Chihuahua.- Desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, violación de atribuciones y coacción al voto que cometan servidores públicos, inclusive quienes hayan sido investidos con fuero, son los delitos que serían tipificados, de aprobarse una iniciativa subida hoy en el Pleno del Congreso del Estado.
Gabriel García, promotor de reglamentación, dijo que se pretende establecer un marco legal para la creación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
«Con esta, los ciudadanos podrán interponer denuncias ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, para después turnarse a la Comisión Jurisdiccional”, acotó.
Aseveró que la reglamentación combatirá principalmente el ataque a las instituciones democráticas; así como la violación a la división de poderes, la libertad, organización política y administrativa de los municipios.
Además, se incluirán sanciones ante las violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.
Se pretende sancionar cualquier infracción a la Constitución local, o las leyes estatales o municipales, que dañe o perjudique al Estado, Municipio o sociedad; o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones.
“El juicio político se encamina a quitar el fuero para que se pueda inhabilitar a los funcionarios por faltas graves; y la declaración de procedencia se da cuando el Ministerio Público avisa que tiene una investigación en contra de alguien con fuero y solicita al Congreso que se le quite para que lo puedan llevar ante los tribunales”, mencionó.
Chihuahua no cuenta con ley contra el fuero
En la actualidad, el estado de Chihuahua aún no cuenta con dicha ley.
En ella se menciona que todos los políticos y funcionarios públicos de alto nivel puedan ser enjuiciados y procesados por la autoridad.
Lo anterior, ya que se desechó por declararse inconstitucional.
“Esta ley no es para crucificar a nadie, es para que los funcionarios públicos se apeguen al orden jurídico que los rige; claro, con la finalidad de dar vigencia al sistema democrático”, agregó.
En palabras del legislador, se creará un procedimiento que permita remover e incluso inhabilitar a cualquiera que no cumpla debidamente su encargo.
Actualmente, quienes pueden ser sujetos a juicio político son secretarios de estado y el auditor superior del Estado.
Así como integrantes de Ayuntamientos, directores generales o equivalentes en entidades paraestatales y paramunicipales, y magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
Las autoridades con fuero constitucional son los diputados, gobernadores, el secretario general de Gobierno y el fiscal general del estado; así como magistrados, consejeros de la judicatura y jueces de primera instancia.
También el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fiscal anticorrupción, presidente del Instituto Estatal Electoral y los comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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