El fortalecimiento del estado de derecho en el estado de Chihuahua permanece estancado, al no registrar ningún avance entre el periodo 2018 al 2019, de acuerdo al Índice de Estado de Derecho que dio a conocer la organización internacional World Justice Project (WPJ) tras evaluar el desempeño institucional.
En una escala del 0 al 1, en la que 1 significa un óptimo estado de derecho, el estado de Chihuahua fue situado con un promedio general de 0.39 en el año 2018, y para el periodo 2019, obtuvo la misma calificación.
Nuestra entidad obtuvo bajas evaluaciones en los ocho aspectos evaluados, y que fueron: corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal y límites al poder gubernamental.
De los 32 estados evaluados, Chihuahua se ubicó en la posición 15, como ya se dijo, sin un avance significativo en relación de un año a otro.
En el apartado de justicia civil, se obtuvo un promedio de 0.40; el 0.33 por ciento de la evaluación precisa que las personas no conocen sus derechos y desconfía de las instituciones, y el mismo promedio sobre problemas legales resueltos fácilmente por exceso de burocracia. También el índice calificó con 0.45 sobre el acceso a la información y asesoría de calidad.
En justicia penal, Chihuahua obtuvo una calificación promedio de 0.39 según los resultados. Se otorgó un 0.33 de calificación al hecho de que la policía y el ministerio público sí investigan los delitos de manera eficaz; un 0.43 sobre procuración e impartición de justicia expedita y eficaz; y un 0.32 sobre el sistema penitenciario que garantiza la seguridad y respeto de las personas privadas de la libertad.
Al analizar los resultados sobre orden y seguridad, se obtuvo una baja calificación también de 0.30; este factor mide la seguridad de las personas, la cual es una característica de una sociedad con estado de derecho, e incluyó una medición de homicidios, victimización y percepción de la seguridad. Seis de cada 10 personas se sienten inseguras en la entidad, según los datos del Índice de Estado de Derecho.
En cuanto a corrupción, fue arrojada una evaluación baja de 0.36, al considerar que persisten los sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la existencia del uso indebido de recursos públicos.
Sobre las regulaciones implementadas por el gobierno de manera justa y efectiva, incluido el ámbito laboral, ambiental, comercial y de salud pública, hubo un resultado de 0.32 sobre la eficacia en el combate a la corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales, y un 0.39 sobre resoluciones efectivas y eficientes de procedimientos administrativos.
Finalmente, en gobierno abierto
En el tema de gobierno abierto, el puntaje arrojado fue de 0.38 de promedio, sobre la medición en transparencia y participación ciudadana. Aquí fueron incluidas mediciones sobre disponibilidad de información pública, el derecho de acceso a la información y si las personas cuentan con herramientas para participar en la toma de decisiones.
Precisamente en este aspecto evaluado, se alcanzó una de las más bajas evaluaciones con 0.25 con relación a la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno.
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