A la regidora Sandra García (Morena) le ganó el llanto en plena sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Juárez, cuando propuso un punto de acuerdo para impulsar campañas de prevención de la violencia contra niños y adolescentes.

Ese mismo nudo lo tiene una buena parte de la sociedad juarense, que aún no entiende cómo se han cometido tantas atrocidades contra la población infantil del municipio y del estado en tan poco tiempo.

Menos aún se alcanza a comprender cómo es que se ha incrementado la incidencia delictiva contra menores de 0 a 17 años, a pesar de que existen decenas de organismos, protocolos y legislaciones dedicadas específicamente a proteger a ese sector de la población.

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Aunque la regidora García no lo dijo, Mirone puede imaginarse que a ella, al igual que a centenas de juarenses, les vino a la mente el caso reciente del niño Eithan Daniel, asesinado por su propia madre de la manera más cruel: dejándolo en el olvido hasta morir solo.

Si el hecho en sí no es suficiente, hay que imaginar entonces el cuadro que pinta el acto de tirar el cuerpo de un pequeñito de año y medio en el desierto, en una zona casi despoblada.

Si eso no llenara el plato de los infortunios, la historia del otro Danielito, de seis años, asesinado a golpes por su padrastro, termina por exprimir el corazón y clamar por una acción inmediata de las autoridades y de toda la sociedad organizada. Al igual que el caso del pequeño David –también de 6 años–, que aún pelea por su vida en un nosocomio de la ciudad, agredido por su padrasto, un adorador de la Santa Muerte.

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El quebranto de voz de la regidora pudo tener, además, el peso de todos esos cientos de niños de entre cero y cuatro años que sufrieron violencia sexual en guarderías, o los cadáveres de niños —incluso bebés— amontonados junto con otros cientos en el crematorio Plenitud.

La verdad, ya es mucho como para aguantar el llanto. Tampoco se puede contener ya la indignación.

Los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) son devastadores: 7 mil 266 delitos contra menores de 0 a 17 años solo por los delitos de lesiones y corrupción de menores.

En homicidio de personas en ese mismo rango de edad, la cuenta llega a 739 entre 2019 y 2025.

En ambos rubros, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional. Otra de esas medallas que nadie quiere colgarse al cuello.

El llanto de la regidora es el de toda una sociedad que clama justicia y que le pide a gritos a sus autoridades ¡Hagan algo, maldita sea!

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Mientras el discurso oficial habla de unidad y trabajo institucional, en lo oscuro ya corre otra conversación: la elección por la gubernatura de Chihuahua no sólo se adelantó… ya se está jugando.

Dicen los que andan midiendo el humor electoral —y no precisamente con encuestas públicas— que el tablero tiene solo dos casillas verdaderamente decisivas: Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

Tanto el PAN —si es que va solo— como Morena, también si se va por la libre, han concentrado la actividad de sus “eminencias grises” en ambas ciudades, pero sobre todo, en Juárez.

Enterados del tema le contaron a Mirone que ya el PAN mandó traer a uno de esos “sabelotodo” de la operación electoral para encargarse de la estrategia en Ciudad Juárez.

La tirada, nos dicen, es que no se repita el error del 2024, cuando se concentraron únicamente en el Distrito V, sino ir a todo el municipio a buscar votos hasta por debajo de las piedras.

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En corto, la lógica que se repite en cafés políticos, oficinas públicas y cuartos de guerra es simple: el que gane una y compita la otra, se mete de lleno a la pelea. El que pierda ambas, se despide antes de arrancar.

En Chihuahua capital ya se mueven los operadores del PAN, haciendo el cálculo de que esta vez irán solos. La verdad, al menos en la capital, salir a hacer campaña cargando al PRI les quita votos, por eso es que las “amenazas” de lanzar a Tony Meléndez no han asustado a nadie.

Del otro lado, en Juárez, el movimiento también se intensifica, a ver si pueden ir sin el PT, que les ha redituado votos en ese bastión. La frontera es volumen puro de votos, y quien logre control político ahí puede compensar debilidades en otras regiones.

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Cuentan los entendidos que en el PAN la preocupación central no es tanto quién será candidato —eso está casi resuelto— sino cómo blindar Chihuahua capital. Saben que perderla sería como jugar la final empezando dos goles abajo.

En Morena, en cambio, el dilema es distinto: tienen Juárez, pero necesitan romper el techo en la capital. Y ahí es donde empiezan los jaloneos internos, porque varios quieren ser el rostro que logre esa hazaña.

También se comenta que algunos aspirantes ya no están haciendo giras estatales, sino quirúrgicas: reuniones en colonias clave de la capital y amarres discretos en Juárez.
Menos foto, más operación.

Y así, mientras públicamente todos hablan de unidad, proyectos y trabajo institucional, en privado el cálculo es frío: ¿Quién puede ganar Chihuahua? ¿Quién puede competir Juárez? O, ¿quién no pierde en ambos?

Porque, dicen los que saben, la gubernatura no se decidirá en la sierra, ni en la región centro-sur, ni en la frontera chica.

Se decidirá en dos ciudades.

Y esa elección, aunque nadie lo diga abiertamente, ya empezó.

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Si algo aprendió la llamada Cuarta Transformación (4T) en Chihuahua es que el agua no es un tema técnico. Es político y puede costar elecciones.

En 2020 y 2021, el conflicto por la extracción de agua de las presas del estado para cumplir con el Tratado Internacional con Estados Unidos escaló hasta niveles dramáticos, incluso trágicos: carreteras tomadas, instalaciones federales ocupadas, enfrentamientos armados y detenciones… y la dolorosa muerte de Jesica Silva, la activista que defendía el derecho de los agricultores al uso del agua.

El episodio dejó cicatrices profundas en el campo del centro-sur y, sobre todo, un costo político que Morena nunca logró remontar en la elección estatal de 2021.

Por el contrario: no solo les metieron una goliza electoral, sino que el entonces candidato a gobernador y exsuperdelegado del Gobierno Federal, Juan Carlos Loera, fue zarandeado por agricultores enfurecidos por el grotesco manejo del conflicto.

En ese entonces el mensaje fue claro: en Chihuahua, tocar el agua agrícola sin respaldo político es electoralmente suicida.

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Por eso ahora, con la mira puesta en 2027, la estrategia se advierte distinta y preventiva.

Primero, Mirone supo que la Conagua terminó, casi con un año de antelación, las obras de regeneración de los distritos de riego 005 de Delicias y 009 en el Valle de Juárez.

No es un detalle menor: son mil 33 millones de pesos invertidos en el 005, foco de actividad blanquiazul, sede de enclaves importantes del prianismo, como los ranchos de los Baeza, y un distrito electoral que históricamente ha sido dominado por PAN y PRI.

En Juárez, van otros 799 millones de pesos para restaurar un sistema de riego que estaba hecho trizas.

Allá, en el 005, buscan ganar la clientela; mientras que en el 009 quieren “amarrarla” con miras al 2027.

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A todo lo anterior habría que agregar que la Conagua y la Sader anunciaron, de manera conjunta, que la presa El Granero no entregará agua para abonar al Tratado Internacional con Estados Unidos. Otro problema menos.

Pero ahora vienen los focos rojos.

El Programa de Eficiencia y Uso Sustentable del Agua (PEUA), que en el discurso oficial busca modernizar el riego, terminará pronto y podría dejar numerosos cadáveres políticos a los lados del camino.

Los trámites no han corrido con la celeridad necesaria para los cientos de productores que tienen su permiso de extracción vencido y que, por tanto, no accederán a la energía eléctrica barata para operar sus pozos.

Desde la Conagua aseguran que el trámite es sencillo y puede hacerse en línea, pero este mismo jueves hubo quejas de campesinos porque el sistema estaba “caído”. Y el tiempo corre: la falla llegó a un mes del plazo final.

Queda por resolver otro problema, quizá el más grande y para el cual ningún Gobierno tiene respuesta: la sequía que se asoma desde el año pasado y que podría provocar una nueva suspensión de cultivos en el Distrito 005.

Así, mientras la 4T avanza con inversión, la naturaleza tiene otros planes…
y el ánimo electoral no se enfría con un chisguete cualquiera.

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Otra vez, cero y van sabe cuántas, se pusieron calientes las cosas en la zona noroeste del estado. Y, ¿adivinen entre quiénes? ¡Acertaron! Entre la comunidad LeBarón y los ejidatarios y pequeños productores “mexicanos” del municipio de Galeana.

La bronca está, para variar, centrada en el tema del agua: la extracción excesiva que hacen algunos —los LeBarón, dicen sus detractores—, la expansión de siembras como el nogal y, cómo iba a faltar, el componente político-electoral, con una “piscacha” de inseguridad.

A estas horas, miembros del ejido Galeana sostienen una cerrada disputa contra los LeBarón porque estos —dicen los ejidatarios— se han “agandallado” el agua del acuífero para expandir sus cultivos de nogal, un cultivo que, como es sabido, consume grandes cantidades de agua.

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Pareciera que se trata de un conflicto más de los que se presentan cada año al inicio de los ciclos agrícolas, pero no. El caso escaló a otros niveles: ambos grupos ya han llegado al roce, la amenaza y al enfrentamiento directo con maquinaria para impedir que el otro extraiga agua para sus sembradíos.

El pleito no es nuevo, pero se agravó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República y de César Duarte en el Gobierno de Chihuahua, cuando comunidades LeBarón recibieron permisos de perforación y desmonte a diestra y siniestra, como si fueran tarjetas de felicitación.

Estamos hablando de una etapa en la que —al menos en un momento clave— un miembro de esa comunidad, Alex LeBarón, ocupó la dirección estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Si a todo ese coctel se le suma el ingrediente de la inseguridad, y los reclamos legítimos de una comunidad como la LeBarón, que ha sufrido embates del crimen organizado, el conflicto se vuelve todavía más complejo.

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En fechas recientes, Julián LeBarón, uno de los integrantes más visibles de esa comunidad a nivel nacional, denunció en su cuenta de X que su familia recibió amenazas de un grupo delictivo.

Según su versión, la intimidación ocurrió después de que se anunciara como precandidato independiente a la gubernatura de Chihuahua.

En el mensaje que difundió, se lee una advertencia para que “se baje” y, además, que deje en paz a la presidenta municipal “de Gómez”, en probable referencia a Gómez Farías.

“No me voy a bajar. No me voy a rajar”, respondió.

Así está el conflicto de muchas caras que enfrenta el noroeste del estado, con una combinación que se repite en otros puntos: disputa por el agua, agenda electoral e intervención del crimen.

Hasta parece receta de cómo cocinar un ambiente explosivo.