Hace un año, 8 de marzo del 2023, los edificios gubernamentales del centro de la ciudad y otros de giros comerciales quedaron severamente dañados a causa de los actos de protesta de grupos de mujeres –y algunos hombres– que manifestaron de esa manera su reclamo por la lenta impartición de justicia, si no es que nula, en los casos de violencia de género en todas sus modalidades.
La historia es bien sabida, que el Palacio de Gobierno fue el edificio más afectado, con pintas que cubrieron el primer nivel en todos sus cuatro frentes, ventanas y cristales rotos, un connato de incendio y actos de la autoridad para repeler las acciones de los manifestantes.
Un año después, las manifestaciones regresaron, y a propósito de esos reclamos, vale la pena revisar las cifras de los actos delictivos en perjuicio de las mujeres ocurridos en aquel 2023, año que, según las diversas fuerzas políticas del estado, marcaría un “antes y un después” en materia de derechos humanos de la población femenil del estado.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Chihuahua ocurrieron 45 feminicidios entre marzo del 2023 y enero de 2024.
Hubo, además, mil 175 casos de violencia familiar; 4 mil 368 de violencia sexual, entre los cuales se cuentan mil 394 violaciones en sus dos modalidades: simple y equiparada.
Se trata únicamente de la cifra de feminicidios, porque las de homicidios en perjuicio de mujeres alcanzó una cifra mucho mayor. Según datos del Inegi, entre el 2021 y el 2022 se registraron 576 casos de homicidios de mujeres.
Si nos atenemos a los datos de los Centros de Justicia para la mujer, la necesidad de recibir atención a causa de diversas formas de violencia ha ido en aumento en los últimos tres años.
En el 2021, se atendieron a 7 mil 730 mujeres quejosas, mientras que en el 2022 la cantidad subió a 7 mil 568.
La violencia de género no cede, pues.
Ahí están los datos para medir el impacto de las protestas y entender el factor que ha detonado tales expresiones de inconformidad y reclamo.
En Chihuahua, las autoridades decidieron “forrar” el Palacio de Gobierno con muros movibles de acero, similares a los que colocó el Gobierno de la República en torno al Palacio Nacional.
Otros edificios quedaron protegidos con vayas de madera o protección en sus ventanas.
Todo eso, por lo visto, no menguó la animosidad, porque tampoco hubo los resultados esperados en materia de persecución del delito.
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La liberación absoluta de Christopher James Barousse de aquel proceso judicial que le inició el Gobierno de Javier Corral por presuntos actos de corrupción podría marcar un derrotero en el destino del resto de las causas penales relacionadas a la llamada “nómina secreta”.
Apenas la noche del jueves pasado, el que fuera dirigente del sector juvenil del PRI Nacional, fue absuelto del delito de peculado, en el cual le acusaban de haber recibido 2.7 millones de pesos de la “nomina secreta”.
Ese dinero, según las averiguaciones emprendidas por el Gobierno de Javier Corral, provenían de las arcas del estado y fueron a dar a personajes de la política local, a periodistas e incluso a ministros de culto.
Sin embargo, la juez de control, Socorro Olivia Porras Armendáriz, que llevaba la causa, consideró que no había elementos suficientes para determinar la culpabilidad del político chihuahuense.
Si los elementos probatorios contra Barousse no tuvieron la solidez como para sustentar la acusación y propiciar una sentencia condenatoria, es probable que, con el mismo criterio, el resto de los casos relacionados con ese sonado caso se vengan abajo también.
El entonces gobernador Javier Corral Jurado informó en aquel 2021, poco antes de su salida de la administración estatal, que el caso “nómina secreta” inició con documentos que se encontraron en uno de los ranchos de César Duarte.
Se trababa de copias de relaciones de pagos en efectivo a las personas que luego fueron acusadas por el Gobierno corralista.
Si bien el fallo de la juez dejó en libertad al político priista, ese dictamen no negó que hubiese existido aquel delito de desvío de recursos públicos.
O sea, sí hay indicios de que salió el dinero de las arcas del estado, pero no de quién lo recibió.
Dicho de otra manera, hay delito, pero no delincuente.
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A todo esto, ¿qué fue de Luis Gerardo Serrato Castell, el “exchico superpoderoso” que un buen día de estos ya no se paró por su oficina en el Palacio de Gobierno y ni las llaves devolvió?
Como recordaremos, el ahora “desaparecido” ejercía casi como un vicegobernador desde la Secretaría de la Coordinación de Gabinete, cargo que se renombró casi casi nada más para darle el rango de “secretario por encima de los secretarios”.
En sus años de gloria en la administración chihuahuense, el político originario de Sonora se daba el lujo de dejar haciendo antesala a otros miembros del Gabinete estatal, incluso al Fiscal o al secretario General de Gobierno.
Su poder llegó a tales dimensiones que, en el presupuesto de Egresos para el 2023 se le asignó una partida de 437.7 millones de pesos y una plantilla de 91 empleados.
Sin embargo, toda esa estructura se desvaneció el 1 de agosto del 2023, cuando, sorpresivamente, se anunció su salida del gabinete estatal.
Conste: lo anunció el Gobierno del Estado, no él.
Su separación no tuvo el menor acto protocolario de esos que tanto se acostumbran en la administración pública, con esas ceremonias rimbombantes donde se le da la bienvenida al nuevo funcionario y se le desea suerte al que le acaban de dar las gracias.
Nada, aquí solo se difundió un comunicado en el que la gobernadora le agradecía “su papel al frente de la transición de Gobierno y su función como secretario de Coordinación del Gabinete Estatal”.
“Luis Gerardo Serrato Castell, dejará su cargo para integrarse a la coordinación de la estrategia del Frente Amplio por México, para participar en el proceso electoral 2023-2024”, versa el comunicado.
Poco después, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, difundió una fotografía tomada en su despacho en la sede nacional del partido blanquiazul donde se le ve acompañado del ya para entonces exfuncionario.
Sin embargo, pasados los meses, solo se sabe que anda por ahí, en el comité de campaña de Santiago Taboada, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición del PRI, PAN y PRD.
Nada qué ver con ese cargo de “superestratega” de la campaña prianista. Ni mucho menos.
Tampoco se supo nada de la entrega-recepción de sus oficinas, los bienes que se le asignaron y mucho menos del presupuesto ejercido.
Nos dicen que todavía anda rumiando su amargura por la forma intempestiva como salió del Gobierno estatal, y más aún, porque no figura en la alineación de campaña de Xóchitl Gálvez.
Así es la política y bien lo decía el “Filósofo de Rubio”, Artemio Iglesias: “hay que estar preparado para ser, no ser y dejar de ser”, y al Sr. Serrato no se le dio eso.
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Las personas que gustan de vandalizar los espacios públicos, de llevarse su equipamiento, sus bancas, o incluso sus árboles, o dañar instalaciones de alumbrado público, juegos infantiles o instalaciones deportivas, más les vale irse con cuidado a partir de este viernes.
¿Por qué? Porque entró en vigor una reforma al artículo 211 del Código Penal del Estado según la cual se le va a cargar la mano a quien “le ponga la mano” a los espacios públicos que nos pertenecen a todos.
El mencionado artículo señala que, además de las sanciones que correspondan al delito de robo, se aplicará prisión de uno a tres años, en quince supuestos distintos.
Justamente el XV es el que entró en vigor este viernes, y se refiere a que esa penalidad se le aplicará a quien cometa el robo que afecte a equipamiento urbano destinado a parques, plazas o áreas verdes con fines de recreación.
También le echarán el guante con ganas a quienes dañen o sustraigan objetos de corredores biológicos y zonas de esparcimiento o vida comunitaria.
La cosa no termina ahí: también les irá muy mal a los que dañen el “equipamiento de movilidad”, léase transporte público y vialidades.
Así que ya lo saben: más vale respetar los espacios que son de todos y abstenerse de andar dañando los camiones del transporte público.