Funcionarios federales y estatales visitaron ayer -por enésima ocasión desde que inició la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador- las obras inconclusas de los hospitales de especialidades y oncología en la avenida Vicente Guerrero.
No se hizo ningún anuncio sobre la continuación de las obras, ni si estarán o no contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, mismo que se encuentra actualmente en revisión en la Cámara de Diputados.
En el lado estatal la terminación de los hospitales tampoco se incluyó en ninguno de los proyectos de obras que se han impulsado en los cuatro años que lleva el gobierno de Javier Corral Jurado; tampoco en el plan de inversión 2018-2021 anunciado hace dos años.
En el recorrido que se realizó ayer con funcionarios del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) también incluyeron una pasada por el edificio al que han identificado con el anglicismo IA Center, una obra impulsada por empresarios locales y esa sí, ya casi lista para operar.
De parte de organismos privados como Coparmex, Canaco o Desarrollo Económico, cuyos dirigentes y socios son empleadores de miles de trabajadores que se atienden en hospitales públicos de esta frontera, tampoco ha habido posicionamientos ni exigencias para que las clínicas se concluyan.
Todos han estado ocupados aplaudiendo y celebrando que el gobierno haga obras al contentillo de intereses privados, como el ya referido IA Center, los puentes enanos o el carril confinado de quince centímetros de espesor, generando ganancias para pocos y dejando sin atender o atendiendo mal las urgentes necesidades de muchos.
Indolencia que provoca tragedias
Frente a la indolencia gubernamental de no darle prioridad a la terminación y puesta en operación de los hospitales, familias juarenses continúan viajando todos los días a Torreón y Monterrey para tratarse enfermedades para las que no hay alternativas en Ciudad Juárez, o al menos eso les dicen en los hospitales del IMSS.
Como Víctor Hernández que desde el año pasado ya ha ido dos veces a Torreón en el autobús que todos los días sale a las 6:00 de la tarde del Seguro viejo, y es hora que no le operan una lesión en el pie.
“A Torreón fui dos veces pero el especialista de allá me dijo que aquí me tenían que operar porque era una operación muy sencilla y ahora aquí, con el especialista de aquí, me dicen que no hay citas”, refirió el paciente vía telefónica.
Con esa atención tardía ahora Víctor enfrenta otro problema por la posibilidad de quedarse sin trabajo y entonces sí termine de “cebárcele” la operación.
Ineficacia gubernamental y cáncer
Casos más graves son pacientes con cáncer, quienes no tienen más opción que emprender el recorrido a los hospitales de otros estados para buscar tratamientos que aquí son inalcanzables para personas de escasos recursos.
Así le ocurrió a un bebé de dos años el pasado mes de abril quien falleció por leucemia linfoblástica aguda después que sus padres lo llevaron a Monterrey en dos ocasiones.
Buscaban atención especializada que en el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez les fue detenida por cuestiones burocráticas del cambio del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
Si ya estuvieran construidos y funcionando los hospitales de especialidades y oncología en la Vicente Guerrero, tal vez el pequeño habría tenido una oportunidad de vivir.
Inversión olvidada
Los hospitales que ayer jueves recorrieron directivos del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el gobernador Javier Corral, entre otros funcionarios, fueron iniciados en el año 2015.
Se construyó la primera etapa con una inversión federal de poco más de 300 millones de pesos, y entonces se estimaba que para terminarlos se requerían al menos 700 millones más.
Actualmente, debido al deterioro provocado por el paso del tiempo, hay estimaciones de que el costo para concluirlos podría rondar los mil 200 o hasta mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de que el año pasado fueron visitadas por el director nacional de infraestructura del IMSS, y que supuestamente dicha institución se encargaría de la conclusión, el planteamiento no se concretó.
Para el presupuesto del 2021 el Seguro Social anunció el miércoles que invertiría en todo el país ocho mil 600 millones de pesos para unidades nuevas y su equipamiento, pero no se informó si estarían incluidos los hospitales sin terminar en Juárez.
Tampoco en el Plan de Inversión 2018-2021 anunciado por el gobernador de Chihuahua hace dos años se contempló una partida para dichas obras no terminadas.
Todo parece indicar que en el gobierno federal no quieren recibir una obra mal hecha y con tantos vicios ocultos, bajo el riesgo de que pueda salir más caro terminarla que dejarla morir.
Sin duda la primera indolencia fue la del gobierno estatal actual, que al tomar las riendas del poder en el año 2016, cuando aún el deterioro no era tan grave, optó por el camino de la confrontación y no logró ponerse de acuerdo con la anterior administración federal de Enrique Peña Nieto.
Para conseguirlo tendría que haber puesto en primer lugar el bien mayor –la atención médica de los juarenses-, antes que las fobias políticas de un gobernador o un presidente.
Fiscal Anticorrupción irá a la SCJN por el caso Javier Corral
Abelardo Valenzuela Holguín argumentó que dichas decisiones tomadas sobre la competencia federal violan la Ley de Coordinación Fiscal, el pacto federal y la Constitución
Corralismo vuelve al radar judicial: reabren investigación por extorsión contra Maclovio Murillo
El exconsejero jurídico del exgobernador y hoy senador Javier Corral, enfrentará de nuevo cargos tras un amparo federal
Alerta el Sistema Estatal Anticorrupción: fallo en favor de Corral pone en riesgo la fiscalización de los recursos públicos
Al desconocer la competencia de las instancias locales para sancionar desvíos con dinero procedente de la Federación, se deja en peligro la rendición de cuentas
Cabildo se aloca: Regidores fantasean con ponerle AMLO al edificio del PAN
La propuesta surgió durante la sesión en la que se aprobó una consulta popular para decidir el destino de los inmuebles del PAN, por el adeudo de predial; también se planteó convertir la sede en un centro de atención a la salud mental
Por Francisco Luján
