El encargado de despacho del Colegio de Bachilleres, Miguel Ángel Valdez García, ya declaró ante la Secretaría de la Función Pública por el caso de la venta de uniformes escolares a alto costo y con un solo proveedor.
El funcionario, quien además es subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que fue entrevistado en la oficina de la Dirección General del Cobach por los enviados de Función Pública.
Valdez García asumió temporalmente las funciones de director general, ante la renuncia de Marco Licón Barraza, precisamente vinculada con las quejas de padres de familia y la denuncia presentada por diputados de Morena ante la Secretaría de la Función Pública.
El funcionario dijo esperar que también acuda el personal de la Función Pública en torno al caso de la entrega de concesiones de siete cafeterías al hermano y al primo del actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa (Ichife), Raúl García Ruiz.
Aseguró que antes de tomar cualquier decisión respecto a esas concesiones, corresponderá a Función Pública determinar si hay o no conflicto de interés en los hechos que fueron publicados por Norte Digital.
Los siete contratos se entregaron a la empresa Nutrición Profesional y Comedores S.A. de C.V. y en ellos firmó como representante legal Abraham García Ruiz, el hermano del director de Ichife. Además, Hugo Franco Ruiz, primo de García Ruiz, aparece como propietario de la empresa, junto con su esposa Jessica Berumen Hernández.
Valdez señaló que sobre el caso de las cafeterías nadie ha declarado formalmente ni se ha recibido citatorio alguno de Función Pública.
“En el caso de los uniformes ya hubo. Ya están entrevistando ellos, la propia Función Pública. Me entrevistaron a mí, pidieron datos, de funcionarios”, destacó el subsecretario.
“Los tratos de uniformes los hizo Licón Barraza”
Sobre el caso de los uniformes, García Valdez aseguró que esa asignación a un solo proveedor, sin contrato de por medio, la realizó Marco Licón Barraza, cuando era director general de Cobach.
“Me hicieron algunos cuestionamientos como encargado despacho, la persona responsable del órgano de control. Y también vino un abogado”, dijo Valdez sobre la investigación de Función Pública.
Señaló que fue Licón Barraza quien hizo el trato con Uniformes Chihuahua “aunque ya corresponderá a Función Pública hacer toda la investigación y determinar cómo fue todo el proceso”.
Indicó que en el caso de los uniformes se investiga todo el procedimiento que no se siguió bajo licitación pública.
“Hay como un vacío, al no ser licitación porque el proveedor a final de cuentas les cobra a los papás. Te podría decir que no hay un contrato de por medio con los proveedores”, expresó.
Primero deberán determinar si hay o no conflicto de interés
Adelantó que la Secretaría de la Función Pública ya está por notificarles sobre la segunda denuncia, relativa a un posible conflicto de interés por la entrega de las concesiones de cafeterías a familiares de un funcionario estatal.
El subsecretario dijo que están listos para colaborar con toda la información que se les requiera por parte del equipo que encabeza Patricia de la Peña.
“Tenemos que esperar a que nos llegue la notificación y no le toca al Colegio de Bachilleres ser juez y parte. Le corresponde a la propia Función Pública determinar si hay conflicto de interés o no”, explicó.
Informó que en este caso fue el representante legal de Colegio de Bachilleres, Jesús Fernández, quien firmó los contratos de las cafeterías.
Agregó que Fernández se mantiene en ese cargo.
Señaló que Función Pública determinará las responsabilidades de cualquier funcionario vinculado al caso.
“Función Pública determinará si hay conflicto de interés o no, y si lo hay, deberán responder quienes hayan firmado, quienes hayan avalado o autorizado”, destacó.
Consideró que hasta entonces se podrá actuar en relación a la empresa, con independencia de lo que se resuelva sobre los funcionarios.
“Si Función Pública determina que no hay conflicto de interés y nosotros le retiramos al concesionario, pues él nos puede demandar también”, explicó.
El subsecretario aseguró que se dejará que Función Pública haga su trabajo y no se cometerá ninguna injusticia.
Señaló que por lo pronto, la obligación de las autoridades del Cobach es transparentar cómo se dieron las concesiones a quién se dieron y cuánto se paga por esas concesiones.
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