El enriquecimiento ilícito es algo así como la joya de la corona en materia de delitos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 272 del Código Penal del Estado de Chihuahua, comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, durante el desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de dicho cargo o de su dimisión, incremente injustificadamente su patrimonio, por sí o por interpósita persona, bienes que, en razón de su valor, sean notoriamente superiores a sus posibilidades económicas.
De esa conducta ilegal se acusó al alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y al exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales, en torno a la famosa casa de El Campestre, la mansión donde residía el hoy candidato morenista a la alcaldía, hasta que la propiedad fue asegurada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), con un mandato judicial.
Por lo poco que soltó el fiscal Abelardo Valenzuela la noche del martes, no tiene nada (legalmente) contra Pérez Cuéllar. Quizá no todavía, piensa Mirone. Habló El Bayo de que la FACH está “en la etapa de investigación, ya judicialización, de esta carpeta que tiene todos los indicios de la probable comisión de un delito, que es enriquecimiento ilícito”.
Únicamente señaló a un probable responsable “por el momento”. Hablamos de Pando, el excolaborador de Cruz, a cuyo nombre están registradas las casas del 1564 y 1642 de la calle Del Fresno. Por la primera de ellas, Cruz pagaba una renta mensual de 70 mil pesos, según el propio alcalde con licencia.
Cuando se le cuestionó a Valenzuela específicamente si tenía una línea de investigación contra Pérez Cuéllar, contestó que “estamos en la etapa de investigación, aún”.
No pasó desapercibido que el fiscal dijo que la diligencia en la residencia duraría al menos toda la noche. No hubo detalles de qué se haría, fuera de que se revisarían posibles ampliaciones y equipamientos para considerar la plusvalía que haya alcanzado el bien inmueble.
Lo que procede en esos casos es la realización del inventario del bien inmueble y su respectivo avalúo.
Pero también llamó la atención que Pérez Cuéllar aseguró la noche del miércoles, que no se le permitió a nadie de su familia, sacar de la vivienda, equipos o dispositivos electrónicos, como lo son computadoras, laptops o tabletas.
Se pregunta este Don si acaso no estarían siendo revisados por los sabuesos de la FACH, a ver qué encuentran. También surge otra duda, ya que, si no se está incluyendo en la carpeta de investigación al que renta la casa, nada más al propietario legal, ¿por qué habrían de asegurarse o inmovilizarse ese tipo de bienes que no pertenecen a Pando, sino a Cruz y su familia?
Tampoco hay que olvidar que, de acuerdo con los legisladores panistas que presentaron la denuncia, se debería de investigar si Pando no es simplemente un prestanombres en la compra de la vivienda.
El caso seguirá dando mucho más de qué hablar. Sobre Pando se sabe que vive en una casa de mayor valor que la de El Campestre, ubicada en el también exclusivo fraccionamiento Rincones de San Marcos. Quién sabe qué tantas propiedades más haya adquirido, y quién sabe si la FACH también vaya tras de ellas.
Pando ganaba 31 mil pesos al mes (según sus propias declaraciones patrimoniales), cuando era el director de Regulación Comercial con Pérez Cuéllar. En ese mismo tiempo compró la casa de El Campestre. Firmó contrato por casi 10 millones de pesos, según el Registro Público de la Propiedad, aunque esa misma vivienda se llegó a ofertar en páginas especializadas en bienes raíces, hasta en 27 millones de pesos.
Nunca declaró oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia algún otro ingreso, aunque sí reportó en su currículum el trabajar en una empresa familiar “comercializadora de granos y agroindustrial”.
Como su evolución patrimonial no estuvo acorde a sus ingresos económicos declarados, con eso tuvo la FACH para pedir a un juez de Control el aseguramiento, hasta ahorita, de dos de sus propiedades.
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Mal le fue a Juan Carlos Loera por andar de acelerado, ofreciendo su apoyo político a su “compañero de partido”, Cruz Pérez Cuéllar.
Acelerado, como se vieron casi todos los morenistas que salieron a defender al alcalde de Juárez, Loera salió a defender a Pérez Cuéllar y, de paso, a acusar a la gobernadora Maru Campos de aplicar “persecución política” contra el edil, ahora encampañado.
De inmediato, le brincaron amigos –ahora, examigos– que le recriminaron su actitud y le recordaron las fuertes diferencias que tuvo con él antes de que ambos se lanzaran a hacer campaña electoral.
Félix Lazos, quien se identificó como amigo del ahora candidato a senador, le recriminó fuertemente su actitud y hasta se “despidió” de él.
“Juan Carlos: Me avergüenzo y me arrepiento profundamente de haber depositado mi apoyo y confianza en ti. Es increíble la manera tan indigna y abyecta con la que defiendes al rufián Pérez Cuéllar. Te le pones de tapete para que te siga pisoteando como lo ha hecho hasta ahora. Qué manera de faltarte al respeto, agachándote y sirviéndole de escalón para que siga trepando por encima tuyo”, escribió el juarense, uno de los fundadores de Morena.
Duro y a la cabeza, el ahora examigo le siguió tundiendo: “Tu indignidad seguramente es motivo de burla y regodeo por parte de Cruz y sus seguidores, esos mismos que antes eran tuyos y se los cediste. Ahora te quedan muy pocos. Hasta hoy, (aunque con reservas) yo era uno de ellos. Pero ya no más”.
No paró ahí, pues hasta su prima, la actriz de teatro Perla de la Rosa, quien en semanas pasadas fue arrestada cuando trataba de hacer una manifestación contra Pérez Cuéllar en el interior del fraccionamiento donde vive, también le echó el caballo encima.
“…es un primo que he querido mucho, pero hay límites. Ahora eres para mí otro de los muchos”, le dijo en un mensaje de texto.
¿Así o más penoso? No, todavía hay más.
“Cuando se obedece y se subordina a esta abyección de defender al enemigo y depredador de nuestra ciudad y su propio enemigo”, remató Perla.
No, pues sí, estuvo duro, y más viniendo de una activista de izquierda, bien vista en el ámbito cultural y, sobre todo, una pariente que le tenía en alta estima.
Días atrás, hablamos del “pacto de no agresión” entre ambos políticos, pero no sabíamos que este acuerdo llegaba a tanto.
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Ayer arrancaron formalmente las campañas por la Presidencia Municipal, pero algunos candidatos ni se han dado por enterados. En la disputa por ser alcalde de Juárez, hay seis aspirantes, cinco hombres y una mujer. En general, fue poco lo que se ofreció en las primeras horas de la contienda.
Entre los cándidos aspirantes por la alcaldía, está el presidente municipal con licencia que busca la reelección, Cruz Pérez Cuéllar (Morena-PT); el exrecaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna (PAN-PRI-PRD) y la síndica con licencia, Esther Mejía Cruz (Movimiento Ciudadano).
También son candidatos el exdiputado y expriista Luis Fernando Rodríguez Giner (PVEM), el médico cirujano Jesús Enrique Romanillo (México Republicano) y Jaime Flores Aguirre (Partido Pueblo), más conocido por su mote como youtuber, “Máquina de Fuego”.
De ese total, solo cuatro dieron señales de vida, o mejor dicho, de interés por ocupar el cargo.
En los primeros minutos del jueves, Rogelio Loya, candidato por la coalición “Juntos por el Bien de Chihuahua”, arrancó con una clausura simbólica por corrupción al edificio de la Presidencia Municipal.
Ahí, afuera de la unidad administrativa soltó ante cientos de seguidores que: “Desde aquí y ahora, les digo a los Pérez Cuéllar, se les acabó el negocio de la Presidencia Municipal”.
Cruz Pérez Cuéllar, candidato por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua”, anunció en rueda de prensa una agenda de medios para los días jueves y viernes, así como cruceros, además de un acto de arranque de campaña programado la tarde el domingo, en la Plaza de la Mexicanidad, donde de paso, se van a chutar el segundo debate presidencial.
Esther Mejía, la morenista que se puso los tenis “fosfo-fosfo” tuvo una rueda de prensa por la mañana y un discreto evento en su casa de campaña, a las 7 de la tarde.
Romanillo, el candidato de México Republicano, también arrancó con rueda de prensa por la mañana, para informar a los juarenses de la existencia del partido que representa. Nada más.
Los que de plano no dieron color en el primer día de actividades en busca de la alcaldía fueron el expriista y hoy candidato por el partido Verde Ecologista, Rodríguez Giner y el youtuber “Máquina de Fuego”. El verde se hizo presente por la mañana, pero nomás en spots de redes sociales.
Las campañas culminan el próximo 29 de mayo, es decir, los candidatos tendrán poco más de un mes para convencer a los juarenses que son la mejor opción para gobernarlos… o para olvidarlos.
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado hizo como que entregó la información relativa a la Plataforma Centinela. Pese a que el Ichitaip le había enmendado la plana al desclasificar los datos, la dependencia le puso “tachones” al informe que debía entregar.
En los documentos para el solicitante, la SSPE “testó” las partes donde se detallan las cantidades a pagar a la empresa contratada, así como las parcialidades que se le darán desde el momento del contrato y hasta el año 2027.
Así, la información que debió ser pública, por disposición del Consejo del Instituto Chihuahuense par la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Ichitaip, quedó en simples tachones, en gruesas franjas color negro bajo las cuales se ocultan las cifras pagadas a la empresa contratada.
El contenido del contrato de prestación de servicios número SH/ADE/079/2022, relativo a toda la instalación y operación de Centinela, tenía que haberse entregado al solicitante de información que previamente había ganado la disputa por desclasificar la información.
Tras esa “victoria”, la SSPE entregó el documento relativo al contrato de prestación de servicios con la empresa Seguritech. Sin embargo, uno de los datos que solicitó el ciudadano, identificado como Pantera Rosa, era justamente el costo, las condiciones de pago y las amortizaciones.
Todo eso quedó a oscuras, ya no digamos opaco.
Desde el año 2022, distintas personas, incluyendo periodistas, habían solicitado esa información, sobre todo, cuando trascendió que el contrato se otorgó por asignación directa, sin que mediara una licitación o concurso.
La SSPE ha argüido a su favor que, por razones de seguridad, no se podían hacer públicos los detalles técnicos del programa, de ahí que se optara por la adjudicación directa.
Ahora, solo falta saber de a cómo nos va a salir, hasta cuándo lo vamos a terminar de pagar y cuál es el costo-beneficio.