En Juárez se fabrican y se viven mundos paralelos. Uno se construye con las cifras alegres del Tercer Informe de Gobierno que todavía resuenan en la publicidad y propaganda, y otro se palpa en la ciudad que sufren cada día los habitantes en sus calles y espacios públicos.

Hay también una disonancia brutal entre un Gobierno cuyas omisiones en materia de desarrollo urbano pagan los ciudadanos con un sostenido deterioro en su calidad de vida, pero que recibe premios por “Buen Gobierno” precisamente en el rubro de “Planeación Estratégica Urbana”.

Que se le otorgue esa distinción dentro del “Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2024” incluso puede sonar a burla, no únicamente por la incapacidad para revertir el modelo de ciudad dispersa, distante y desconectada que vuelve insuficiente cualquier presupuesto para obras y servicios, sino porque claramente se favorecen hoy los intereses inmobiliarios, aunque los desarrollos industriales y residenciales no sean sustentables ni sostenibles.

Se multiplica el déficit de infraestructura, se agotan los presupuestos, se dañan los ecosistemas y se agudiza el deterioro urbano, al tiempo en que se condena a los más vulnerables a la exclusión y la marginalidad en los fraccionamientos-gueto de las periferias de la ciudad.

La ciudad ideal únicamente se queda en el papel y en los múltiples planes y diagnósticos que desde los inicios del milenio se elaboraron ante la urgencia de restituir el tejido social y atender de raíz las causas que incubaron el feminicidio y todas las violencias que pusieron a Juárez en el plano internacional.

El premio que le otorgó el Instituto Buen Gobierno al alcalde Pérez Cuéllar justo fue por un plan, no estrictamente por un programa o una acción específica ya implementada.

Es un documento el que se llevó la distinción y fue elaborado bajo un programa auspiciado por ONU-Hábitat. Se trata de “Visión Juárez 2040”.

El documento plantea acciones en varios rubros, pero de eso a que se implementen, es otra historia.

Se supone que va por la recuperación de los espacios públicos y la aplicación de políticas enfocadas al desarrollo sostenible a largo plazo, eso de lo que más adolece la ciudad con la actual administración y las que le antecedieron.

Hay en “Visión Juárez 2040” un amplio proceso de consulta con organismos de la sociedad civil, pero una cosa muy distinta es que se les escuche, otra que verdaderamente se plasmen sus inquietudes y otra que se les atienda y se actúe en consecuencia desde la Administración pública.

La simulación suele ser la marca de la casa precisamente en los procesos de consulta, tal como ocurrió en la elaboración de Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población (PDUS) recientemente aprobado.

Distintos colectivos advirtieron la contradicción de ampliar las reservas urbanas de la ciudad en zonas que carecen de infraestructura, equipamientos y servicios, cuando el propio documento rector prioriza supuestamente la densificación urbana para poder contener el rezago.

Ni esa ni muchas otras consideraciones para garantizar la suficiencia presupuestal requerida y el que no se comprometan recursos hídricos, energéticos y ambientales, fueron tomadas en cuenta.

Únicamente en teoría, el PDUS se pone en sintonía de esa visión para el 2040 que simplemente se vuelve inalcanzable, al replicarse en este momento las acciones y las omisiones que generaron el deterioro de la ciudad y de las condiciones en que viven sus habitantes.

“En 2040, Ciudad Juárez será segura, dinámica, inclusiva, resiliente y sostenible para fomentar un sentido de pertenencia, mejorar la calidad de vida y el bienestar social por medio de una planificación holística, gobernanza urbana y corresponsabilidad ciudadana fortaleciendo una ciudad de derechos orientada por una cultura de paz y justicia social”, se estableció precisamente como la visión futura de esta frontera.

Anunciar que se trabajará por una ciudad inclusiva y de derechos, cuando el modelo expansionista que se impulsa por el Gobierno Municipal no puede ni garantizar derechos tan elementales como el agua, la educación, la movilidad o la salud, por la falta de infraestructura e inversiones públicas en todos los órdenes, resulta artificioso además de contradictorio.

De la seguridad y la cultura de paz, mejor ni hablamos, cuando la Policía no puede ni atender lo básico, que implica contener la incidencia delictiva y recuperar los territorios y espacios que hoy ocupan y controlan los criminales para sembrar el miedo a su antojo.

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Hay algunas otras trampas en los discursos complacientes por el alcance de algunos programas municipales.

Presumió el alcalde la entrega en tres años de 410 mil paquetes de mochilas con útiles escolares, lo que implicó cerca de 200 millones de pesos en gasto municipal. Aunque en los resúmenes del trienio no se informó el monto total, sí se tiene el dato sobre el pago de 122.3 millones únicamente para 250 mil kits escolares, por lo que se puede calcular el gasto completo.

El tema no es únicamente el escandaloso sobreprecio que ahí se pagó (fueron casi 50 millones nada más en los 250 mil paquetes, según la investigación periodística de Norte Digital), sino la priorización del gasto en productos que en nada resuelven las problemáticas de fondo que sufren miles de niños y adolescentes juarenses, quienes en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para comer.

Así lo hicieron ver en su momento distintas organizaciones que trabajan en las zonas de mayor marginación, donde se detectó que más de 150 mil estudiantes apenas logran comer una vez al día.

Sin embargo, como ese tipo de compras públicas para apoyos asistencialistas pueden generar grandes ganancias privadas, además de dividendos electorales, no se tiene empacho alguno en destinarles inversiones millonarias.

Más que justicia social, hay ahí lucro electoral y negocios al amparo del poder.

Lo mismo puede decirse de otra de las vertientes de la Cruzada por la Educación. Según los datos del Tercer Informe de Gobierno, en la intervención de 500 planteles escolares se invirtieron 611 millones de pesos.

Ahí están las obras a la vista de todos, muchas incompletas y otras malhechas, pero como lo documentó Norte Digital, hubo casos de obras de rehabilitación por las que se pagaron a los contratistas hasta tres veces más del costo real por el tamaño de los trabajos.

Se ha presumido también una inversión histórica en el Presupuesto Participativo (un acumulado de cerca de mil 500 millones considerando los 700 que se autorizaron para el 2024), un mecanismo que deja ver la deuda que tiene el Gobierno Municipal con la ciudad en una infraestructura tan elemental como las calles.

La mayor parte de los proyectos tienen que ver con pavimentar o rehabilitar calles, lo cual debería atenderse de manera regular con el presupuesto municipal, para dejar los fondos de esa herramienta de la democracia participativa para proyectos de gestión comunitaria y equipamientos vecinales como bibliotecas, foros culturales o parques temáticos.

Otra gran parte del Presupuesto Participativo se destina a obras en escuelas, tema que generó un debate en el Ayuntamiento, cuando voces de regidores, la Sindicatura y organizaciones sociales, cuestionaron que se supla lo que deberían de atender los otros órdenes de Gobierno y el Municipio no se enfoque en la infraestructura urbana y los servicios que le corresponden.

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Habría que validar en esta ocasión el dicho que reza “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

En términos coloquiales, eso es lo que hace sistemáticamente el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al presumir millones de pesos invertidos en la pavimentación de las calles fronterizas que, sin embargo, en un gran porcentaje permanecen en mal estado.

Claro que la Administración municipal ha rehabilitado tramos de avenidas principales y algunas secundarias, de esas que se ven, que se pueden lucir, pero existen muchas más ubicadas en sectores viejos de la ciudad o en lugares que no tienen valor en la estrategia política del presidente municipal y que llevan años sin recibir siquiera un tratamiento de bacheo.

La numerología oficial contrasta tanto con la realidad, como con la percepción ciudadana.

Mientras que Pérez Cuéllar dice que se invirtieron 178.5 millones de pesos para reparar 82 mil 188 baches, los juarenses reprobaron con una calificación de 5.6 el rubro de “satisfacción por la calidad de las calles y pavimentación” a través del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida 2024, elaborado por la A. C. Plan Estratégico de Juárez.

Pero no solo se trata del resultado de una encuesta o de un ejercicio de percepción, ya que todos los fronterizos que circulan cada día por todas esas calles olvidadas, sufren el impacto en sus vehículos y pueden experimentar la mala calidad de las áreas de rodamiento.

Incluso suena a ofensa que el mandatario juarense presuma ese limitado trabajo que lleva a cabo con los recursos que son de la ciudad y que él únicamente debe de administrar de la mejor manera posible y como lo exigen los ciudadanos.

No es tampoco ese el criterio que prevalece; en los hechos, el alcalde usa el presupuesto público de la manera en que más dividendos políticos le pueda redituar, en su nada discreta carrera rumbo a la candidatura para el Gobierno del Estado en 2027.

Además, ¿qué tanto es lo que presume? Si lo que está haciendo es únicamente el trabajo para el cual fue electo y por el que se le paga, muy bien, por cierto.

Pérez Cuéllar hace alarde de que se pavimentaron más de 2 millones de metros cuadrados en 265 calles, de las que 153 se rehabilitaron con asfalto y se instaló concreto hidráulico en 112, mientras que en bacheo se atendió una superficie de 509 mil 597 metros cuadrados.

Sin embargo, por muy abultadas que parezcan las cifras, resultan insuficientes para mejorar la movilidad en la ciudad y quienes circulan por vialidades deterioradas lo saben.

Lo que el alcalde no destacó es que la inversión específica para el mejoramiento de las calles fronterizas pertenece también al Gobierno Federal, ya que lo que se genera por la regularización de automóviles “chuecos” a través del Decreto Presidencial que lleva a cabo el Registro Público Vehicular (Repuve) se aplica en obras de pavimentación, repavimentación y bacheo.

Tan solo hasta el principio de este año esa estrategia aportó unos 420 millones de pesos para trabajos en Ciudad Juárez, lo cual Pérez Cuéllar convenientemente dejó guardado en el cajón para que la gente crea, falsamente, que toda la virtud es de él.

No cabe duda que hay dos mundos distintos. Uno está en esa ciudad real, la que aman, pero también sufren a diario los juarenses ante la abulia gubernamental para mantenerla funcional; el otro está en la ciudad simulada, esa que el alcalde afirma haber logrado mejorar, cuando ni siquiera ha conseguido frenar su permanente deterioro.