El condado de El Paso podrá acceder a fondos federales para tareas antiterroristas sin modificar sus reglas electorales, luego de que un tribunal anuló las condiciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para entregar esos recursos.
De acuerdo con un comunicado difundido por los representantes de los gobiernos demandantes, el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia falló a favor de seis condados y ciudades que habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
El tribunal determinó que las agencias carecían de facultades para condicionar la entrega de recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP) a la adopción de determinadas reglas electorales.
Entre los requisitos anulados se encontraban reducir el uso de máquinas de votación, realizar una auditoría manual del cinco por ciento de las boletas de papel y utilizar el sistema federal de verificación SAVE.
El HSGP fue creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a los gobiernos locales a prevenir actos terroristas y responder a ellos. Sus fondos se emplean, entre otras tareas, en la capacitación de equipos de primera respuesta y el fortalecimiento de las labores antiterroristas.
El Paso y los otros cinco gobiernos locales sostuvieron en su demanda que los requisitos electorales eran costosos, poco prácticos y ajenos al propósito de los fondos. Según el comunicado, estaban en juego decenas de millones de dólares para los gobiernos demandantes.
En su resolución, el tribunal señaló que la ley autoriza a FEMA a financiar proyectos propuestos por los estados y las zonas urbanas de alto riesgo, pero no a utilizar la posibilidad de conceder subvenciones para inducirlos a ejecutar, con recursos propios, los proyectos preferidos por el gobierno federal.
El fallo se emitió a unas semanas de las elecciones de medio término de 2026. Su efecto es que los gobiernos demandantes podrán acceder a esos fondos de seguridad pública sin cumplir las condiciones electorales que FEMA había añadido al programa.
“El condado de El Paso ha organizado elecciones de manera responsable durante décadas”, declaró Christina Sanchez, abogada del condado, según el comunicado. Calificó de imprudente condicionar los fondos antiterroristas al uso de un sistema de verificación de ciudadanía cuya eficacia, afirmó, no está demostrada.
Los demandantes están representados por Protect Democracy, el Brennan Center for Justice, Jacobson Lawyers Group y Public Rights Project, además de abogados de los gobiernos locales.
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