Ya nos había advertido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo mal que andamos en corrupción en todo el estado, desde luego que con el municipio juarense como joya de la corona.
Nos cargamos nada menos que el ignominioso primer lugar en cuanto al número de víctimas por actos de corrupción (21 mil 981 por cada 100 mil habitantes), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Pues la penosa situación se reconfirmó con el último informe presentado por el Plan Estratégico de Juárez (Así Estamos Juárez 2023), donde esa mala práctica se colocó como el problema número tres en la ciudad.
Cuando en la encuesta se preguntó a los juarenses cuáles eran los tres problemas más importantes, la corrupción apareció en el tercer lugar de las menciones (un 8.5 por ciento), nada más abajo de la inseguridad/violencia (34.9 por ciento) y la drogadicción (21.3 por ciento).
Que la criminalidad y la inseguridad se mantengan en la más alta preocupación de la población no es nuevo, con más razón si el problema nomás no se resuelve, aunque los Gobiernos inviertan en más policías y en plataformas tecnológicas. Sin embargo, llama mucho la atención la preponderancia que toma ese tema que tiene que ver con el mal uso de la autoridad o los derechos y bienes públicos que se les confían a los funcionarios.
Vaya que cala el hecho de que la corrupción sea un problema más sentido que el transporte urbano (8.0 por ciento de las menciones), lo que ya es mucho decir, cuando el mal servicio (dejando fuera el BRT) les pega a tantos miles de usuarios.
Tampoco el Covid-19 (5.6 por ciento), la pobreza (4.4), la falta de valores (4.3) y los servicios básicos (4.0 por ciento) se consideraron como un problema mayor que la corrupción.
Ni la falta de hospitales, ni de alumbrado, ni de calles pavimentadas, ni de agua potable y drenaje. Nada de eso pintó más que el nefasto cáncer social que carcome todas las instituciones.
En cuanto a percepción, el 49.8 por ciento de los juarenses consideraron que la actual administración municipal realiza con frecuencia o mucha frecuencia actos de corrupción.
Además, el 55 por ciento de los encuestados señaló que el Gobierno Municipal nunca o pocas veces toma en cuenta a la ciudadanía. Aquí sí hay que aclarar que el Gobierno del Estado quedó peor evaluado, ya que el porcentaje de los que se consideraron ninguneados se elevó al 75.8 por ciento.
Como quiera que sea, en verdad que a este Don sí le da vergüenza cómo se ha ido normalizando la corrupción en Juárez. ¿Y los funcionarios y los gobernantes? Bien, gracias. Su cinismo no les da para sentir ni tantita pena.
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El hallazgo de cuerpos torturados, mutilados, envueltos en cobijas o bolsas de basura, se ha convertido en un acontecimiento tan cotidiano como alarmante en nuestra ciudad.
Es constante la presencia de cadáveres, tanto de hombres como mujeres que han sido víctimas de la imparable ola de delincuencia.
En lo que va del año suman ya más de 480 asesinatos, cerca de 90 de ellos en el presente mes de mayo. En muchos casos, las víctimas han sido encontradas tiradas en predios donde no existen ni alumbrado, ni medidas de vigilancia.
Ninguna autoridad ha encontrado la manera de ponerle freno a la tragedia que mantiene a Juárez como una de las urbes más peligrosas y violentas del mundo, por encima, incluso, de países donde se viven conflictos armados.
Los escenarios dantescos no dejan de sorprendernos a cada amanecer. Lamentablemente se encuentran normalizados por los distintos órdenes de Gobierno, que solo salen a presumir las bajas en la percepción de violencia.
Las autoridades suelen atribuir las muertes –impunes en su mayoría–-, a pugnas entre grupos delincuenciales que se disputan el trasiego de droga y el tráfico de personas, como si eso le restara impacto.
Niños y jóvenes estudiantes, adultos que salen a trabajar y ganarse la vida honestamente, son quienes que tienen que cruzar a diario por grandes brechas en terrenos baldíos al suroriente de la ciudad, principalmente para acortar su camino a encontrar el transporte o las escuelas y se encuentran a su paso con los cuerpos sin vida, en estado de descomposición o calcinados.
¿Dónde están la estrategia y los ajustes en materia de seguridad que se supone afinan semana a semana en las mesas de coordinación?
No únicamente fallan la prevención y la persecución de los delitos. El que nos encontremos cada día en lotes baldíos a esas personas asesinadas, habla de la nula aplicación de los reglamentos en materia de Desarrollo Urbano y Limpia, por citar algunos, que deberían poner en orden a los dueños de esos predios que continúan usándose como basureros y cementerios clandestinos.
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Tal parece que ya hicimos enojar a los gringos, y más precisamente a los texanos, por no haber hecho los pagos correspondientes al cumplimiento del “Tratado de aguas” que compromete a los dos países a hacerse entregas de ese recurso a través de diversas cuencas.
Concretamente, están enojados por el manejo que el Gobierno mexicano le ha dado al agua de que dispone en el estado de Chihuahua, la cual, dicen, la han usado para abastecer a sus agricultores, en vez de enviarla al río Bravo, en pago al dichoso tratado.
El comisionado de Calidad Ambiental de Texas, Bobby Janecka, envió en abril pasado una carta a la parte estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unido, la CILA, para pedirles que presionen a México para que paguen lo que deben.
La carta del furibundo comisionado dice, a la letra: “Me he enterado de que hay discusiones por parte de nuestros homólogos mexicanos que afirman que la sequía extraordinaria es la causa de incumplimiento al final del ciclo actual, el 24 de octubre de 2025…”.
Agrega: “estamos profundamente preocupados por estas afirmaciones, especialmente dadas las asignaciones de agua a los agricultores chihuahuenses. Por lo tanto, le insto a impugnar cualquier reclamo de México que cite una sequía extraordinaria como causa de incumplimiento”.
Ya se enojaron, pues, y quieren el agua para ayer. Se pusieron en modo de abonero y no se van a quitar de la puerta hasta que les entreguen el pago correspondiente.
El problema, al menos uno de ellos, es que Chihuahua, en efecto, ha sufrido dos años seguidos de intensa sequía y sus presas más importantes están al mínimo de su capacidad desde que se llevan registros.
Cifras de la CILA nos indican que el “abonero” que nos cobra el agua pide el pago de unos mil 200 millones de metros cúbicos (Mm3), derivados de una deuda por impago que se acumuló en los últimos años.
Y por si algo faltara, en el 2025 culmina el ciclo quinquenal 36, en el cual se debería pagar un volumen total de 2 mil 160 Mm3.
Queda el agua de la presa El Granero para abonarles. Está más-menos al 80 por ciento y tiene buen almacenamiento para entregar el abono. De su almacenamiento no depende ningún distrito de riego ni es fuente de abastecimiento para ningún centro urbano. Pero, de que se va a alborotar la gallera si le abren a esa presa, ni duda cabe.
Ahora que podemos intentar no pagarles y dejar que siga creciendo el enojo de los texanos con Chihuahua. A ver cómo nos va.
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Ahora que hemos podido ver las “hazañas” de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de las personas de origen extranjero que pasan por nuestro país para tratar de llegar a los Estados Unidos, bien vale la pena detenerse un momento a ver el estudio de la Universidad del Valle de México sobre ese fenómeno.
En particular, el estudio denominado “Perspectivas sobre las personas migrantes, su trayectoria y estancia en el territorio mexicano”, presenta la forma cómo los mexicanos percibimos a los viajeros que vienen de otros países, particularmente de Centroamérica, de camino hacia el vecino país.
Contrario a lo que podría pensarse, y a la versión que han difundido las propias autoridades migratorias, la gente en general ha aumentado su empatía hacia esos viajeros y ha reducido el rechazo hacia la posibilidad de que se queden en México.
En concreto, la pregunta que parece englobar toda la percepción de los nacionales hacia los “internacionales” gira en torno a si estamos de acuerdo en que pasen por la nación mexicana de camino a otro país; que pasen, pero se vayan de inmediato, o que entren y, si es el caso, se queden.
Los resultados son en verdad sorprendentes, porque el 58 por ciento dice: “No me disgusta que personas migrantes transiten por México para llegar a otro país y tampoco me disgusta que decidan quedarse”.
Es casi un 60 por ciento de los abordados en el estadio de la UVM los que dicen no tener problema en que pasen y, si quieren, se queden.
Otro 26 por ciento, un poco menos “pasalones”, dice: “Me disgusta que personas migrantes decidan quedarse en México, pero no me disgusta que transiten para llegar a otro país”.
En ambos casos, podría decirse que ese grupo, abrumadoramente mayoritario, no tiene mayor problema en que lleguen personas de Guatemala, Honduras o El Salvador –de donde provienen la inmensa mayoría de los migrantes, según el mencionado estudio– y tampoco expresa mayor euforia hacia las políticas aplicadas por el INM en fechas recientes, de tomarlos y devolverlos a su país así, sin decir “agua va”.
Pero, como lo hemos comentado en este mironiano espacio, las huestes de Francisco Garduño Yáñez, el mero titular del INM, andan desatados deteniendo a los migrantes que cruzan por el estado de Chihuahua, a los que detienen (“rescatan”, dicen ellos) y casi de inmediato los mandan de regreso a Tapachula, Chiapas, para su posterior deportación a su país de origen.
Las olas de migrantes siguen llegando y, por lo visto en el documento de la UVM, la población mexicana, que también migra con frecuencia, no los ve con tan malos ojos.