El presidente de Estados Unidos firmó nuevos decretos para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico de drogas.
La orden ejecutiva sancionó a empresas chinas y grupos del crimen organizado de Brasil, México y Colombia.
«El tráfico hacia los Estados Unidos de drogas ilícitas, incluido el fentanilo y otros opioides sintéticos, causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses al año. Los carteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y sus facilitadores son las fuentes principales de drogas ilícitas y precursores químicos; que alimentan la actual epidemia de opioides, así como la violencia relacionada con las drogas que daña a nuestras comunidades», indic el documento.
«Esta grave amenaza obliga a nuestro país a modernizar y actualizar nuestra respuesta al narcotráfico. Por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza», enfatizó.
Biden señaló como organización narcotraficante a dos grupos mexicanos salidos del cártel Beltrán Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos.
A los que consideró responsables de gran parte del tráfico de heroína desde México hacia Estados Unidos.
Además, se incluyeron a 17 personas y entidades previamente sancionadas, entre ellos mexicanos y colombianos.
Entre los grupos se destacan: cártel de Jalisco Nuevo Generación, el cártel de Jalisco, la organización Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y los Zetas.
Congelan activos de traficantes de drogas
«Como consecuencia de la designación, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses», advierte la ordenanza.
Con la creación del Consejo, busca contar con mayor «agilidad y flexibilidad» para perseguir estas redes criminales que «cada vez funcionan más como conglomerados internacionales y cuyas operaciones suponen un riesgo para la estabilidad y eficiencia los mercados y los sistemas financieros».
“Sus actividades incluyen corrupción y violencia a gran escala, lo que socava el Estado de Derecho y ponen en peligro los gobiernos democráticos”, agregó.
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