Durante esta mañana, el presidente de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, Sergio Meza, informó que se declaran en contra de dos reformas de ley; una a nivel federal y otra en Chihuahua, que clasificó como actos contra la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Meza, puntualizó en que la reforma que se discute en el pleno del Congreso Local en la ciudad de Chihuahua, que busca aumentar los requisitos para que se solicite la revocación de mandato a la gobernadora del estado, demuestra un temor por parte de los legisladores a enfrentarse a la participación ciudadana.
Explicó que entre los principales puntos que se discuten, y son de mayor preocupación para la organización, están los siguientes tres:
• El aumento de firmas de respaldo, que pasaría del 5 al 10 por ciento (de 153 mil firmas a 300 mil)
• Una restricción geográfica, debido a que las firmas necesarias para este proceso anteriormente podrían recaudarse en uno y ahora pasan a tener que ser de 34 municipios
• La declaración de resultado vinculante aumenta al 40 de la lista nominal (1.2 millones de votos a favor).
Señaló que, desde su punto de vista, demuestra una preocupación por parte de los legisladores ante una falta de resultados por parte del Gobierno del estado, debido a que esta propuesta se vota en el mismo día en el que, según establece la Ley de Participación Ciudadana, la gobernadora María Eugenia Campos Galván podría ser sometida al proceso de revocación de mandato desde el próximo lunes.
“La revocación de mandato tiene que ver con que la ciudadanía pueda despedir a quienes hemos contratado para despedir a quienes no tienen resultados. Entonces lo hacen con toda la intención, imagino que ellos tienen información que nosotros no tenemos o saben que no tienen los resultados que los chihuahuenses hemos demandado”, aseveró.
Sobre el impacto que la aprobación de esta iniciativa puede tener hacia la ciudadanía, dijo que la evaluación de los funcionarios públicos está estrechamente ligado al acceso a servicios: educación, salud, seguridad, entre otros.
Un Gobierno estatal deficiente significa que presenta fallas en algunos de los aspectos más esenciales de la vida cotidiana, por lo que con esta ley que calificaron como “regresiva”, los ciudadanos inconformes no tendrán una figura con la que puedan exhibir el mal gobierno y, en su defecto, sacar al gobernante por su mal trabajo.
Agregó que, junto con otras organizaciones, contemplan distintas figuras legales, como un amparo colectivo o un referéndum, para echar atrás esta propuesta legislativa impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Institucional (PRI).
Crece preocupación por falta de acceso a la información con desaparición del INAI
Abelamar Chacón, director de Participación Ciudadana de la asociación, resaltó que la reforma aprobada en días pasados por el Congreso de la Unión, en la que se contempla la eliminación de 7 organismos autónomos, entre los que está incluido el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI), y cuyas funciones serian absorbidas por el Gobierno federal.
Comentó que representa un grave riesgo para distintos actores de la sociedad, desde asociaciones civiles, medios de comunicación y la población en general, debido a que ahora ya no habrá una institución encargada de garantizar que los ciudadanos puedan cumplir con el derecho a la información.
Destacó que, entre las funciones del INAI, estaban las de servir como un “árbitro” entre los entes encargados de brindar información y la población en general, por lo que temen que ahora, bajo el control total del Ejecutivo federal, esta rendición de cuentas no suceda.
Subrayó que, en un sistema democrático, la transparencia es un recurso vital para la rendición de cuentas de los funcionarios, por lo que, sin esta herramienta, están preocupados de que el derecho al acceso a la información no se cumpla adecuadamente.
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