Después de la polémica que despertó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar sobre el respeto a la veda electoral impuesta por el referéndum de revocación de mandato, ayer tuvo que meter reversa, al igual que todos los directores e integrantes del Ayuntamiento, al recibir un extrañamiento de la autoridad electoral donde se les conmina a respetar dicha veda.

El alcalde había dicho que la veda no aplicaba para la autoridad municipal, por tratarse de un proceso federal y, por lo mismo, seguía dando a conocer, a través de los medios, todas las acciones y programas de su administración.

Ayer, sin embargo, el propio secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, que inexplicablemente desconocía la restricción legal a pesar de ser un profesional del derecho, dijo que no se trata de una veda electoral, como la que rige en las campañas electorales, sino de una prohibición para que los servidores públicos se abstengan de difundir propaganda gubernamental.

Veda o prohibición, al final de cuentas significan silencio, uno que están obligados a cumplir los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno.

De acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato, en su artículo 33, tercer capítulo, “durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de Gobierno”.

Esto no implica, de ninguna manera, que el Gobierno suspenda sus actividades, como ya lo pregonan, porque lo desean vehementemente, algunos holgazanes de la burocracia municipal. Lo que no puede hacer es promover dichas actividades, que es muy distinto. Por ello, deberá suspenderse hasta la difusión que se hace en los portales oficiales o redes sociales de Gobierno, hasta el 10 de abril y sin safo.

La disposición aplica para todos y, por lo mismo, no se entiende, por ejemplo, que se siga dando difusión del llamado programa de bacheo transparente que, de ser así, tan transparente, quizá ni lo alcancemos a percibir. Quizá quieren decir que se trata de un programa transparente de bacheo, que es muy diferente, ya que de esta manera nos habla de transparencia en la inversión y no de trasparencia en los materiales para tapar baches.

Así que, más allá de este enredo de baches transparentes y transparencia en el bacheo, resulta que para atrás los fielders con estas difusiones.

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Ante el cúmulo de sandeces que con frecuencia suelen sostener las autoridades responsables de combatir la pandemia y garantizar a la población el derecho a la salud, Mirone realizó un sencillo ejercicio para medir el tamaño del respeto que, en un sector esencial como el transporte de pasajeros, le tienen a las medidas sanitarias básicas, que se deben seguir como obligación.

Resulta que en la terminal de camiones de ruta del Monumento a Juárez, Mirone pudo contar que 8 de cada 10 choferes no usaban cubrebocas, y todas las unidades, sin excepción, de las diferentes líneas, iban a su máxima capacidad, cuando el aforo permitido es del 70 por ciento, o sea de 28 pasajeros sentados.

¿Dónde quedó entonces la vigilancia que a bombo y platillo anunciaron en enero las autoridades de la Dirección de Transporte, para contener los contagios que en el servicio de transporte de pasajeros tiene una de sus principales fuentes de propagación?

Está comprobado científicamente que las unidades de transporte son puntos de alto riesgo de contagio, por lo reducido de sus espacios, por la diversidad de los usuarios que lo usan, porque no tienen ventilación adecuada, pero, sobre todo, porque los choferes no respetan ni hacen respetar los protocolos de uso de cubrebocas, ni la sanitización del vehículo.

Entonces, ¿cuál es el pretexto para no hacer cumplir las disposiciones oficiales que nos afectan a todos? Si únicamente fueran los operadores del volante los que se enfermaran otra cosa sería, pero no es así. Ellos se convierten en fuente de contagio y permiten que otros irresponsables pasajeros antivacunas y antihigiénicos los imiten.

Tal parece que el Covid-19 hubiera atacado también la capacidad de la autoridad para hacer respetar la normatividad vigente en materia de salud, a los concesionarios del transporte y a los trabajadores del volante; o tal vez simplemente somos ingenuos, al pensar que las cosas cambiaron y que los cándidos inspectores de Transporte pueden dejar de lado sus ingresos por mordidas para hacer cumplir las reglas. Ajá.

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Sigue creciendo en el estado el movimiento de padres de familia #abremiescuela, con el que exigen el regreso a clases presenciales y están realizando caravanas informativas por varios municipios.

Este fin de semana tocó a la región de Nuevo Casas Grandes y a las poblaciones vecinas la llegada de la caravana, que con lonas alusivas al movimiento ciudadano les piden a los padres de familia que apoyen su causa.

Leyendas como “Regreso a clases inmediato, seguro y voluntario”, “La educación es primero” y los hashtags #abremiescuela y #losniñosprimero, se leen en las lonas que cuelgan en los costados del remolque que encabeza la caravana.

El movimiento ya recibió el respaldo del delegado federal de Bienestar en el estado, Juan Carlos Loera, quien lo hizo público en sus redes sociales después de la concentración de padres de familia en la Plaza del Ángel, en la capital del estado.

Para la consultora familiar del movimiento Abre Mi Escuela, Marisa Menchaca, los argumentos del Consejo Estatal de Salud para mantener cerradas las escuelas son incongruentes, porque lo hacen para evitar contagios y por otro lado, permiten eventos masivos, casinos, restaurantes, antros, salones de fiestas y restaurantes abiertos.

Para la especialista en temas de familia, el otro argumento de que los niños son propensos a los contagios de Covid-19 carece de fundamento, porque la Organización Mundial de la Salud ha informado que el 96 por ciento de las defunciones por la pandemia han sido de personas mayores de 20 años.

El argumento en favor de la reapertura es que, independientemente del enorme rezago escolar que ha provocado, el cierre de escuelas ha causado daño a la integridad psicológica y emocional de los niños, aumento de la depresión, intentos de suicidio, incremento en violencia intrafamiliar y abuso sexual, además de otros trastornos físicos.

La caravana que ya ha recorrido Juárez, Chihuahua y Parral, ha sido bien recibida por las organizaciones de padres de familia de cada municipio. Sin embargo, en las redes sociales no han faltado las críticas al movimiento, calificando de irresponsables a los que piden regreso a clases presenciales “porque ven a la escuela como una guardería y no como un centro educativo”.