se había adjudicado 203 mil 85 viviendas en todo el país.
La manera abusiva como el organismo despojó de sus casas a esas familias derivó en una investigación penal en Nayarit donde jueces, magistrados y notarios están hasta el día de hoy sujetos a proceso.
En Ciudad Juárez Norte denunció el despojo en un reportaje publicado el 2 de abril de 2017, pero hasta el día de hoy ni el gobierno municipal ni el gobierno estatal han hecho nada para apoyar a esas familias.
La investigación de la Comisión de Vivienda confirmó que los inmuebles están siendo vendidos a empresas inmobiliarias a través de subastas.
Con esa acción no solo se desvirtúa el objeto para el que fue creado Infonavit -dar vivienda barata a trabajadores- sino que se ha beneficiado a unos pocos empresarios vivienderos.
“Estas ventas (a inmobiliarias) se realizan en precios mínimos que, sin lugar a duda, si se ofreciesen al derechohabiente, estarían en posibilidad de liquidar sus viviendas”, expone el dictamen del poder legislativo.
Existen empresas y despachos de abogados que subcontrata el Infonavit, para realizar los requerimientos de pago ante atrasos, que ya sea vía telefónica o mediante correo postal, ejercen actos de presión y violencia psicológica a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias en contra de los titulares de los créditos, añade.
De esta manera, alerta, rebasan las facultades que les marca la ley poniendo en riesgo el patrimonio de la gente y trastocando su dignidad.
El documento concluye que se trata de prácticas fuera de la ley, con simulaciones y engaños, tales como supuestas notificaciones de embargo que llegan a los domicilios, usando como bandera los programas implementados de cobranza social o las reestructuras.
Información oficial obtenida por los legisladores federales refiere que al corte de junio de 2018, se habían reestructurado 1 millón 270 mil 384 de los 4 millones 805 mil 762 créditos de vivienda que se reportaron en cartera vigente.
De este universo, en 632 mil 900 casos se usó alguno de los programas de cobranza social, lo que representa el 40 por ciento de los derechohabientes que fueron sometidos a esas prácticas abusivas de exigir pagos y desalojar familias.
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