Tras la tragedia de los 55 centroamericanos fallecidos en Chiapas, la senadora Kenia López Rabadán puso el dedo en la llaga al pedirle su renuncia al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por violentar los derechos de los migrantes y propiciar el tráfico de personas.
Mirone ha publicado en varias entregas, que los traficantes de seres humanos no actúan solos, sino con complicidad y protección de autoridades policiacas y de la Guardia Nacional, pero sobre todo del Instituto Nacional de Migración.
Lo han denunciado los mismos migrantes que han sido rescatados, hacinados en condiciones infrahumanas en viviendas de la capital del estado y de esta frontera. Lo han revelado también a los agentes federales de la Border Patrol cuando son interceptados en territorio estadounidense.
En su programa “La Contramañanera”, la legisladora panista se refirió al INM como una institución inhumana e indolente, y acusó que alguien de esa dependencia se está haciendo “asquerosamente millonario” con la migración ilegal.
«¿Vale la pena preguntarles quién se está enriqueciendo con la vida los migrantes? ¿Quién está permitiendo que los tráileres pasen por los retenes y no se protejan los derechos humanos de los migrantes?», expuso en su programa del lunes, en clara referencia al accidente del tráiler que volcó en una carretera de Chiapas, con 166 personas en su caja.
El valiente posicionamiento de la senadora se da precisamente cuando las autoridades migratorias mexicanas, y de la Guardia Nacional, se lavaron las manos por el trágico accidente y el canciller Marcelo Ebrard formó un grupo multinacional, con cinco países, para combatir la red internacional de traficantes de humanos.
¿Esa investigación tocará al titular del INM ahora que fue balconeado a nivel nacional por la senadora López Rabadán, o también le buscarán una cortina de humo como a los retenes de la Guardia Nacional?
Por lo pronto muchas voces incluyentes, como la de Kenia, se están haciendo escuchar para que la tragedia del tráiler de Chiapas no quede impune, como quedó la masacre de San Fernando, Tamaulipas, del 22 de agosto de 2010, donde fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes a manos de los Zetas, y hasta ahora es tiempo de que nadie ha sido llevado ante la justicia.
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Mucho ruido hizo ayer la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que está de acuerdo en que César Duarte se apegue al concepto de testigo protegido, o criterio de oportunidad, ante la Fiscalía General de la República, siempre y cuando suelte la sopa sobre todos sus cómplices en las tranzas que le achacan, y regrese el dinero que se birló.
La mañanera de ayer les ha de haber sacudido violentamente el tapete a políticos priistas de altos vuelos, que se vieron involucrados en pillerías como la Operación Zafiro y «La Estafa Maestra», y aún siguen en libertad.
En la capital del estado las reacciones no se hicieron esperar y hasta el alcalde panista, Marco Bonilla, se pronunció en contra de que se le conceda el privilegio de la libertad a Duarte a cambio de ser peinetón o sapo.
«Duarte debe pagar con cárcel para que el combate a la corrupción tenga sentido», dijo el alcalde de Chihuahua.
El jefe del Ejecutivo federal dijo en la mañanera que la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará con todo el protocolo para concretar la extradición, que fue autorizada a principios de noviembre por una jueza federal de Florida, Estados Unidos.
Aunque aún no hay fecha para la extradición, la sola mención del mandatario revela la posibilidad de que el actual Gobierno federal ya está en pláticas con Duarte y sus abogados, para que a su regreso a México tenga los mismos privilegios de Jaime Herrera, el soplón principal durante el corralato.
En agosto del 2020, el entonces fiscal César Augusto Peniche, declaró que César Duarte no podría alcanzar el beneficio como testigo protegido, por ser cabeza de la estructura de corrupción que había en el Gobierno.
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Le dicen «El Pañalito” y es el regidor de Morena con menos participaciones en el Cabildo, pero el más protagonista de la 4T que en todas las fotos del alcalde quiere salir.
Se llama Antonio Domínguez Alderete, el misógino edil que a pesar de sus pobres conocimientos sobre el cargo que desempeña, le disputa a su compañera de partido, Ana Estrada, la coordinación de la fracción en el Cabildo.
Es hermano del coordinador del centro de atención de Zaragoza, Andrés Domínguez, quien lo usa como salvoconducto para mantenerse en el puesto para el que tampoco ha demostrado capacidad y mucho menos eficiencia.
El regidor Domínguez está registrado en las comisiones de Gobernación, Juventud, Seguridad Pública, Obras Públicas y Fraccionamientos, pero su participación en las mismas es como la del chinito, se la pasa solo milando.
En la Comisión de Gobernación es el patiño de los regidores Jorge Gutiérrez y Enrique Torres, que en cada sesión se lo chamaquean y lo ponen en ridículo.
En la comisión revisora de Fraccionamientos y Condominios se comporta como un simple moderador, porque en las discusiones solo participan Mireya Porras, del PRI, y su coordinadora, Ana Estrada.
Eso sí, cuando se trata de acompañar al presidente municipal no pierde la oportunidad de permanecer a su lado para salir en las fotos y hasta las rodilleras se pone.
En esta temporada navideña, el regidor presume en su oficina los regalos que le han hecho llegar y todas son botellas de licor.
Alguna adicción le conocerán al «Pañalito”, que sus compas le han acercado todo tipo de chupe para que no pase penurias en las posadas.
Sus compañeros morenistas difundieron fotos de esos presentes del dios Baco porque sienten que no es el lugar adecuado para que los presuma…aunque sea bohemio de afición y amigo de las jarras.