A partir de este lunes, todas las escuelas del estado —de nivel básico y medio superior— estarán obligadas a contar con personal especializado en atención psicológica y con mecanismos de denuncia internos para enfrentar casos de violencia o acoso escolar.
El Gobierno del Estado publicó este sábado en el Periódico Oficial el Decreto LXVIII/RFLEY/0272/2025, que reforma la Ley Estatal de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la prevención y respuesta institucional ante situaciones de maltrato y bullying en las aulas.
Entre las disposiciones más relevantes, el decreto establece que cada plantel deberá disponer de áreas especializadas en psicología clínica y educativa, encargadas de prevenir y atender agresiones dentro del entorno escolar. El nuevo texto del artículo 14 indica que estas áreas deberán brindar acompañamiento emocional, tratamiento psicológico en casos de agresión, asesoría a docentes y familias, así como acciones para reducir efectos derivados del acoso escolar.
El documento señala que el Estado deberá promover gradualmente la incorporación de personal especializado, priorizando escuelas ubicadas en zonas catalogadas como de riesgo.
Las reformas al artículo 69 instruyen la realización de programas de capacitación y sensibilización sobre prevención del bullying, aplicando el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, el artículo 145 ordena campañas públicas de información, prevención y concientización en instituciones públicas y privadas.
El artículo 13 añade la obligación de destinar recursos para investigar causas, efectos y mecanismos de solución al acoso escolar, y para fortalecer la innovación pedagógica.
Las modificaciones también alcanzan la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obligando a autoridades educativas a habilitar mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y accesibles para estudiantes afectados. Estos podrán ser físicos o digitales, no tendrán costo y deberán permitir el reporte sin riesgo para la víctima.
Finalmente, el decreto establece que docentes, directivos y personal administrativo tendrán la obligación de reportar cualquier caso de violencia escolar, siguiendo las directrices del Protocolo Único.
Con estas reformas, Chihuahua busca que ninguna agresión quede sin atención y que la escuela deje de ser un espacio donde el silencio o la omisión sean la norma.
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