La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Miriam Hernández Acosta, aseguró que hubo desaparición de expedientes judiciales durante la anterior administración.
En torno al tema, dijo que ninguno de los 56 jueces nombrados en el año 2019, entregaron los expedientes correspondientes, por lo que ya se han emprendido investigaciones para deslindar responsabilidades.
“Evidentemente, hubo desaparición de expedientes, lo precisé desde antes de la ratificación”, afirmó la magistrada presidenta.
“Es algo que también se tiene que investigar, se tiene que concluir, no podemos tolerar esa clase de cosas”, enfatizó.
Para cubrir esa deficiencia, la actual administración que ella encabeza tuvo que trabajar durante todo el mes de diciembre para recopilar la información que debió recoger la gestión anterior.
Sin intereses en torno a César Duarte
En conferencia de prensa celebrada en la sede del Poder Judicial, Miriam Hernández negó categóricamente que haya testimoniado a favor del ex gobernador César Duarte Jáquez, como lo ha afirmado otro exgobernador, Javier Corral.
Cuestionada acerca de los señalamientos que le ha hecho Corral Jurado, respondió que era muy fácil verificar la falsedad de esa acusación, ya que para haber declarado habría tenido que viajar al estado de Florida, Estados Unidos.
Eso era imposible en la época en la que supuestamente dio su testimonio, pues entonces estaba cerrada la frontera entre México y Estados Unidos en razón de las medidas sanitarias.
Tras referirse al exgobernador panista como “esa persona”, la magistrada advirtió que se reserva el derecho de proceder en contra de éste por hacer tales afirmaciones.
Ratificación no es “cheque en blanco”
Acerca de los jueces o juezas que no cumplan con su encargo, advirtió que la ratificación que se les haya otorgado no representa un “cheque en blanco” para que haga “lo que quiera”.
Hay conductas que se tienen que sancionar, dijo. “Esto no implica que no lo puedan quitar para que haga lo que quiera, no, eso es impunidad”, añadió.
La inamovilidad es sólo para que el juzgador actúe con todas las garantías y haga justicia, “pero no para que se exceda”.
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