Alguien debe decirle a nuestra gobernadora que las estrategias de seguridad no se divulgan, a menos que esa sea la estrategia: revelar lo que supuestamente se va a hacer para engañar o confundir al enemigo.

Sus asesores deben decirle también que salir a cuadro en un mensaje para medios y redes sociales como una ciudadana más, sin cuidar los detalles y el lenguaje corporal, a ningún malandrín le impone respeto. Su deber es mostrarse ante la opinión pública como gobernadora y parecer gobernadora, para proyectar autoridad como gobernadora.

Cuando Maru anuncia que la nueva estrategia de seguridad –¿a poco había una anterior? –incluye filtros de seguridad en las colonias, la implementación de vigilancia con cámaras del programa Centinela, la presencia permanente de la Policía hasta en el abandonado Valle de Juárez, así como la renta de un helicóptero para la reacción inmediata, está dando la información necesaria para que los delincuentes la neutralicen.

Ahora que los delincuentes saben que van a ponerse filtros en las colonias, es obvio pensar que reactivarán a sus halcones y observadores para que les digan por dónde andan los uniformados; de las cámaras de vigilancia y de la bitácora de operación del boludo, conseguirán la ubicación y conocerán la logística, como lo han hecho antes con otros operativos, mediante sobornos y soplones infiltrados en las corporaciones.

Advertir públicamente que habrá consecuencias contra el grupo criminal que realizó los atentados del jueves pasado, no resuelve el estado de indefensión en que se encuentra la ciudad, y mucho menos inhibe la actividad criminal.

Si en vez de anunciar que se va a combatir a los bandidos, se les combate, y se dejan las declaraciones para los hechos consumados, podría iniciarse con la recuperación de la tranquilidad en la ciudad y la ciudadanía podría palpar los resultados, no simples promesas y planes.

Por lo pronto, la población espera que todos los delincuentes que causaron los incendios sean detenidos y castigados. Con la aprehensión de los tres presuntos involucrados tienen información más que suficiente para llegar al resto de los malhechores.

No hacerlo a la brevedad, dirá mucho del resultado que tendrá la nueva estrategia del operativo Juntos por Juárez que dio a conocer Maru. Por cierto, el nombre de este plan de seguridad nos recuerda al de Juntos contra la Delincuencia que, en el 2001, implementó el Concejo Municipal que encabezó José Reyes Ferriz.

Ahora que se trata de combatir con resultados a los delincuentes, esperemos que prevalezca la coordinación entre todas las corporaciones y no surjan, como siempre, los celos, la competencia de jerarquías, los colores partidistas, los intereses políticos y los infantiles y frívolos egos, para que Juntos por Juárez no sea otra llamarada de petate. 

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En el campo laboral está creciendo el problema de las incapacidades provocadas por los contagios de Covid-19, mismos que se han multiplicado en todos los sectores de la producción.

Si sabemos que en los últimos 28 días el estado de Chihuahua registró mas de 13 mil nuevos contagios, estamos hablando de un alto porcentaje de trabajadores que tuvieron que pedir incapacidad para mantenerse aislados por varios días, sin considerar a todos los que tuvieron contacto con ellos y que también deben guardar cuarentena sanitaria. 

Sin embargo, las quejas de trabajadores infectados están aumentando por el hecho de que las incapacidades de salud solo se están expidiendo por 7 días, cuando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para permanecer aislados van de los 10 a los 14 días.

Si son las mismas autoridades de salud, del IMSS, Issste y Pensiones, las que otorgan las incapacidades, aparte de los servicios médicos particulares que tienen en muchas plantas maquiladoras y hasta en el Gobierno municipal, resulta absurdo que limiten las incapacidades de los trabajadores contagiados a 7 días.

Esto obliga a que los trabajadores tengan que regresar a su chamba al término de una semana de aislamiento, la mayoría de las veces sin haberse realizado la prueba Covid, porque no se las regalan y no son baratas. Cuando salen nuevamente a la calle y regresan a sus trabajos, nadie les da seguimiento, ni saben si ya están libres del virus, lo que los convierte en potenciales propagadores.

Tal situación se suma al círculo vicioso que se está generando en torno a la pandemia en la entidad, porque no hay lotes suficientes de la tercera dosis de vacuna, por la falta de pruebas gratuitas, porque no hay seguimiento correcto y supervisado de los contactos de las personas contagiadas y, lo peor de todo, porque los riesgos de la pandemia siguen teniendo un manejo político, no científico.

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Pese a los riesgos sanitarios y las altas tasas de contagio por Covid-19 que se registran en todo el estado de Texas, los grupos de migrantes siguen buscando el sueño americano, cruzando ilegalmente la frontera a pesar de las temperaturas congelantes del desierto y del peligro de los bandidos de la frontera.

Agentes de la Patrulla Fronteriza destacamentados en Van Horn y Alpine, Texas, reportaron el jueves y viernes pasado la detención de 40 migrantes de diferentes nacionalidades, escondidos entre la maleza del frío desierto.

Los migrantes fueron cruzados por la frontera de Ojinaga y Presidio, por traficantes que juegan con la vida de las personas a la que ven como una simple mercancía. Los agentes federales norteamericanos detuvieron primero un grupo de 10 personas en Alpine y, posteriormente, 30 en Van Horn.

Estas 40 personas forman parte de una caravana de poco más de 200 que llegó al estado de Chihuahua el pasado lunes y se dividió para cruzar por Ojinaga, Juárez y Palomas.

Hasta ayer, la autoridad migratoria de Juárez no tenía información sobre el tema, como ya es costumbre, a pesar de que el personal del Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de detectar e identificar a los grupos de personas en movimiento rumbo a los Estados Unidos.

Los grupos derechohumanistas y defensores de migrantes estiman que, a partir de marzo, los flujos de desplazados, asilados y refugiados que buscan llegar a los Estados Unidos se incrementen por esta frontera.

Habrá que preguntar si alguna instancia de Gobierno está preparada para esta contingencia o van a improvisar hasta que tengan el problema encima, como siempre.

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Lo que está detrás del paro de labores de choferes del Ecobús, o lo que queda de la Primera Ruta Troncal del transporte semimasivo (BRT-1) es el control del fideicomiso que se creó para su operación.

Supo Mirone que, aunque habían estado trabajando muy en sintonía, el secretario técnico del Fideicomiso de Transporte Sustentable, José María Fernández Sigala y el director de la empresa Integradora de Transporte (Intra), Raúl Rodríguez, ahora andan de pique.

El manejo de los recursos está en el centro de disputa, que ayer derivó en el paro de labores de los choferes, en esencia porque no habían recibido su pago.

La empresa integradora aglutina varios socios transportistas, quienes tampoco andan contentos ante el descontrol en el manejo de los dineros. Ni los camiones se pagaron como debía de ser, ni los socios vieron claridad en sus ganancias.  El caso es que todos han intentado sacar su tajada y ayer la problemática pegó hasta los choferes y finalmente llegó a los usuarios.

El impacto no fue tan grande, porque apenas andan moviendo por el carril confinado una decena de unidades del Ecobús y el flujo mayor se ha dado en los camiones viejos, por el lado derecho, sin utilizar nada de la infraestructura previamente habilitada.

O sea que ayer, con el paro, de plano quedó reducida a nada la Primera Ruta Troncal. Al final del día, Raúl Rodríguez tuvo que responderles a las autoridades estatales que asumía la nómina pendiente, con independencia de la bronca que carga el Fideicomiso.

Lo que nos adelantaron es que desde la Administración estatal se hará uso de las facultades legales para citar, a la brevedad, a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso. Desde ahí deberá rendir cuentas el responsable, Fernández Sigala. Se tendrán que decir las cosas como son, si acaso hay una quiebra financiera o es mera simulación.

Muchas cosas no cuadran. Ni en los manejos financieros de Fernández, tampoco en los del director de Intra, quien ayer hablaba del pago de nómina para 32 choferes en 14 rutas, cuando los usuarios han reportado que en ocasiones apenas salen a prestar el servicio siete u ocho unidades.

Como pinta toda la problemática del BRT-1, parece que no le quedará otra al Gobierno del Estado que entrarle a hacerse cargo del organismo operador, tal como ocurre en la capital del estado. Con el esquema hasta hoy aplicado, lejos de avanzar en la modernización y la mejora del servicio, ya quedó claro que el Sistema Integrado de Transporte va caminando hacia atrás, como los cangrejos.

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Por terrenos del Instituto Estatal Electoral seguía ayer la revisión de requisitos formales y legales de la solicitud ciudadana para el referéndum sobre la aprobación, publicación y efectos del decreto que autoriza el financiamiento de más deuda pública para el Gobierno del Estado.

La Secretaría Ejecutiva cumplió con la tramitología, elaboró el acuerdo de radicación y lo pasó al jurídico. Ya publicado en los estrados del Instituto, se abre el plazo de prevenciones, dentro del cual el grupo promovente debe subsanar las inconsistencias que se le señalan, en caso de que tenga que completar o corregir la documentación presentada.

Luego de cumplirse con los requisitos de forma, el IEE debe dar vista la autoridad implicada, para que esta pueda manifestar lo que a su interés convenga.

Se sabe que, desde la perspectiva de las propias autoridades electorales, la solicitud viene sólida para llegar, en su momento, ante el Consejo Estatal Electoral, en una sesión pública, donde se deberá resolver la procedencia o no sobre el inicio de este mecanismo de participación política, consagrado en la legislación estatal.

El asunto es tan serio y trascendente como lo es la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, el entramado jurídico impulsado por las organizaciones de la sociedad civil que hace posible la aplicación de figuras de la democracia participativa largamente anheladas.

Así se colocó el estado de Chihuahua a la vanguardia del país, cuando en 2019 se realizó el plebiscito sobre el proyecto de alumbrado público para la capital del estado, precisamente cuando era alcaldesa la hoy gobernadora María Eugenia Campos.

En el Plebiscito Chihuahua 2019, 35 mil 229 votantes dijeron No al proyecto del Ayuntamiento de Chihuahua y 26 mil 501 se inclinaron por el Sí, la votación más alta registrada en el país para un ejercicio de este tipo.

Aunque no se alcanzó una participación del 10 por ciento del electorado para que la decisión fuera vinculante de acuerdo con la ley, la autoridad acató la voluntad popular y canceló el proyecto.

Incluso se dio el efecto dominó. En el municipio de Juárez, el entonces alcalde Armando Cabada retiró otro proyecto similar, cuando llegó la solicitud de aplicar el mismo instrumento de consulta popular.

El referéndum es otro instrumento de consulta para que las y los ciudadanos manifiesten, mediante votación directa, si apoyan o rechazan una reforma constitucional, una ley o reglamento estatal o municipal.

En este caso, la acción va en contra del decreto No. LXVII/AUOBF/0100/2021 I.P.O, votado por el Congreso del Estado como parte del paquete financiero del Ejecutivo Estatal para 2022.

“Este referéndum busca que los ciudadanos legitimen la aprobación y efectos de los distintos mecanismos de financiamiento y fideicomisos que impactarán en las finanzas públicas del estado, porque los ciudadanos no fueron debidamente informados al respecto”, dijo Iván Roberto Álvarez Olivas, uno de los promoventes, cuando se entregó la solicitud ante el IEE.

Álvarez es un catedrático bastante reconocido en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, institución desde donde varios docentes suelen llevar a la práctica, lo que hablan en las aulas cuando se trata de participación ciudadana e incidencia en los asuntos públicos.

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Este día cumple años el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, aunque sus despistados operadores de redes sociales subieron un mensaje de felicitación desde el viernes pasado, dando por hecho que ese día era el onomástico.

Varios regidores, entre ellos los priistas Jorge Gutiérrez Casas y Mireya Porras, se fueron con la finta y se esmeraron en desearle toda clase de parabienes, hasta que alguien de Comunicación Social con conocimiento de causa, les dijo en un mensaje de audio:

“Espérense, espérense, espérense, ese fue un error de redes sociales, nada más que les aclaro, de redes sociales eh. Es hasta el domingo el cumpleaños del presidente.”

Lo evidente mata lo imprudente, así de sencillo. En otras palabras, el audio evidencia la grilla interna que se vive en la dirección encargada del manejo de la imagen de la Administración municipal, entre los que cubren la información y los comunicados, y los que gestionan las redes sociales oficiales.

De cualquier forma, Mirone le envía una sincera felicitación al alcalde en su cumple, con los mejores deseos de buena salud y armonía en su equipo de trabajo.