Los elementos de la Guardia Nacional estarán sujeros a la justicia militar, debido a la transferencia del “control operativo y administrativo” a la Defensa Nacional.
El reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) plantea que los uniformados serán reconocidos como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea, y que responderán a la “jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que atenten contra la jerarquía y la autoridad”, publicó Proceso.
“Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso modifican diversas leyes –incluyendo la de la Administración Pública y la de la Guardia Nacional– y plantean que la Sedena ejerce ahora el “control operativo y administrativo de la Guardia Nacional”, que incluye el manejo de sus recursos –el gobierno pretende asignarle 64 mil millones de pesos para 2023–, de sus contratos y de sus recursos humanos”, agrega la información.
La decisión de López Obrador de entregar la Guardia Nacional a la Sedena, añade Proceso, aprobada en fast track por las cámaras de Diputados y de Senadores, fue severamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas y organismos internacionales –incluyendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos–, que desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa han denunciado la política de militarización de la seguridad pública.
Con el decreto publicado anoche, la Guardia Nacional obedece a una estructura jerárquica –integrada por Comandancias, Coordinaciones Territoriales, Coordinaciones Estatales y Coordinaciones de Unidad– designada por la Sedena, y que en cuestiones operativas responde a la institución castrense.
