El colectivo Justicia para Nuestros Deudos dirigió una carta abierta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para exigir una investigación independiente sobre la muerte de Facundo Teófilo Martínez, uno de los detenidos por el caso del crematorio Plenitud, donde en junio pasado fueron hallados 386 cádaveres en condiciones irregulares.
De acuerdo con el documento, el hombre de 74 años se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, y había manifestado desde su detención que actuaba bajo las órdenes del propietario del crematorio, José Luis Arellano Cuarón.
Por esa razón —subraya el colectivo—, era considerado un testigo potencialmente clave para el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, su fallecimiento se produjo en circunstancias calificadas como sospechosas, luego de que se le negara atención médica oportuna pese a que padecía diabetes. Según la carta, Martínez habría caído en coma diabético, falleciendo posteriormente en el Hospital General.
“Este deceso, lejos de cerrar un capítulo, abre una profunda preocupación sobre el manejo del caso y la protección de testigos clave”, señala el pronunciamiento firmado por Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo.
Exigen transparencia y rendición de cuentas
En la misiva, Justicia para Nuestros Deudos solicita a las autoridades federales tres acciones concretas:
• Una investigación independiente y transparente sobre las condiciones de detención y atención médica que recibió Facundo Martínez.
• Protección para otros posibles testigos vinculados al caso.
• Difusión pública del dictamen médico oficial y deslinde de responsabilidades ante una posible negligencia institucional.
El colectivo advierte que la muerte de Martínez beneficia indirectamente a los principales señalados, ya que elimina una voz que podía aportar claridad sobre el entramado de responsabilidades en torno al manejo irregular de cuerpos.
“La justicia no puede construirse sobre silencios ni omisiones. La memoria de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocer la verdad exigen una actuación firme y decidida del Estado mexicano”, concluye el texto.
El caso del crematorio de horror conmocionó a Ciudad Juárez el pasado junio, cuando fueron descubiertos 386 cuerpos sin identificar o retenidos indebidamente en las instalaciones del crematorio y funeraria Plenitud.
El hallazgo derivó en investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y diversos colectivos de familiares de víctimas.
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