El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, comentó que, en el caso de las liquidaciones indebidas que se pagaron los miembros del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, podría haber otro tipo de sanciones que afecten a quienes recibieron las liquidaciones no previstas en la ley.
En torno al caso de la sanción de 10 años de inhabilitación en contra de quien fuera director de Recursos Humanos en el Gobierno municipal de Cuahtémoc por haber pagado finiquito al alcalde, a la síndica y a los demás miembros del Cabildo, Acosta Félix señaló que cabe analizar la aplicación de una sanción a estos últimos.
Actualmente, el único exfuncionario en recibir una penalización es el exdirector de Recursos Humanos que autorizó los pagos, con una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos.
Cuestionado acerca de si se puede obligar al exalcalde, exsíndica y exregidores a devolver el dinero recibido, el auditor comentó que sí se puede revisar, a la luz de otros casos similares donde el exfuncionario regresa lo que se le pagó de forma indebida.
El presidente municipal de Cuauhtémoc, Romeo Morales Esponda (Morena), así como los regidores del Ayuntamiento que él presidió, se pagaron indemnizaciones y vacaciones antes de terminar su período, pese a que no tenían derecho a recibir esas prestaciones.
El pasado jueves, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) informó que se había logrado aplicar una sanción al entonces titular del área de Recursos Humanos del citado municipio, por haber autorizado los pagos mencionados.
Acerca de ese punto, Acosta Félix comentó que el ahora sancionado fue quien autorizó el pago, de ahí su responsabilidad.
El entonces alcalde, aparece como responsable de haber pagado de manera indebida las indemnizaciones y vacaciones al alcalde, síndica y regidores que concluían su administración.
El presidente Municipal, Romeo Morales Esponda, quien ocupó el cargo de forma interina entre los años 2020 y 2021, recibió 55 mil 868.49 pesos; la síndica, 53 mil 166.29 pesos y a cada uno de los regidores el pago fue de 39 mil 334.38 pesos, siendo la suma de esto 731 mil 975 .58 pesos el monto considerado como daño al erario que debe ser restituido.
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Por Ilse Gómez
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