En materia de seguridad, o de inseguridad, como se quiera ver, tenemos dos noticias para darle; una mala y otra peor.

Primero la mala: una vez más, Juárez y Chihuahua aparecieron entre las 30 ciudades más peligrosas del mundo.

Ahora la peor: que nueve de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas, entre ellas nuestra querida frontera.

Será un “consuelo de tontos”, pero la alta cifra de ciudades de alto, altísimo riesgo, nos habla de una crisis en la que está inmerso todo el país.

No es gratuito que haya 12 ciudades mexicanas en ese penoso “Top 50” de las más peligrosas del mundo, y que sean de estados disímbolos y lejanos, como Baja California, Quintana Roo o San Luis Potosí, por mencionar algunos ejemplos.

El conteo lo hizo la organización World of Statistics (Mundo de estadísticas, dice su portal en español) y los resultados se difundieron este viernes 2 de junio a través de su cuenta Twitter.

La clasificación se hizo en base al porcentaje de homicidios por cada 100 mil habitantes y corresponde a las cifras del año 2022, es decir, el más reciente, como para que nadie diga que de entonces a la fecha “las cosas han cambiado mucho”.

Es más: los gobiernos municipales que estaban en ese entonces siguen en su cargo, así que igual les toca la responsabilidad.

En el caso de Juárez, su noveno lugar se lo debe a los 67.7 homicidios por cada 100 mil habitantes durante el año pasado.

¿Volvemos al “consuelo de tontos”? aquí va: la cifra de Juárez es casi un 50% menor a la de Colima, que resultó la más peligrosa de México y del mundo, con sus 181.9 por cada 100 mil habitantes.

Por lo que hace a Chihuahua, siguiendo con eso de “los tontos”, podría decir que quedó 21 lugares debajo de Juárez, pero nadie le quita el dato de ser una de las 30 “peores” del mundo. ¿O de qué otra forma se puede medir una ciudad, si no en la seguridad de vida que tienen sus habitantes?

“Chiwas” cerró 2022 con 43.8 homicidios por 100 mil habitantes, cifra mayor a la de otras ciudades mexicanas que quedaron en el “Top 50”: Morelia, León, Ensenada y San Luis Potosí.

Otra vez, la mala y la peor: la mala es que así cerró el 2022, la peor es que este año, la tendencia está al alza.

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En las últimas semanas hemos visto auténticos desgarramientos de vestiduras y lanzadas desde el edificio de la Torrre Legislativa de heroicos diputados que se dicen dispuestos “a dar la vida” con tal de defender el agua “de los chihuahuenses”.

Ándeles pues. Se las vamos a creer. Se tirarían en la Torre Legislativa, pero desde la Planta Baja, y no enredados en una bandera, sino en una colchoneta, para que no duela tanto el azotón.

Muy “entrones” para gritarse los unos a los otros por el asunto del agua que pretenden quitarle a Chihuahua para darle a Tamaulipas, estado que está más seco que el pinole de nuestra tierra.

Sin embargo, nadie dice ni una coma acerca de la coladera de agua “chihuahuense” que se va a Coahuila y no para uso agrícola o consumo humano, ni mucho menos, sino en calidad de medio de transporte ¿se puede creer que eso pase en un desierto?, pues sí, y es en Chihuahua.

Se trata del agua que se extrae de la presa Rosetilla, ubicada en el centro-sur del estado, foco de conflicto por el uso del líquido. Esta se usa después para enviar, a través de un ducto, los minerales que se extraen de la mina La Perla, también en el centro-sur, y de ahí al poblado de Hércules, Coahuila.

Si bien están suspendidos los trabajos, la infraestructura y los permisos para usar el agua para ese fin siguen ahí, de modo que, en cuanto reinicien operaciones ambas mineras, volverán a extraer agua.

Grupos de agricultores, y también de ambientalistas, se han manifestado en contra de que la poca agua que le queda a Rosetilla se vaya, ahora sí que “por un tubo” hasta un punto fuera del estado.

En su defensa, la empresa ha informado en ocasiones anteriores que cuentan con todos los permisos para la extracción del agua. Sí, nada más falta ver si se autorizó el cambio de uso, de agrícola a industrial.

Se estima que son más de 250 litros por segundo y, en los buenos años, se trabajaba en la extracción durante las 24 horas del día.

¡Cuánta agua en pleno desierto! Y nadie ha dicho nada, nadie se pelea ni alza la voz.

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La Fiscalía General del Estado hará construir, en breve, un “Cementerio forense” para depositar ahí cuerpos de personas fallecidas que no han sido identificados ni reclamados por algún familiar.

La obra estaría a tiempo para liberar al Semefo de Juárez, que ya está tan saturado que los vecinos de las colonias circundantes se han quejado por los fétidos olores que les llegan hasta sus casas.

Según lo adelantó el fiscal César Jáuregui, se trata de uno de los primeros cementerios en su tipo, donde el cadáver no identificado sería llevado a sepultura, pero antes se le tomarían muestras de ADN por el caso de que llegase alguien a reclamar el cuerpo.

Complicada la operación, sí, pero le urge a una ciudad que promedia mil o más homicidios por año y que quedó rebasado en fechas recientes por la muerte de 28 migrantes extranjeros en el incendio de una estación del Instituto Nacional de Migración.

La situación de emergencia es tal, que la FGE se ha visto obligada a rentar camiones fríos para resguardar ahí los cadáveres sin identificación ni persona que los recoja.

La obra, cuenta el fiscal, ya está proyectada y lista para que le pongan la tradicional “Primera piedra”. Solo falta un pequeño detalle: que urbanicen la zona donde quedará instalado.

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Han pasado ya seis meses desde que se registró la más grande fuga de presos en el Cereso No.3, escape jamás antes visto en Ciudad Juárez, cuando 30 internos lograron evadirse tras ser liberados por un comando armado, en hechos que además cobraron la vida de 17 personas, entre ellas 10 custodios y siete internos.

De aquella masacre y fuga masiva, quedan aún cinco reos por recapturar, de los cuales no se tiene ni idea de dónde pudieran estar, porque desde el pasado 19 de febrero del presente año, que se dio la reaprehensión de los últimos tres prófugos, nadie ha sabido informar concretamente sobre los evadidos faltantes.

Se trata de Francisco Lucio Juárez Hernández “El Pompín”, Adán Aguirre Macías, Kevin Leobardo Molina Rodríguez, Jorge Arturo Meléndez Alvídrez, y Esteban Ramón Ruiz Pérez “El Clavos”, quienes aún gozan de la libertad indebida y de los que sólo Dios sabe dónde se encuentran.

Solamente se tiene vaga noticia de uno de ellos, de El Pompín, por declaraciones hechas por el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, el pasado 25 de mayo. Se supo que estuvo a punto se ser capturado en Coahuila, pero que logró evadir a la justicia huyendo entre las azoteas. Y párele de contar.

Son seis meses en los que ni las acciones coordinadas que mantienen las autoridades de los 3 niveles de Gobierno de manera permanente, operativos y mesas en las que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Municipal y la Fiscalía General de la República, han servido de poco, para dar con el paradero de los reos evadidos.

Ni los cientos de miles de pesos y en algunos casos hasta millones que se ofrecen de recompensa han resultado efectivos para dar con su paradero.

El asunto de las personas privadas de la libertad que se encuentran prófugas no deja de ser relevante, más aún cuando los asesinatos en la ciudad siguen al alza, ya que otra vez lograron romper el récord mensual, acumulándose 110 homicidios, en 14 de ellos las víctimas fueron mujeres, tan solo en el mes de mayo.

Que cinco reos de alta peligrosidad sigan prófugos, como si se los hubiera tragado la tierra y que la muerte siga visitando cada día más a las víctimas hasta el interior de sus viviendas, habla de la impunidad que pasa como una aplanadora imparable sobre las acciones coordinadas de los tres niveles de Gobierno.