Siempre que se revisan las finanzas del Gobierno Municipal, invariablemente brinca como foco rojo la cartera vencida en el impuesto predial. Ahí está un tema que nadie ha podido resolver, tanto en su recuperación como en su depuración, ya que se siguen incluyendo cuentas incobrables.
Lo anterior viene a cuento porque el tema generó nuevas observaciones en el Informe Individual de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero practicada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Municipio de Juárez.
“No se han implementado acciones suficientes para la recuperación del rezago del
Impuesto Predial, incluyendo el Procedimiento Administrativo de Ejecución, por un
importe de $2,507,704,173.29”, se señala en la observación número dos del informe entregado hace días a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
Los auditores comprobaron que esa cifra de rezago registrada a diciembre del 2022, no solo no disminuyó, sino que incluso creció en un 0.66 por ciento del rezago de 2 mil 491 millones 287 mil 533.57 pesos que se tenía en enero de ese año. De ahí que concluyan que está fallando la recuperación.
La bronca gigante es el rezago acumulado. Nada más en 20 cuentas que enlistó la ASE se suman 257 millones 122 mil 269.77 pesos. El deudor mayor en esa lista debe 124 millones 068 mil 976.62 pesos. Luego hay varios deudores de 27, 6, 9, 5, 4 y 3 millones de pesos.
Para la ASE, el Municipio simplemente incumplió con lo establecido en la normativa, consistente en que el pago de los créditos fiscales que no sean cubierto o garantizado dentro de los plazos establecidos por el Código Fiscal del Estado, podrá ser exigido por las autoridades fiscales mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
Aunque hubo respuesta municipal para aclarar que se iniciaron procedimientos de recuperación respecto a esas cuentas, la ASE consideró que “siguen sin ser suficientes para la recuperación del rezago del impuesto predial”.
Hubo también recomendaciones sobre el caso. La Auditoría Superior sugirió que se analicen las cuentas que integran el rezago, con el propósito de identificar aquellos casos en que opere la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar los créditos fiscales correspondientes por las contribuciones omitidas de Impuesto Predial.
La Auditoría trae otra observación que derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en relación a una autorización de incentivos fiscales mayores a los establecidos en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2022, concretamente en cuanto a licencias de construcción en dos casos (uno comercial y otro industrial) cuyos descuentos suman 13.8 millones de pesos.
La ASE pidió la intervención del Órgano de Control Interno del Municipio de Juárez o su equivalente, para continuar la investigación de los hallazgos detectados o bien, para que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pudieron haber ocasionado daños o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal al otorgar incentivos de licencias de construcción, a beneficiarios que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley de Ingresos”.
En estos casos se trata de la Dirección General de Desarrollo Urbano, la dependencia que encabeza Claudia Verónica Morales.
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Hablando de Desarrollo Urbano Municipal, fue esa la dependencia que, a toro pasado, salió ayer a actuar en torno al caso de la operación irregular de una casa de cambio en terrenos de El Chamizal.
Por lo pronto se procedió a la colocación de sellos de suspensión provisional, en una diligencia que encabezó el coordinador jurídico de Desarrollo Urbano, Pedro Martínez Cháirez.
La colocación de los sellos se hizo con todo y cajera adentro, ya que quien se encontraba en el negocio cuando el funcionario hizo la notificación, se negó a salir de las instalaciones, esas que se habilitaron en un predio bajo resguardo de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ).
No contaba con licencia de uso de suelo específicamente para ese domicilio del Chamizal, tampoco con dictamen de Protección Civil, con independencia de que no se mostraron las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le fueron solicitadas por el funcionario municipal.
Lo que más llamó la atención en la diligencia, es que Martínez informó que “aparentemente” el negocio está registrado, aunque no se tiene “la certeza” de ello, a nombre del ingeniero Andrés Domínguez Alderete, nada menos que el director de la OMEJ.
Domínguez Alderete todavía es hora de que no da la cara públicamente y la verdad ya duda Mirone que aparezca como funcionario público. Seguramente terminará este episodio como exfuncionario, ya que no hay manera de que pueda justificar ese negocio privado a costa de un bien público. Faltará incluso ver legalmente qué procede en contra de Andrés, hermano del regidor Antonio Domínguez Alderete.
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Como van las cosas con los múltiples amparos que se promovieron en contra de la convocatoria y el proceso para seleccionar magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, van a tener que reponer el procedimiento completo.
Ayer se enteró Mirone que en otro recurso más (ya van más de 20) se concedió la suspensión provisional para que no se nombre a nadie en la Quinta Sala Penal Regional Morelos.
Es Érika Mendoza, quien ya fue directora del Instituto de Formación y. Actualización Judicial (Inforaj), quien promueve el Juicio de Amparo argumentando que no se contó en el proceso con un instrumento objetivo de evaluación de perfiles, luego de aquella polémica reforma que suprimió los concursos de oposición.
En el expediente 2651/2023 radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito, se detalla la violación a la propia convocatoria, así como el trato desigual y discriminatorio que sufrieron los aspirantes, como Mendoza, al no ser evaluados mediante un proceso fundado en derechos humanos.
La aspirante se fue contra todo el proceso y se aceptó la solicitud contra la conformación de las siete ternas, aunque el juzgado federal determinó conceder la suspensión provisional únicamente donde competía Mendoza, para no afectar el interés público.
Pero lo bueno vendrá cuando se resuelva el fondo del amparo, ya que, si se resuelve reponer el procedimiento, tendría que aplicarse para la conformación de las ternas en las siete salas.
A ver qué pasa luego, ya que se trata de la misma sala penal en donde la jueza de Garantías, Alejandra Ramos, también consiguió una primera suspensión en Juicio de Amparo.
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Quienes todavía siguen celebrando son la diputada federal Andrea Chávez y el exdelegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera.
Supo este Mirone que en la Ciudad de México recibieron la noticia el miércoles respecto al resultado de las encuestas para ser los abanderados en primera y segunda fórmula para el Senado de la República.
Cada quien por su lado tuvo encuentros con los dirigentes de Morena, aunque desde ayer, ya de regreso en Juárez, buscaron encontrarse para empezar a planear qué harán en lo que queda de precampaña y proyectar la campaña formal. Oficialmente la precampaña termina hasta el 18 de enero mientras que la campaña está calendarizada para iniciar el 1 de marzo.
Ya son precandidatos únicos, pero no hay todavía programado algún evento formal de registro.
Ambos consiguieron las candidaturas a contracorriente, sobre todo considerando que no eran la apuesta de la influyente secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien, con todo su equipo, incluyendo a la dirigencia estatal de Morena y al grupo compacto en el Congreso del Estado, impulsó por las mujeres a la diputada local Rosana Díaz y por los hombres al diputado federal Armando Cabada.
Por las mujeres también se quedó chiflando en la loma la diputada federal Susana Prieto, quien traía el respaldo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, igual que la presidenta del Congreso, quien además del visto bueno de Cruz, decía estar bien agarrada de la dirigencia nacional.
Nada de eso les alcanzó para figurar en las encuestas, tampoco a quienes ya estaban en una curul, como el senador suplente Rafael Espino quien incluso se anduvo moviendo para tener el respaldo del Partido Verde, uno de los integrantes de la coalición.
En general todas y todos tuvieron sus respectivos patrocinios para inundar de anuncios espectaculares el estado, salvo el propio Loera de la Rosa, quien también tuvo en contra el quedarse sin fuente de financiamiento, además de un sinfín de bloqueos, guerras sucias y hasta traiciones.
Otro a quien no le resultó la apuesta de colgarse del Partido del Trabajo y meterle dinerito a los espectaculares, fue al exalcalde priista Héctor “Teto” Murguía. Ni él ni su promotora Lilia Aguilar pintaron en las encuestas de la coalición y ahora les quedará ver si les alcanza para una diputación federal.