La telenovela de la presencia de agentes extranjeros en un operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) terminó ayer su primera temporada, con la renuncia del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

En un mensaje dirigido a la gobernadora Maru Campos, pero que él mismo presentó a los medios de comunicación, el otrora pieza clave del gabinete estatal reconoció que “la regó” por dar información que no tenía debidamente confirmada.

Esa información no era otra que la presencia —o participación— de agentes estadounidenses, a quienes diversos medios han ubicado como parte de la Agencia Central de Investigaciones, la CIA, por sus siglas en inglés.

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La renuncia de Jáuregui llegó, además, minutos después de que su ahora excolaboradora, Wendy Chávez, informara los primeros avances de la investigación y confirmara que sí hubo agentes extranjeros en aquella región durante el operativo del sábado 18 y domingo 19 de abril.

Lo del ahora exfiscal no se puede leer de otra forma: cayó uno de los puntos de apoyo de la actual administración estatal y una carta fuerte del panismo de cara a las elecciones locales del año próximo.

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En la víspera del fatídico fin de semana antepasado, Jáuregui y sus operadores presumían encuestas en las que aparecía muy por delante de la diputada federal Manque Granados y del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Ahora, esos puntos de ventaja —que según él tenía— le pueden servir para poco. Como con los personajes que mueren en el último capítulo de una serie de Netflix, la participación del exfiscal César Jauregui ha terminado para esta serie política.

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Por lo visto, las relaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos siguen con la misma tersura y suavidad de un papel de lija, y de esos que se usan para limar fierro oxidado.

A pocas horas de que decidiera si acude o no al Senado de la República, la mandataria declinó hacer declaraciones y apresuró el paso para llegar hasta su oficina en Palacio de Gobierno, porque —dijo— tenía que contestar “el teléfono rojo”.

El teléfono rojo solía ser un término para referirse a la línea directa de comunicación entre la Presidencia de la República y el resto de la estructura gubernamental del país, empezando por secretarios de Estado y continuando con gobernadores o gobernadoras.

El chascarrillo de la gobernadora cae como monitos en el pastel de bodas, para acompañar aquello de que no le tomó la llamada a la presidenta Sheinbaum la semana pasada, cuando las cosas estaban color de hormiga a causa del “CIA-Gate”.

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Antes de todo este revoltijo causado por un accidente trágico donde murieron dos altos mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones y dos agentes estadounidenses, presuntos miembros de la CIA, la relación entre las dos mujeres que gobiernan Chihuahua desde sus respectivos ámbitos ya estaba, digamos, como unida con cables “pelones”, de esos que pueden sacar chispas en cualquier momento.

Maru había brillado por su ausencia en al menos dos actos encabezados por Sheinbaum en el estado de Chihuahua, así como en reuniones de seguridad a las que asistían casi todos los gobernadores. El “casi” lo aportó la de Chihuahua, absolutamente.

Luego estuvieron todos los trascendidos conocidos por los tabernáculos y cafetólogos de la política local, según los cuales, en reuniones privadas y otras “semipúblicas”, la gobernadora echaba pestes de los programas sociales del morenismo.

“Más antes”, el aparato de propaganda oficialista difundió el dato de que el nombre de la gobernadora había salido a relucir durante la presentación del exgobernador César Duarte ante el juez que conocerá de la causa por el presunto delito de lavado de dinero que le atribuye la Fiscalía General de la República.

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Lo único que puede concluirse es que ambas mujeres —una fundadora de Morena y la otra militante del PAN desde la adolescencia— no solo se siguen llevando pesado: han decidido gobernar así.

Ahí está el problema, porque cuando la relación entre dos niveles de poder se administra a base de desplantes, silencios y recados en clave, lo que está en juego ya no es la cortesía política, sino la capacidad real de coordinarse.

Porque mientras el “teléfono rojo” suena —o deja sonar—, Chihuahua no puede darse el lujo de tener a sus dos principales figuras de poder jugando a ver quién descuelga primero.

Y en esa partida, la que pierde no es ninguna de las dos: es la población en su totalidad, que paga los costos de una relación que, más que institucional, ya parece personal.

Y por lo visto, más que línea directa, lo que hay entre ambas es corto circuito permanente.

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El panismo nacional y particularmente el chihuahuense se ha vuelto fan de las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum en los últimos días.

Con eso de que ni los periodistas ni la propia presidenta han soltado el tema de la gobernadora Maru Campos, en relación con la intervención de la CIA en territorio chihuahuense y el desmantelamiento del narcolaboratorio en la Sierra, no se pierden palabra alguna de lo que ahí se dice.

Supo Mirone que el PAN le ha estado midiendo el agua a los camotes, en cuanto al nivel de dureza en sus posicionamientos contra el Gobierno federal, para evitar que escale el conflicto diplomático binacional, con la gobernadora en medio y el amago de repercusiones legales.

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Por eso, el presidente nacional canceló la conferencia de prensa ya citada en la Ciudad de México la semana pasada; por eso también la dirigencia estatal frenó un desplegado ya elaborado por el Consejo Estatal en contra del Gobierno de Sheinbaum y a favor de la gobernadora de Chihuahua.

Por la misma razón, la presidenta estatal no programó conferencia de prensa ni lunes ni martes de esta semana.

La agenda panista se trastocó completamente. Incluso se canceló el anuncio de la realización de una serie de foros temáticos que se tenían previstos para placear a los aspirantes a la gubernatura por las principales ciudades.

Después del primer zipizape de posturas, y luego de que la gobernadora se fue a la Ciudad de México a la reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las posiciones fueron más cautelosas en todos los bandos, como dando paso a una tregua o arreglo para mirar hacia adelante en materia de colaboración.

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Pero la presidenta volvió a hablar ayer del tema —como lo hizo los cinco días de la semana pasada—, desde luego a pregunta expresa, y volvió a poner el dedo en la llaga al señalar que tiene que haber una investigación para aclarar la situación, y que después podría haber una actuación de la Fiscalía General de la República o “las autoridades correspondientes”.

De alguna manera, desestimó la Unidad de Investigación Especial que creó la gobernadora, porque para ella no habría más que de dos sopas en cuanto a quién gestionó y facilitó el ingreso de los agentes de la CIA: la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o la Fiscalía General del Estado.

El tema central, desde el punto de vista presidencial, es la violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, en cuanto a que no se notificó la colaboración al Gobierno Federal y a que los agentes no tenían la acreditación debida.

Así que parece que el conflicto seguirá escalando, ya que por las palabras de la presidenta, no fue acuerdo mutuo lo de la Unidad Especial que anunció la gobernadora.

El PAN ya anda cargando la artillería, y aunque primero se pensó que la gobernadora no iría al Senado de la República a que le tendieran una celada, ayer se consideraba una respuesta positiva.

Sobre todo porque, en medio de la polémica, se generó —al menos en redes— un buen movimiento nacional de apoyo a la chihuahuense, como figura emblemática capaz de hacer frente a la 4T.

Parece que Acción Nacional aprovechará ese giro en la narrativa política nacional, favorable a la mandataria, para lo que viene en los procesos electorales y para salir mejor librados de la coyuntura actual.

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La 4T, en pleno, se le ha dejado ir a la yugular a la gobernadora y al fiscal general del Estado por la operación de agentes de la CIA en Chihuahua, y tal vez no les falte razón. Solo que se quedan cortos, porque si se trata de hacer recuento de acciones u omisiones que representan infracciones a la ley, hay alguien más que debería ser “invitado” al Senado de la República, por lo menos.

Se trata del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, estando en el cargo, repitió una y otra vez que en México no se producían drogas sintéticas a base de fentanilo, y que el país solo era territorio de paso, en el mejor de los casos.

Sin embargo, en solo dos años, el discurso oficial del Gobierno de México pasó de la negación categórica a la exhibición de cifras récord como estandarte de eficacia.

En este caso, el hecho de que autoridades estatales y federales, más agentes de otro país, encontraran un narcolaboratorio de casi 900 metros cuadrados deja dos opciones: o nunca le informaron bien al presidente, o no quiso ver y miró hacia otro lado. Y eso, por lo menos.

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En marzo de 2023, López Obrador marcó una línea de fuego diplomática al afirmar que en territorio nacional no se producía fentanilo, limitando la actividad criminal al “pastillaje” con precursores provenientes de Asia.

Con toda la evidencia en contra, en marzo de 2024 tuvo que admitir, en entrevista con CBS, que sí existía fabricación en México, aunque en cantidades “muy bajas”.

Los hechos hicieron pedazos esa afirmación. Chihuahua es prueba viva: un laboratorio enorme, que ni siquiera estaba disfrazado. No hay forma de conciliar esa realidad con la negación presidencial.

Nomás para medir el tamaño del error: entre 2022 y 2026 se han asegurado 124 unidades de LSD, más de 8 mil litros y 9 kilos de precursores químicos, 938 psicotrópicos y 187 mil 296 kilogramos de cristal.

Más aún: hasta inicios de 2026 ya iban más de 5.7 millones de unidades de fentanilo aseguradas. ¿No que no se producía en México?

Los datos son de la SSPE y forman parte de los expedientes que se comparten con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como dirían en el rancho: ¿tons, semos o no semos?

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La narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está en el polo opuesto a la de su antecesor.

En las recientes “Mañaneras del Pueblo”, el Gobierno ha presentado una cifra que hoy está en el centro del debate: 2 mil 330 laboratorios clandestinos desmantelados desde octubre de 2024.

La gráfica —presumida como “logro sin precedentes”— incluye el aseguramiento de más de 3.3 millones de litros de sustancias químicas y la destrucción de mil 176 reactores.
Lo que antes se minimizaba, hoy se reconoce como una red criminal extendida en 22 estados del país.

La contradicción es estratégica: el Gobierno Federal reconoce la magnitud del problema, pero rechaza la ayuda externa no coordinada, marcando distancia en nombre de la soberanía.

Aquí vale separar: una cosa es la intromisión extranjera y otra la rendición de cuentas interna.

Primero, lo primero: llamar a cuentas a quienes permitieron la violación de la soberanía.
Y después, a quienes dejaron que se instalara un narcolaboratorio gigantesco en sus propias narices… sin siquiera estornudar.

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Desde la semana pasada, la reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahí quedó establecido, en el artículo 115 constitucional, el tope máximo de regidurías para cualquier ayuntamiento del país: ninguno pasará de 15.

Rumbo a 2027, seguramente habrá lloradera al interior de los partidos políticos, porque se achica el pastel a repartir.

Menos huesos por distribuir en municipios como Ciudad Juárez, donde esas posiciones se pelean a morir, aunque sean los cargos más pequeños dentro de la escala electoral.

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La reducción en Juárez es del 25 por ciento, nada menos que una cuarta parte, al pasar de 20 a 15 regidurías.

Si antes batallaban en todos los partidos por esa repartición, ahora lo harán con más ganas: tanto quienes buscan espacio en la planilla ganadora, como quienes apuestan por colgarse al presupuesto público vía representación proporcional, los famosos “pluris”.

Así se concretó la reforma constitucional, pero faltan los detalles en la legislación secundaria y en las adecuaciones a las leyes electorales estatales, particularmente en la definición de cuántos espacios serán de mayoría relativa y cuántos de representación proporcional.

Actualmente, en el Ayuntamiento juarense, de los 20 espacios, 11 corresponden a mayoría relativa —electos en planilla— y 10 a regidurías plurinominales, esas que llegan al Cabildo por listas de partido.

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El Congreso del Estado ya tiene una base sólida para legislar, luego de seis años de omisiones en concretar la elección directa de regidurías por demarcación territorial.

Pero la publicación en el DOF trae otro elemento clave: la prohibición de heredar cargos a familiares no solo aplicará para alcaldías, sino también para regidurías y sindicaturas.

Quedó expresamente establecido que no podrá contender quien tenga o haya tenido en los últimos tres años vínculos de matrimonio, concubinato o parentesco en línea directa con quien ocupa el cargo.

Es el candado anti-nepotismo que se deberá cumplir en todo el país.

Y aquí es donde duele: el golpe pega directo a las familias que han manejado partidos como franquicias.

Los Aguilar, los Avitia, los Matus del Partido del Trabajo tendrán que buscar otro esquema de simulación, porque en eso —dicen— son expertos.