Resulta que el recién nombrado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Javier González Mocken, sí tiene experiencia en la materia, pero en atender, como funcionario, múltiples recomendaciones en su contra.

El panista que fue priista y también morenista fue objeto de 14 recomendaciones, hechas por el organismo que ahora encabeza, 12 cuando ocupó el cargo de presidente municipal en esta ciudad fronteriza entre 2015 y 2016, así como un par más cuando fue secretario de Educación y Deporte en 2021 y 2022.

Entre los reclamos que mantienen Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por la “designación” del “chapulín” González Mocken, está el hecho de que desdeñó una recomendación del 2016 en su contra, realizada por el mismo organismo que ahora encabeza.

La mayoría de las recomendaciones que acumuló giran en torno a violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de la cual era el mero mero en su calidad de alcalde cuando suplió a Enrique Serrano Escobar.

Entre todas, los activistas destacan la recomendación 54/16, relacionada con el todavía polémico Plan de Movilidad Urbana (PMU).

La CEDH le pidió a González Mocken no recibir esa obra hasta que la empresa o empresas responsables de su ejecución subsanaran las omisiones o defectos que fueron exhibidos por los quejosos, integrantes de Plan Estratégico de Juárez, Juárez Limpio y Villa Integra; además, lo instó a que el PMU estuviera acorde a los tratados, leyes y reglamentos en la materia a favor de las personas con discapacidad.

La petición se fundamentó con el argumento de que personas con discapacidad y asociaciones civiles se quejaron de negligencia e irregularidades en la operación del PMU, luego de que funcionarios municipales omitieron supervisar las obras de pavimentación, cuyas especificaciones violaban el derecho al libre tránsito de personas con discapacidad.

Los quejosos registraron la construcción deficiente de algunas rampas de acceso para discapacitados y omisiones en la forestación. También que dejaron obstáculos, como postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Teléfonos de México (Telmex) y de alumbrado público sobre las banquetas de algunas de las obras viales.

¿Y qué hizo el ahora precursor de los derechos humanos? Pues recibió esas obras al final de su periodo como alcalde y hasta creó un Consejo Ciudadano para supervisar la millonaria obra, recordaron a Mirone los enojados críticos del nuevo zar derechohumanista.

También señalaron que el acto se concretó en las instalaciones del notario público, Héctor Arcelús Pérez, quien –sospechosamente– fue uno de los codiseñadores del PMU cuando trabajó en la administración municipal de Héctor Murguía Lardizábal, autor de la costosa obra. Entre ellos mismos, dicen los molestos activistas, cerraron el círculo y quienes la sufren, son las personas con alguna discapacidad, además de que la ciudad sigue cargando esa deuda.

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Tremendo lío el que se ha formado en la avenida Tecnológico, una de las principales vialidades de la ciudad, con los trabajos de reposición de válvulas por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Aunque desde el domingo comenzaron las maniobras, fue ayer lunes cuando el caos vial se dejó ver en su apogeo, formándose filas kilométricas en el cruce que forman la citada Tecnológico con la avenida Vicente Guerrero.

Si bien nadie discute que los trabajos sean necesarios y urgentes para el buen funcionamiento del servicio, a Mirone le llegaron reclamos de los lectores en el sentido de la desafortunada decisión de llevarlos a cabo cuando la ciudad se reactivó luego del periodo vacacional.

¿Qué les costaba a quienes llevan a cabo la planeación de las obras, haberlas programado durante los días de asueto con motivo de la Semana Santa? En eso coincidieron quienes participan en las redes de Norte Digital.

Otros más, criticaron el hecho de que, a diferencia de la vecina ciudad de El Paso, donde se llevan a cabo los trabajos de manera nocturna, cuando el flujo vehicular baja su intensidad, aquí, por el contrario, solo se labora en las horas del primer turno, justo cuando la gente anda con mayor apuro para llegar a las escuelas o centros laborales.

Por si fuera poco, los elementos de Seguridad Vial no se vieron por la zona, salvo a las horas que implementan el Operativo Crucero para auxiliar el flujo de quienes van a la escuela.

Algo deberán ingeniarse de manera urgente las autoridades para que esta situación no termine en crisis mayores, como pueden ser los altercados entre automovilistas, que aparte de que andan conduciendo como alma que lleva el diablo, también están incrementando su nivel de agresividad.

Ahí les encargamos, porque ya dijeron que estas obras continuarán por lo menos hasta el domingo. Así que, por lo pronto, los ciudadanos deberán de armarse de paciencia.

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El 11 de abril pasado, once familias completas, incluidos niños y adolescentes procedentes de distintos países de Sudamérica, llegaron a Ciudad Juárez en calidad de migrantes con intenciones de buscar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

Su viaje, sin embargo, quedó interrumpido por las acciones del Instituto Nacional de Migración, el INM, porque los retuvo y prácticamente de inmediato los abordó en un avión que los llevó a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, desde donde se les enviaría –si no es que ya lo hicieron– de regreso a sus lugares de origen.

Eran familias procedentes de Bolivia, Brasil y Colombia, a quienes no se les permitió siquiera tramitar las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, previstas en el reglamento de la Ley Nacional de Migración que rige en el país.

Si ya la retención y devolución de personas de manera inmediata es un quebranto a la legislación mexicana, peor aún es que se haya violado el permiso para permanecer al menos cinco días en territorio mexicano. Que sepamos, a la fecha, Chihuahua sigue siendo territorio mexicano.

Nos comentan personas cercanas al suceso que el mero responsable del traslado de las familias es Uriel de Jesús Moreno Castro, subdirector de Control y Verificación Migratoria, acantonado en Juárez.

Él tiene antecedentes y denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas cuando fue jefe de la Policía Estatal de Hidalgo.

Acciones como esa representan una trasgresión a la legislación mexicana en materia de derechos humanos de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en migración, señaló la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que ya envió una carta dirigida a diversas autoridades en la cual denuncian los hechos antes descritos.

El problema, según mencionan, es que no se trata de un hecho aislado, sino que la deportación “exprés” forma parte de toda una estrategia conjunta instrumentada por los Gobiernos estatal y federal para contener la llegada a Chihuahua de viajeros extranjeros que buscan arribar a la entidad con el fin de cruzar hacia los Estados Unidos.

Por lo visto, se las cumplieron a los migrantes: no los quieren en Chihuahua y así como anden, sin “viriguar”, como diría el general Villa, los van a regresar. Trumpismo sin Trump.

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Los partidos políticos y coaliciones entregaron ya las listas de candidaturas con las cuales otorgan espacios por acciones afirmativas a personas de diversidad sexual.

Se trata de un requisito que obliga a reservar espacios para la inclusión social de minorías que anteriormente quedaban relegadas de las candidaturas o sin una representación en específico.

Son, en total, 94 personas registradas con ese concepto de “Personas de la diversidad sexual”, de las cuales, diez van por diputaciones de mayoría, entre propietarios y suplentes;

Otras siete quedaron registradas como aspirantes a una diputación de representación proporcional.

Entre ellas, figura el nombre de Jael Argüelles, quien actualmente es diputada local, en sustitución de quien fuera la titular, Deyanira Ozaeta. Originalmente, representaba al Partido de Trabajo en el Congreso del Estado, pero luego renunció a esa militancia y se integró al grupo parlamentario de Morena, partido que ahora la postula, pero por la vía plurinominal.

Otras 66 personas van por regidurías en calidad de mayoría; seis más, de representación proporcional y solo una fórmula de titular y suplente ha sido postulada para una presidencia municipal.

El partido estatal México Republicano registró a 18 candidaturas en esa condición, mientras que Movimiento Ciudadano lo hizo con 19. La coalición Morena-PT quedó con 14 registros.

Falta ahora esperar que los partidos hayan reservado lugares para otras comunidades, como los pueblos originarios o las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Avisados estaban, así que no les queda otra más que cumplir con esos requisitos, que ya son artículo de ley.