Nadie puede negar las bondades que atrae la cultura cuando se pone al servicio de los ciudadanos, sobre todo cuando se ofrecen de manera gratuita en espacios amplios que permiten el disfrute simultáneo de miles de personas.
Las autoridades estatales entraron en un terreno de arenas movedizas en torno al tema de la obra de teatro “La golondrina y su príncipe”, acusando ya directamente al gremio cultural y artístico de formar parte del “crimen organizado ” de la cultura.
Al hablar por hablar, se abre nuevamente una herida que ya comenzaba a cicatrizar, luego de que al inicio de la administración el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken, intentara desaparecer de un plumazo y anexar a sus feudos la Secretaría de Cultura.
A eso se le suma la cancelación de eventos tan relevantes como el Festival Internacional Chihuahua y la Feria del Libro en la Frontera, en los que quedó más que claro el posicionamiento oficial, al argumentar que las razones para la suspensión este año de ambos eventos fueron la falta de presupuesto y la reestructuración en la Secretaría de Cultura.
Razones que fueron entendibles para la comunidad artística, hasta que llegó la bofetada que representó el anuncio de la erogación de 34.8 millones de pesos para realizar 12 funciones de una obra que ningún chihuahuense pidió, más aún un proyecto al que ni los artistas ni los hacedores de la cultura en la entidad fueron convocados, y que solo se presentará en la ciudad capital, dejando fuera a los restantes 66 municipios que integran el estado.
Es muy lamentable que hoy en día se llame integrantes del crimen organizado a quienes están en contra de sus propuestas, y peor aún cuando se trata del gremio intelectual, que pudiera dar fortaleza a sus proyectos futuros porque, partiendo de la educación, de un mayor alcance al arte y de una ciudadanía más enriquecida culturalmente, es como se logra la verdadera paz, no solamente con armas, tecnología y armamento.
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Insistir en la puesta escénica de una obra de teatro que solo se presentará en uno de los 67 municipios del estado gastando casi 35 millones de pesos para beneficiar a un puñado de artistas y a dos empresarios, huele mal, muy mal.
El tufo fue olfateado por muchos, pero sobre todo por la comunidad cultural de Chihuahua, que jamás ha callado ante cualquier viso de injusticia, tal como ocurrió en 1990 cuando se anunció la intención de desaparecer la Sala de Espectáculos del INBA, lo que llevó a la comunidad cultural y a la ciudadanía fronteriza a una lucha que derivó en la conservación de la sala, y el destino de recursos federales para los primeros trabajos de construcción de lo que ahora es el Centro Cultural Paso del Norte.
Es así como «La golondrina y su príncipe» logró polarizar a Chihuahua en los albores del Gobierno actual: con una comunidad cultural y artística dolida por la cancelación del Festival Internacional Chihuahua y con empresarios y artistas que ahora sí ven la oportunidad de exponer sus talentos ganándose el sustento.
Pero las maquinarias de polarización no avanzan sin aceites: la tormenta perfecta es alentada abiertamente por un bando que busca imponer su agenda gubernamental y mostrar el músculo; y por otra parte la oposición identificada de muchos modos con el exgobernador de Chihuaua, Morena y sus artistas afines que buscan, más que impedir la puesta en escena más ostentosa que se tenga memoria, el de crear un precedente en el que la gente de Palacio la piense dos veces antes de lanzar y proteger una causa que los exponga a nivel nacional e internacional.
Aquí todos ponen, pero nadie gana, siendo más afectado quizá el centenar de integrantes del elenco entre los que se cuentan actores, bailarines, decoradores, cineastas y músicos, al perder, en caso de cancelarse la obra, la oportunidad de tener un ingreso que alivie sus apremios económicos.
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El Gobierno del Estado y el municipal de Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, han hecho de la obra “La golondrina y su príncipe” un asunto de Estado. Ya no se trata solo de la controversia en torno a la cantidad millonaria que se le entregará a la empresa de Federico Elías para montar doce representaciones de una obra hasta ahora inédita, sino de usar todos los recursos para protegerla.
Los productores de la obra: la empresa AEFE, iniciales de los socios Alberto Espino de la Peña y Federico Elías, están prácticamente posesionados de la explanada del parque El Palomar, uno de los espacios públicos más grandes y concurridos de la capital.
Hasta la fecha han instalado ya gran parte de la escenografía donde montarán la obra, así como otros equipos que usarán en su montaje, pero han cerrado un amplio perímetro en torno a la plaza también conocida como del “Asta bandera”. El acceso está restringido y bajo vigilancia de una empresa privada que se permite impedir el tránsito en un espacio público como es El Palomar.
Lo hacen, incluso, con la advertencia de que usarán la fuerza para impedir el acceso no al lugar donde se encuentran las instalaciones eléctricas o los equipos de sonido, sino a todo un amplio radio que abarca casi la totalidad de la plaza.
A la par de esa política de uso de la fuerza, han saturado de publicidad los medios electrónicos y radiofónicos para promover la obra. La difusión que no recibieron otros programas de alto impacto social, ahora se la dan a la obra del productor teatral que ha vivido bajo la protección –y contratos– de Gobiernos panistas y del magnate inmobiliario que prácticamente decide hacia dónde va a crecer la ciudad.
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Lo que desde el Gobierno no se ha querido entender es que no son unos cuantos los disconformes con ese acto autoritario que implicó cancelar todas las representaciones artísticas del Festival Internacional Chihuahua e invertir el doble en una sola obra de teatro.
No se ha comprendido que entre los inconformes hay muchos que también fueron golpeados humillados y “mugroseados” por la administración anterior, a quien también en su momento reclamaron por los grandes sueldos y el uso discrecional de recursos por parte de su secretaria de Cultura, Concepción Landa. Ahora que todos conocen las manos que mecen la misma cuna, sería un acto de inteligencia y suprema generosidad que el Gobierno disponga reunirse con los inconformes y se pacte una agenda cultural que satisfaga a todos y que promueva una política cultural de amplio espectro en el estado, y a disposición de las mayorías.