En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un tema se comenta mucho en radio pasillo y ha llegado a las redes y a los chats no oficiales de estudiantes y maestros.

Se trata de la salida forzada de René Soto López, quien se desempeñaba como coordinador de la carrera de Derecho en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

La historia se fue conociendo a partir de lo que publicó una alumna de Derecho en su perfil de Facebook. En algún restaurante, bar o cafetería, se tomó la selfie en el reflejo del espejo, cuando era abrazada por su pareja.

Su pareja es (o era) el catedrático ya señalado, quien fue su maestro, pero además su jefe, ya que ella estaba haciendo su servicio social en la Coordinación de Derecho, en el cual él era el titular.

La imagen la viralizaron otras y otros estudiantes, cuestionando el actuar de los profesores que abusan de su posición de poder y de sus cargos para mantener relaciones con sus alumnas. Otras publicaciones cuestionaban, pero el actuar de la alumna, al acusarla de pretender escalar posiciones, o por aceptar o repetir esquemas de control machista.

Y como Soto López tiene historial de más relaciones de pareja con alumnas universitarias, el escándalo creció y terminó con su salida, aunque oficialmente nada se ha informado sobre el tema. El abogado simplemente dejó de ir a la Coordinación de Derecho.

El asunto ha sacudido a la comunidad universitaria, porque Soto López tiene ya varios años de ser parte de ella y claro que cuenta con amigos y amigas, también porque es hijo, nada menos que del abogado general de la UACJ, René Soto Cavazos.

Por lo que se ve, en la UACJ alguien determinó que el horno no está para bollos en este tipo de temas, luego de la sacudida que acaba de ocurrir en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por los casos de acoso sexual por parte de profesores.

Ya se armó la discusión en algunos espacios. “La UACJ no es lugar para moralismos rancios, sus decisiones deben tomarse con base en el derecho”, escribió en sus redes otro conocido abogado y docente de la UACJ, Carlos Gutiérrez Casas, respecto a cómo terminó (hasta ahora) el caso.

“Que los dejen andar con las alumnas a gusto, ¿verdad? A lo que aspiran la mayoría de los maestros, haciendo referencia al derecho a la libertad, cuando se sabe que es una relación asimétrica y de poder, tampoco se trata de vender la idea moralista del amor, claro que hay casos de amor espontáneo entre dos personas adultas a las que se les puede llevar muchos, muchos años, pero tampoco se trata de abanderar una causa que no amerita ese grado de honorabilidad, ya que este suele ser el perfil de agresores al utilizar una plataforma de poder”, le respondió alguien más en su post y desde luego que se armó (y sigue) el debate.

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Publicamos ayer que la abogada Silvia Rocío Delgado, quien fue parte de la defensa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es candidata a jueza penal para el Distrito Bravos en la elección estatal extraordinaria de personas juzgadoras.

También publicamos que era conferencista y había publicitado un evento sobre el tema de sexualidad sin tabú.

La abogada que tiene asignado el número 12 en las boletas electorales hizo publicaciones en sus redes ayer y aprovechó lo señalado aquí para seguir promocionándose.

“Todos mis clientes son igual de importantes, razón por la cual, cuando reuní los requisitos para esta convocatoria, experiencia y mi modo honesto de vivir, no fue necesario resaltar ninguno; sin embargo, esto demuestra que tengo carácter y temple que se necesita para juzgar”, escribió la abogada en la publicación en la que pidió el voto para la elección del 1 de junio.

Aseguró además que, como conferencista, está certificada por Maxwell Leadership Español.

En sus propias redes, recibió mensajes de apoyo de sus conocidos. En las redes de Norte Digital, hubo varias posiciones encontradas.

“No sé de qué se extrañan; en la convocatoria se pidió como requisitos que fueran abogados y los abogados defendemos delincuentes e inocentes Para eso nos pagan, para llevar un debido proceso. El delincuente tiene derechos y el inocente con mayor razón” publicó el usuario Medrano Mar.

No faltaron lo comentarios de quienes en general han descalificado la Reforma Judicial o de quienes la relacionan con el tema del narcoestado y la narrativa de una vinculación con la 4T.

“Lo que viene, impunidad al por mayor y mejor delincuencia organizada”, escribió Sergio David Sepúlveda. “Qué tal, efectivamente lo que iba a pasar, por si fuera poco, lo que hay en este país”, señaló Omar Aguilera. “Y así se consolidará el Narco-Estado”, agregó Lalo Torres.

Otros simplemente consideraron que, si a alguien no le parece, vote por cualquiera otra de las candidaturas, ya que por eso hay distintas opciones.

Alguien más escribió que en el caso de Silvia Delgado no definiría darle el cargo o negárselo “por haber sido la abogada de El Chapo, sino por cómo terminó su defensa”

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Quien cumplió lo que había anunciado la semana pasada, fue la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez.

La juarense volvió a colocar en el paredón a la senadora morenista Andrea Chávez, frente a medios de la Ciudad de México, donde fue presentada la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

Ni modo que vaya a actuar en contra de la juarense la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, pero el tema seguirá mediáticamente y permanecerá en la agenda al menos otros dos años y medio.

Tampoco quiere decir que no haya elementos para configurar alguno de los 15 supuestos delitos que se señalaron en la denuncia de hechos.

Por lo que explicó Roberto Gil Zuarth, el exsubsecretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón que ofreció su despacho para atorarle a la denuncia, lo que podría tener más sustancia, o no tendría saque si se aplicara la ley, sería la defraudación fiscal.

La propia Andrea Chávez reconoció en su momento el apoyo de las unidades médicas como un donativo en especie “del sector empresarial” con impacto en su patrimonio personal que sin embargo, nunca fue declarado de manera alguna. Después reconoció que el empresario dueño de las flotillas era su amigo.

Es un apoyo que cuesta muchos millones de pesos que, al no ser declarado ni clarificado en su origen, bien pueden derivar en un enriquecimiento ilícito, otro de los presuntos delitos que van en la denuncia.

Muy de la mano está la presunción de una operación con recursos de procedencia ilícita y el tema de la delincuencia organizada, ya que según Gil Zuarth, está plenamente acreditado el concurso de al menos tres personajes: Andrea, el senador Adán Augusto López y el empresario Padilla Farfán.

Retomó el abogado los datos del segundo reportaje de Latinus, para señalar que Padilla se ha beneficiado con al menos 2 mil 500 millones de pesos en distintos contratos de Gobiernos morenistas vinculados con Adán Augusto, en materia de servicios de salud y obra pública.

Al identificar a Andrea Chávez como servidora pública que recibe favores de un contratista, enmarcó ahí los otros delitos de corrupción que podrían ser el cohecho y el peculado, aunque no explicó los elementos para irse por ahí, ni detalló el catálogo de los 15 presuntos delitos.

El abogado que ya fue varias veces legislador por el PAN, se puso político y en términos genéricos habló de un “robo perfecto” y de que lo que pasó en Chihuahua “es probablemente el mayor escándalo de corrupción política del que tengamos memoria”.

En la presentación de la denuncia y en la rueda de prensa, Daniela fue arropada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y por algunas influyentes legisladoras como Kenia López Rabadán y Mariana Gómez del Campo.

Tampoco se perdieron el show, el senador Mario Vázquez y las diputadas federales de la ciudad de Chihuahua, Rocío González y Manque Granados.

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Por terrenos tricolores, le están sacando los muertos del clóset al ungido como próximo dirigente del Comité Municipal del PRI, Alberto Reyes Rojas.

Como más de tres priistas andan encorajinados por la manera en que se excluyó a Manuel Dick Alarcón de la presidencia del PRI de Juárez, pusieron su mira en Reyes Rojas, al único que por instrucciones de Chela Ortiz y Alejandro Domínguez, le fue validado su registro.

Resulta que el exregidor y dirigente de la CNOP, anduvo operando la pasada elección para el Partido México Republicano.

Según lo que le cuentan a Mirone, hubo ahí una operación encubierta, ideada entre políticos tricolores y azules, manejada desde Chihuahua para que el PAN tuviera en el PMR un partido satélite, para todo lo que se pudiera ofrecer en el 2027.

Esa versión coloca el plan que resultó fallido en manos del panista César Jáuregui y el priista Eloy García Tarín. Jáuregui trae buena alianza con tricolores y como muchos de esos liderazgos no necesariamente andan bien con los cuadros formales del PRI, se pensó en fortalecerse al interior de otro siglado conservador, como lo era el PMR.

El que haya perdido su registro como partido, esa es otra historia, el punto aquí es que, bajo cuerda, Reyes Rojas realizó un trabajo electoral para ellos, y eso es lo que ahora están poniendo sobre la mesa los priistas que no están conformes con su designación.