“Cuando el destino nos alcance” fue una película futurista producida en 1973 y ambientada en el año 2022 en la ciudad de Nueva York, donde viven 40 millones de habitantes en condiciones miserables por el hambre y la sed, pues se han agotado los recursos naturales y se ven obligados a consumir alimentos sintéticos a base de algas para sobrevivir.

Esa es la sinopsis de una película de ciencia ficción que se estrenó hace 50 años, que fue aterradora en aquel momento por su inquietante mensaje, pero, sobre todo, porque predijo el futuro de los recursos naturales vitales, como el agua, que hoy se está agotando y cuya posesión comienza a ser motivo de graves conflictos, particularmente en el Estado de Chihuahua.

Esa premonición del cine hollywoodense sobre agotamiento de los recursos naturales no renovables, que muchas generaciones no alcanzaron a ver, comenzó a hacerse realidad en el estado grande en el 2020.

En plena crisis por la pandemia del Covid-19, surgió la otra crisis, la del agua, que dejó un saldo de dos campesinos muertos a manos de la Guardia Nacional, cuando el Gobierno federal abrió las compuertas de la presa la Boquilla, para pagarle el agua a los Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944 firmado entre ambos países, para administrar y compartir el vital líquido que fluye por los ríos Colorado y Bravo.

En ese entonces, como ahora, mucha gente desconocía esa deuda de México y la existencia de un compromiso binacional, que debe cumplirse cada 5 años, con la entrega de 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua.

En el 2020, México le debía al vecino del norte 282 millones de metros cúbicos, que deberían ser entregados antes de octubre, lo que desató la furia de los campesinos del sur y centro del estado de Chihuahua, cuando Conagua le abrió las compuertas de la presa la Boquilla para comenzar a pagar lo establecido en el Tratado.

De acuerdo con ese Tratado, Estados Unidos entrega a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que nuestro país debe entregar 432 millones de metros cúbicos del río Bravo.

Aunque son seis ríos del país los considerados como tributarios del tratado, es el río Conchos, de Chihuahua, el que tiene el mayor porcentaje de aportación, con el 54.1 por ciento.

Los otros ríos de los que debe salir el agua para cumplir el Tratado son Las Vacas, San Diego, San Rodrigo y Escondido, de Coahuila; así como del Salado, que abarca los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Aunque México pagó la deuda de agua al vencer el plazo en octubre del 2020, el vital líquido no salió solamente de Chihuahua, sino también de las presas de Nuevo León y Tamaulipas, lo que generó un conflicto con esta última entidad, que está en crisis en este 2023.

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Pero el problema no es reciente, pues desde octubre del 2020, 16 mil agricultores del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas, se quejaron de que por culpa de Chihuahua se quedaron solamente con el 40 porciento del agua para sus cultivos.

El conflicto fue escalando hasta enero del 2021, cuando los diputados federales por Tamaulipas solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que Chihuahua entregara 500 millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla, que supuestamente se les adeudaba.

En ese momento, la Boquilla contaba apenas con el 31 porciento de almacenamiento. Es decir, con 900 millones de metros cúbicos, que no alcanzaban para atender los reclamos de los tamaulipecos, ni para el riego de los productores chihuahuenses, y por ello no se entregó el volumen reclamado de esa presa.

En aquel entonces, el actual presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, era diputado federal y anticipó que, con el reclamo de los campesinos y legisladores tamaulipecos, el Gobierno federal preparaba un plan con maña, para establecer que el sistema de Presas del Río Conchos, fuera la fuente de abastecimiento del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas.

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Pero no fue este el primer conflicto social por la disputa del agua, que enfrenta a Tamaulipas con otros Estados.

Hace 27 años lo tuvo con su vecino Nuevo León, cuando se enfrentaron por el agua de la presa El Cuchillo, localizada en el estado del Cerro de la Silla, conflicto que fue documentado en un estudio del año 2000, realizado por el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jesús Frausto Ortega.

De acuerdo con ese trabajo de una autoridad en administración integral del ambiente, las sequías de 1993 a 1996 registradas en el noreste de México, acentuaron la escasez de agua para la ganadería y la agricultura en Tamaulipas, y el distrito de riego 026 fue uno de los más afectados.

Por esa razón, a fines del 96, la Conagua decidió enviar agua a los productores tamaulipecos derivándola de la Presa El Cuchillo, embalse de donde se conduce el líquido a Monterrey para uso doméstico e industrial.

Pero no contaban con que el Gobierno neolonés se opondría a la medida de Conagua y se amparó ante la justicia federal, para evitar la salida del agua de su presa, lo cual derivó en un conflicto que duró varios años y terminó politizado.

Aunque allá como aquí, la Comisión Nacional del Agua ha sido mediadora e instrumentadora de los acuerdos tomados en los conflictos, sigue siendo una dependencia centralista en políticas del agua, sujeta a las instrucciones que le dictan desde un escritorio, a miles de kilómetros de distancia de las zonas en conflicto donde se lucha por el control del agua.

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Eso explica que, al resurgir el reclamo del Gobierno de Américo Villarreal por el agua de Chihuahua, Conagua se haya sumado sin titubear a la mesa interdisciplinaria instalada durante la segunda semana de mayo en Reynosa, Tamaulipas, para exigir la distribución del agua del río Bravo y que se abran las presas de Chihuahua para tomar un porcentaje de sus aguas.

En dicha mesa participan los diputados federales y locales de aquel estado, los alcaldes de la región fronteriza de Tamaulipas, organismos operadores del agua, dirigentes de los Distritos de Riego, el representante de Gobernación federal en la entidad, así como de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y Conagua.

El grupo sostiene de manera unilateral que, del agua almacenada en presas de Chihuahua, un alto volumen corresponde a la cuenca del río Bravo, por lo que consideran justa la demanda de entregar un mayor porcentaje a Tamaulipas.

Por ello, volvieron a pedir al Gobierno federal, que se abran las presas de Chihuahua para mitigar la crisis de sequía que viven agricultores y usuarios domésticos.

Esa demanda insólita de los tamaulipecos, le da la razón a lo que Mario Mata vaticinó en el 2021, sobre las oscuras pretensiones del Gobierno central para despojar a Chihuahua del agua.

Ahora, al tomar la defensa contra la nueva embestida en la guerra por el agua, los diputados locales de Morena ya enseñaron el cobre y mostraron su intención de traicionar a los agricultores chihuahuenses, cuando se enfrentaron a los diputados de Acción Nacional, porque estos acusaron al presidente López Obrador de pretender apropiarse del vital líquido de las presas de Chihuahua, para entregarlo a una entidad que también es gobernada por la 4T: Tamaulipas.

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Mata declaró la semana pasada a Norte Digital, que el reclamo de Tamaulipas carece de sustento, porque acumula un 10 por ciento más de agua que Chihuahua, pero tiene una superficie agrícola tres veces más grande que la nuestra, lo cual le demanda mayor volumen del recurso hídrico para su riego. 

El presidente de la Junta Central, también explicó que la precipitación pluvial en los dos Estados es muy diferenciada, pues en Tamaulipas llueven al año 780 milímetros de agua, mientras que en Chihuahua caen 500 milímetros en el mismo período.

Si consideramos que 1 milímetro de lluvia acumulada es igual a 1 litro por metro cuadrado, 780 mililitros al año son 780 litros por metro cuadrado, lo cual, aquí y en China es mucha agua, como para que ahora pretendan apropiarse de la de Chihuahua.

A eso hay que sumarle el grave problema por estrés hídrico que presenta el estado grande, fenómeno que ocurre cuando se extrae de los mantos acuíferos más agua de la que se recarga.

Por ello, de los 61 acuíferos que tiene la entidad, en 58 ya no hay disponibilidad y 30 están sobreexplotados, por lo que no pueden seguir extrayendo agua.

De acuerdo con el diagnóstico de todos los acuíferos del país que en febrero presentó la Conagua, en Chihuahua el 80 por ciento de la disponibilidad media anual de agua es negativa. Dicho en otras palabras, no hay nivel suficiente de agua subterránea.

Aunque ese estrés hídrico afecta también a Tamaulipas, ya que 38 de sus 43 municipios están en semáforo rojo, obliga a la población al uso racional y a la conservación del vital líquido en las actividades domésticas. Las lluvias que se han registrado en las dos primeras semanas de mayo en aquella entidad, aumentaron los volúmenes de las presas Marte R. Gómez y Las Blancas, en Camargo y Ciudad Mier, respectivamente.

La primera de ellas, que abastece el riego a los distritos 026 y 027 y son los que reclaman el agua de Chihuahua, aumentó su almacenamiento al 52.6 por ciento.

Si a pesar de todas esas ventajas que hemos citado en torno al vital recurso de Tamaulipas sobre Chihuahua, la demanda persiste y pone en riesgo la agricultura de la entidad, podremos asegurar que los productores no se quedaran de brazos cruzados y se pondrán otra vez en pie de guerra, como ya lo hicieron en el 2020.

De nadie es culpa que no llueva, pero sí del derroche que los políticos ignorantes de los nuevos patrones climáticos permiten que se haga, que no es renovable, ni se fabrica, pero termina por generar tormentas de odio entre los mexicanos.

Por todo ello, tanto en Chihuahua como en Tamaulipas, urge hacer conciencia del uso responsable del agua en todas las actividades domésticas, comerciales, industriales, ganaderas y agrícolas, para que la sed y el hambre que visualizó la película del 73, no nos alcance.