Reactivos y ridículos se vieron ayer los funcionarios estatales en Juárez cuando dieron el banderazo al operativo de vigilancia y supervisión del servicio de transporte público de pasajeros, como si se tratara de la inauguración de una obra.
Tuvieron que hacerlo de esta manera, con enfoque mediático, para decirle a la ciudadanía que, ahora sí, van a meter en cintura a los abusones concesionarios de transporte y a la legión de choferes malandros que contratan.
Al final del día, su evento de marras fue, otra vez, una burda simulación del cumplimiento de sus obligaciones, porque concesionarios y choferes estaban avisados y alertas para no incurrir en violaciones a la Ley de Transporte cuando les andan poniendo cola.
Parece que a los brillantes jefes de Transporte Público se les olvidó que no es con simulaciones como tienen que demostrar su trabajo, sino con hechos.
Los usuarios del devaluado servicio exigen, precisamente, resultados tangibles; que mejoren las unidades, que contraten choferes limpios y decentes, que respeten las reglas viales y no utilicen los camiones como trampolines para sus excesos.
Mientras el servicio en cuestión no muestre cambios para mejorar, todo lo que hagan y digan seguirá siendo puro cuento. Si en lugar de hacer su show con banderazo de salida, como en los pits de carreras de autos, hubieran ordenado una auditoría del personal que opera en calidad de chofer de las chatarras con las que dan el servicio, muchas sorpresas se encontrarían, sobre todo con sujetos que no pasan un retén por sus negros antecedentes y facha de bandidos.
Si a eso le agregan un antidoping sorpresa, descubrirán que no solamente hay muchos usuarios de drogas entre los trabajadores del volante, sino que los autobuses también se han convertido en “tienditas”. Si no lo creen, pregúntenle a Simón, un chalán de la ruta Juárez Aeropuerto.
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Otra dependencia donde también siguen inspirados en la farsa, para tapar su falta de resultados en materia de prevención del delito, es en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que pretende obtener la certificación internacional Calea, cuando no han podido contener los niveles delictivos que mantienen a la entidad en el Top Ten en materia delictiva en el país.
La dependencia informó que su personal asistió a la conferencia “Calea, el estándar de oro en seguridad pública”, que se impartió en Orlando, Florida, como parte del proceso de profesionalización que están realizando para obtener la certificación.
Según esa información, su personal conoció nuevas prácticas de evaluación de procesos que se implementarán en el ambicioso programa Centinela que está aterrizando la SSPE en los principales municipios de la entidad.
Los programas de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), dan a los organismos de seguridad pública que participan, la oportunidad para que cumplan voluntariamente con un paquete de normas profesionales, el cual requiere, entre otras cosas, resultados tangibles del trabajo que desarrollan en campo.
Así lo marca una de sus condiciones básicas, que exige “informes y análisis para tomar decisiones de gestión basadas en los hechos”.
Si hasta ahora los hechos demuestran que el trabajo desarrollado por la policía estatal en la entidad no inhibe el delito y, por el contrario, los eventos de alto impacto siguen al alza, mal hacen en presumir con el prestigio de Calea, porque unas siglas no los hace mejores, hasta que los resultados sean visibles y tangibles para la sociedad.
Si con la capacitación que tomará el personal policiaco esperan lograr mejoras en el trabajo que se desarrolla en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) como parte del programa «Centinela«, este deberá reflejarse en el combate y disminución del delito. No hay de otra.
De lo contrario, estarán cacareando el huevo antes de tener la gallina, algo muy socorrido en las mesas de seguridad, donde se hacen las cuentas alegres y se presumen resultados de pacotilla.
La certificación Calea no es garantía para mejorar el servicio de seguridad pública, por el solo hecho de pasar la acreditación. Los malandrines no se asustan con diplomas, sino con acciones concretas, como lo hicieron en los Estados de Baja California y Tabasco, que fueron certificados luego de que bajaron los índices delictivos.
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Por cierto, donde se habló de estas famosas cifras alegres fue en Palacio, ayer, durante la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López. Muy compa de Maru se vio don Adán durante la visita que hizo a Palacio de Gobierno, donde la felicitó por haber disminuido los índices delictivos en los primeros 6 meses de su gestión.
Quién sabe de dónde habrán salido esas cuentas gozosas que manejó el jefe de la política interna del país, pero al menos le sirvieron para darle un buen cebollazo a la gobernadora, con la que mostró excelente relación.
Cesar Augusto aplaudió que el estado grande ya no se encuentre en los primeros tres lugares con más violencia en el país, según sus datos, aunque, la verdad sea dicha, los números reales siguen manteniendo a Chihuahua en la lista de los 10 más inseguros.
Si la reunión que sostuvieron ayer significa que se reforzarán los operativos de vigilancia que realizan elementos estatales con federales en las desprestigiadas células mixtas, al menos hubieran aprovechado el momento para decirle al jefe de Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, que mande a sus muchachitos a las zonas de peligro y de emociones fuertes, porque no salen de sus patrullajes en zonas urbanas, donde hasta se aburren los angelitos.
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Hablando de policías y ladrones, el que no se la acaba por las protestas en su contra es el director de Seguridad Pública del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Ricardo González Toala, quien resultó ser un estuche de monerías por los abusos y fechorías que ha cometido en los cargos policiacos que ha desempeñado.
Ayer recibió, en el municipio donde ahora cobra como jefe de Policía, una protesta de vecinos de la comunidad mormona LeBarón, que se trasladaron a esa cabecera municipal del noroeste en una caravana de 23 vehículos.
Adrián LeBarón encabezaba al grupo e informó que Ricardo González, mejor conocido como “el chicharroncito”, fue destituido del cargo de Galeana por los abusos y complicidades que tenía con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIH/NCG/0001638/20202, “El Chicharroncito” tiene una denuncia por los delitos de amenazas, tortura y lesiones desde el 19 de agosto del 2020, en perjuicio de Víctor Juárez, un electricista veracruzano que es miembro de la comunidad LeBarón.
Pese a ello, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthia Marina Ceballos, lo nombró director de la policía y, desde entonces, no han parado las manifestaciones de rechazo a su posición, que pretende darle impunidad en los cargos que le han formulado.
Los mormones repartieron volantes en algunos cruceros de Nuevo Casas Grandes, donde aparece la foto de el Chicharroncito González y mencionan la denuncia que tiene en la fiscalía del estado, además de acusarlo de robo de nuez y chile, así como de extorsión y venta de drogas cuando estuvo al frente de la comandancia en Galeana.
Los mormones están pidiendo que lo destituyan del puesto en Nuevo Casas Grande para que enfrente los cargos que le fueron formulados. Dicho en términos más coloquiales, lo quieren regresar al cazo de los chicharrones, actividad que realizaba antes de traer pistola y charola.