Luego del ataque con balas de goma de agentes de la Patrulla Fronteriza hacia migrantes ocurrido ayer, tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense deben conducir investigaciones para llegar al fondo del caso, aseguró la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
En el caso de Estados Unidos, recientemente se publicó un comunicado en el cual se informó que el uso de balas de goma fue debido a que un grupo de migrantes intentó “entrar al país sin autorización”, y “se tornaron combativos y físicamente agresivos”.
Por otra parte, el Gobierno mexicano se ha limitado únicamente a solicitar una investigación a su homónimo del norte.
En este sentido, Ciela Avila, vocera de DHIA, compartió que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien debería estar investigando los hechos.
Aquí, abundó Avila, la CNDH cuenta con una visitaduría enfocada en temas de migración que hasta ahora no se ha hecho presente.
Mientras tanto, personal de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso vino a Ciudad Juárez a documentarse con los testimonios de quienes participaron en los eventos de ayer.
Francisco García, director de la Red, aseguró que el Gobierno mexicano tiene mucho por hacer, pues aún no se satisfacen necesidades básicas de los grupos migrantes que se encuentran en Juárez.
Asimismo, sobre los hechos de ayer declaró que se observa “una patrulla fronteriza muy agresiva”, que disparó a las personas migrantes cuando estaban de espaldas hacia ellos, e incluso ya cuando estaban en el lado mexicano, de manera “no justificada” y cuando había niñas, niños y mujeres en el contingente.
Agregó que además de este caso reciente, han documentado distintos tipos de violación, tanto al respeto a la dignidad de las personas, al no proveerles de insumos para sus necesidades básicas, como al debido proceso legal que deben pasar antes de ser expulsados de Estados Unidos.
Finalizó diciendo que si un agente violentó los derechos humanos de la población migrante con esos disparos de balas de goma, habrá quejas formales, y se buscará que rindan cuentas, desde un llamado de atención hasta la separación del cargo del oficial agresor, de ser necesario.
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