Las dudas y la incertidumbre marcan hoy el inédito proceso estatal que llevará a la jornada del 1 de junio para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial en Chihuahua.

A contrarreloj se han ido construyendo las reglas del juego y sobre la marcha se están tomando las decisiones y definiciones por parte de la clase política que sigue teniendo la sartén por el mango, aunque la reforma siempre se vendió como necesaria para despolitizar la justicia.

¿Quiénes y cómo lograrán llegar a la boleta electoral para ser candidatos a jueces y magistrados? Es ahora la pregunta central, sobre todo entre los propios actores del sistema judicial y los interesados en el proceso estatal derivado de la armonización con la reforma federal que introdujo la elección de personas juzgadoras por voto popular.

En la elección estatal extraordinaria del 1 de junio habrá 305 cargos en disputa. Son 30 magistraturas y 270 personas juzgadoras de primera instancia y de menores. Además, están las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que sustituirá las funciones de la Judicatura.

En la convocatoria que abrió el registro de aspirantes el 14 de enero para cerrar diez días después, hubo un total de 2 mil 735 registros en las tres plataformas que se habilitaron, una por cada uno de los tres Poderes: Ejecutivo (815), Legislativo (906) y Judicial (1,014).

Hay quienes se inscribieron en una, en dos o en las tres plataformas, así que la totalidad de aspirantes es menor a la suma de las tres cifras.

Ya estaba abierta la convocatoria para los registros cuando de manera simultánea se integraban los comités de evaluación de cada uno de los Poderes. Cinco personas expertas en Derecho por cada Poder.

No hubo en su conformación un procedimiento abierto y transparente. En el caso del Legislativo se dio una negociación entre los coordinadores de las fracciones partidistas y Morena propuso dos nombres, el PAN otros dos y el PRI un quinto nombre.

Todos argumentaron por igual que se trató de perfiles técnicos que nada tienen que ver con la política partidista. Sin embargo, a partir de ahí surgió otra de las grandes dudas del proceso. ¿En verdad los integrantes del Comité de Evaluación harán su tarea sin injerencia de los actores políticos que los propusieron para que pasen a la siguiente fase los perfiles más idóneos?

Lo mismo aplica en los comités de los otros dos poderes. Tratándose del Judicial y del Ejecutivo, se conoció que la operación para su integración se aprobó desde Palacio de Gobierno.

Aunque hay incluso representantes de organismos autónomos integrados a los Comités, tampoco es desconocido que en su momento su designación o elección pasó por la negociación política, la imposición de una mayoría partidista o la aprobación final del Ejecutivo que siempre ha tenido prominencia sobre los otros poderes.

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Lo que se establece en la convocatoria y en la nueva legislación es que los Comités de Evaluación de cada Poder, por separado, verificarán que las personas aspirantes reúnan los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, a través de la documentación que presenten.

Los principales requisitos son los siguientes:

• Contar con título de licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, relacionadas con el cargo al que se postula. Para el caso de magistrado, deberá contar además con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura.

• Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

• Haber residido en el estado durante el año anterior al día de la publicación de la respectiva convocatoria.

• No haber sido persona titular de una Secretaría de Estado federal o local, Fiscalía General de la República o de la entidad, senador, diputado federal o local, ni persona titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de la publicación de la respectiva convocatoria.

• No estar inscrito en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua, ni en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de conformidad con la legislación aplicable.

• Presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifique los motivos de su postulación, así como la remisión de cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Cada Comité definirá en un primer quiénes cumplieron los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, y deberá publicar un listado de las personas acreditadas a más tardar el próximo 12 de febrero.

Luego vendrá la evaluación de los mejores perfiles. Los integrantes de los Comités podrán decidir a quién entrevistan y a quién no, para completar su valoración.

Los Comités evaluarán a las personas aspirantes considerando los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, la distinción por su honestidad, buena fama pública, competencia, antecedentes académicos y profesionales, todo en el ejercicio de la actividad jurídica o en la impartición de justicia.

¿Cómo decidirán si alguien cumple debidamente con tener buena fama pública? No hubo definición al respecto, así que la decisión será subjetiva y discrecional.

La convocatoria especificó que la matriz de evaluación será contabilizada de la siguiente manera: méritos académicos con 40 puntos, méritos de experiencia profesional con 30 puntos y 30 puntos más para honestidad y buena fama pública.

¿Revisarán con sus propios criterios ese cumplimiento los integrantes de los Comités, o se basarán en listas negras o de candidatos palomeados para hacer ese filtro?, es otro de los cuestionamientos que inevitablemente surgen.

Ese tamizaje debe llevar a la integración de una lista de diez personas para cada uno de los 305 cargos en disputa, por cada uno de los Comités. Serían de alguna manera las personas semifinalistas. En esa conformación está plasmada la obligatoriedad de considerar la paridad de género.

No faltan quienes sigan pensando que el poder es para poder, que nunca hay que dejar cabos sueltos y que siempre debe de haber operación política. Con más razón cuando cada acción está ubicada hoy, prematuramente, en la dinámica electoral del 2027 y ninguna fuerza partidista quiere quedarse fuera la jugada.

Después viene la depuración final por medio de la insaculación. Esa parte también plantea varias dudas. ¿En verdad se dejará al azar? ¿Habrá manera de manipular o simular esa insaculación? ¿Se utilizará algún sistema de cómputo o aplicación? Nada se especificó sobre el método a utilizar. La tómbola con esferas, en evento abierto, es hasta ahora la forma que más certezas ha generado, aunque no deje de provocar suspicacias.

Después de la insaculación, cada Comité postulará hasta tres personas aspirantes por cargo para magistrados, mientras que, para jueces, hasta dos aspirantes.

Cada listado, ya aprobado, se enviará a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado a más tardar el 21 de febrero, instancia que subirá los nombres ante el Pleno para su votación y aprobación antes del 24 de febrero.

Desde la convocatoria se especificó que las personas juzgadoras que se encuentren en funciones al cierre de la misma, serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria 2024-2025, excepto las que manifiesten la declinación de su candidatura.

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Quienes más cerca estén del Poder en general y en particular de quienes están tomando las decisiones actualmente en los tres Poderes, seguramente tendrán más posibilidades de llegar hasta las boletas, o por lo menos hasta la insaculación.

De ahí que por distintas vías y medios se ha estado identificando a las figuras más conocidas que aparecen en los registros.

De alguna manera son las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, las que tienen mayor jerarquía, o serían las más peleadas.

Ahí destacan varios nombres por su actual o reciente actividad pública. Por ejemplo, está Francisco Javier Acosta Molina, militante panista que fue funcionario en el gobierno de Javier Corral, aunque brincó a tiempo al equipo de María Eugenia Campos y luego alcanzó un lugar en la Judicatura estatal.

Más o menos ocurrió igual con el abogado Francisco Javier Corrales Millán, quien del Gobierno del Estado pasó a ser director jurídico en el Gobierno Municipal de Marco Bonilla.

Tenía un cargo menor, pero escaló cuando el anterior director, Roberto Fuentes Rascón, subió a la Secretaría del Ayuntamiento, también con Marco Bonilla, aunque también había sido funcionario corralista.

El propio Roberto Fuentes se registró para magistrado en materia Civil. Antes de ingresar a la Administración estatal y después a la municipal, el hoy secretario del Ayuntamiento fue responsable jurídico del PAN estatal, donde además llevó la representación ante los órganos electorales.

Si hablamos de reconocidos militantes panistas cercanos al poder y los cargos públicos, también está el juarense Ulises Pacheco, quien fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y actualmente es director de Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Apenas en el 2022, Pacheco perdió la elección interna en el PAN, cuando buscó la presidencia del Comité Municipal.

Si continuamos en el Tribunal de Disciplina Judicial, también llama la atención el nombre de Blanca Gabriela González, quien es secretaria ejecutiva del Ichitaip, cargo al que llegó con el aval del grupo político en el poder.

Ahí también aparece el nombre de Eleazar Flores, quien fue secretario particular de José Miguel Salcido Romero, uno de los expresidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En cuanto a magistraturas, también destaca el nombre de Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, hijo del magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes. El aspirante a ocupar una Sala Civil, es actualmente magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral. Su padre estuvo siempre vinculado al PRI, partido por el que fue diputado local. Sepúlveda Reyes es magistrado de la Cuarta Sala Familiar, pero incluso presidió en algún momento el Poder Judicial.

En la lista de registros se encuentra Andrés Pérez Howlet, coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno del Estado, ahí donde despacha como titular Santiago de la Peña. Pérez Howlet, quien ya fue regidor por el PRI en la capital del estado, pretende convertirse en magistrado de una Sala Civil.

Con jugada política actualmente en el Congreso del Estado, donde funge como titular de del Instituto de Estudios e Investigación Legislativa, está Jorge Neaves Chacón, quien ya fue diputado por el PRI. Pretende ser candidato a magistrado en materia Civil.

Hay otras figuras que nadan entre el PAN y el PRI, y que hoy no tienen cargo público, pero sí antecedentes de operación política y de cercanía con los tomadores de decisiones. Ahí entra el funcionario estatal y ahora litigante, Ricardo Tuda Vargas, quien también busca una Sala Civil.

Si seguimos por el lado del tricolor, otra figura que destaca es la de Georgina Zapata, quien ya fue diputada federal y local. Es la hija del sempiterno dirigente de la CTM en Chihuahua, Jorge Doroteo Zapata. Ella quiere ser magistrada, pero en una Sala Familiar.

También aparecen nombres que de alguna forma pueden identificarse del lado de la 4T, o al menos que no forman parte del grupo político que ejerce mayor control en los tres poderes, como la jueza Alejandra Ramos, quien busca una magistratura en Sala Penal.

De la misma manera, para el Tribunal de Disciplina está registrada Elvia Mata, a quien anteriormente se le vinculó con Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura que había llegado ahí con el empuje de Javier Corral; igualmente la abogada feminista Érika Mendoza García, quien busca una magistratura Familiar.

Para el peleado Tribunal de Disciplina, también llama la atención el nombre de Fernando Ávila González, quien ha participado recientemente como representante en Chihuahua de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Hay nombres vinculados con la magistrada Adela Jiménez y el magistrado Leo Alvarado, quienes recientemente organizaron una reunión con la senadora por Morena, Andrea Chávez. En ese caso aparece Érick Parada, quien busca una magistratura en Sala Civil y estuvo en aquel encuentro que desató tanta polémica.

Por la misma línea en busca de magistratura estatal, está el magistrado presidente de la Sala Regional Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Luis Reyes Portillo.

Por todos lados hay nombres vinculados al ejercicio del poder y la política. Está el caso de Nadia Hanoi Aguilar Gil, integrante de la familia Aguilar, la dueña del Partido del Trabajo en Chihuahua.

Hanoi fue diputa local y regidora en el Ayuntamiento de la capital; hoy es colaboradora del gobierno panista de Marco Bonilla, como coordinadora de la Secretaría del Ayuntamiento, ahí donde despacha Roberto Fuentes Rascón.

Hay además cientos de nombres de aspirantes que ya forman parte del Poder Judicial y también se registraron, se preparan para las evaluaciones, pero al mismo tiempo cabildean entre los grupos de poder interno en busca de una garantía para pasar los filtros.

Se trata primero de resolver el reto de llegar hasta la insaculación. Ya será después cuando busquen respuestas para las preguntas finales, si es qué consiguen aparecer en la boleta electoral.

¿Cómo van a hacer campaña y qué tendrán qué hacer para ganar la elección? ¿Qué estructuras electorales se van a movilizar y con qué recursos para hacer la diferencia el día de la votación? Esas dudas también las tendrán que despejar sobre la marcha.