Administrar y controlar el desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes presentes y futuros de Ciudad Juárez se planteó como el alcance del nuevo documento rector que muy pronto deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
De ahí la trascendencia que tiene para la ciudad el proceso de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) que está llegando a su etapa final.
La Asociación de Planificadores y Urbanistas (APU) y el Plan Estratégico de Juárez articularon un ejercicio para revisar el proyecto que fue elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
Trabajaron en mesas técnicas con la participación de personas expertas en temas como urbanismo y planificación, estudios hídricos, arquitectura y demografía, para generar un documento en el que se plantearon diversas inquietudes sobre la propuesta.
El gran tema que siempre ha estado en el centro de la discusión y el debate es el de la dispersión urbana, como factor detonante del déficit histórico de infraestructura, servicios y equipamiento.
De ahí que se encienda un foco rojo cuando el proyecto del PDUS pretende incrementar las zonas urbanizables de la ciudad, pasando por encima de normas federales y sin conocerse la información de fondo que sirva de justificación a esas modificaciones.
De acuerdo con análisis de los especialistas que articularon el documento-propuesta, una de las causas del crecimiento desordenado ha sido la incorporación masiva de suelo para uso habitacional e industrial, sin que se cuente con una planeación del desarrollo de acuerdo a la vocación del territorio.
“Durante décadas, los intereses económicos de grupos y particulares han primado sin una regulación clara en las políticas públicas referentes al uso del suelo urbano”, se advierte en una de las observaciones.
En los hechos, lo que ha prevalecido es una gestión gubernamental poco efectiva para el ordenamiento territorial, que además ha sido incapaz de abordar adecuadamente los desafíos generados por la urbanización.
La propuesta alternativa para hacer frente a la presión inmobiliaria, es hacer obligatorio el análisis de costo-beneficio a la carga pública frente a cualquier incremento de las zonas urbanizables.
Y es que el proyecto del PDUS pretende ampliar la zonificación primaria para el uso de suelo urbano. Ante ello, lo que se pide es que se cumpla lo que ya se establece en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La norma obliga a las autoridades locales a asegurarse de la viabilidad y factibilidad para brindar los servicios públicos sin afectar a los asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo y además garantizando la suficiencia financiera para brindar los servicios públicos que se generen.
El problema es que en la propuesta de PDUS se plantean dos estrategias regionales que implican el incremento de las zonas urbanas. La primera es el Corredor Industrial Suroriente. La segunda es el Border Park, un centro logístico-industrial y de transferencia de cargas. Ese desarrollo se plantea en una zona sin servicios, en la intersección de las carreteras a Casas Grandes y Jerónimo-Santa Teresa.
Los especialistas no encontraron en el instrumento propuesto ningún sustento técnico respecto a la viabilidad de las cargas financieras que esas ampliaciones van a generar a la autoridad local.
Hay preocupación también porque la ampliación de suelo tipo “U”, es decir, Urbano, implica eliminar en la zonificación primaria, los llamados usos “E”, Ecológico y “CE”, de Conservación Ecológica.
De acuerdo con el análisis de la APU y el Plan Estratégico, esa pretensión contradice también una norma estatal, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.
Esa legislación establece que la zonificación primaria comprende la delimitación de las áreas urbanizadas, las urbanizables y las de conservación y preservación ecológica que conforman un centro de población para las cuales las áreas no urbanizables, es decir, las de conservación y protección ecológica, son aquellas que no puede ser sujeto de utilizar o desarrollar en términos inmobiliarios o diversos a su conservación.
A esas áreas no urbanizables se les concede incluso valor ambiental, paisajístico, histórico, agrícola y hasta arqueológico, aunque también se incluyen aquí las zonas de riesgo.
Los instrumentos normativos federales y estatales indican que los centros de población solo deben utilizar para su crecimiento las áreas designadas como Reserva y nunca las de Conservación y Protección Ecológica.
Además, las reservas urbanas actuales se encuentran contiguas a las áreas urbanizadas por lo que carece de sentido proponer otro uso de suelo urbano lejos de esas zonas.
La estrategia de desarrollar en la zona de la carretera a Casas Grandes, simplemente abona a la problemática inherente a la dispersión urbana.
Ningún sentido tiene crecer la superficie de zonas de reserva cuando esta asciende a 19 mil 765.26 hectáreas mientras que la zona urbanizada cuenta con 34 mil 642.37 hectáreas.
Esos datos nos dicen que la ciudad cuenta ya con una superficie de reservas de crecimiento equivalente al 57 por ciento de la superficie urbanizada. En pocas palabras, no hace falta incrementarlas.
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La falta de agua es otro de los grandes problemas de la ciudad. Por eso también genera inquietud que en el PDUS no se condicione o vincule la apertura de reservas a la disponibilidad del recurso hídrico.
Claramente hay un déficit en la disponibilidad de agua de acuerdo a los estudios de la Junta Central de Agua y Saneamiento y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, por lo que toda definición en materia de desarrollo urbano debe considerar las proyecciones que establece el Plan Estatal Hídrico de Chihuahua 2040 (PEH).
Los acuíferos de la región intermunicipal Juarez-Guadalupe, presentan una disponibilidad de agua negativa ubicándose en un rango de (-94.39- 0.00 hm3) en 2018, según el diagnóstico contenido en el PEH.
De acuerdo con la Asociación de Planificadores y Plan Estratégico, los organismos operadores de agua, como la JMAS, deberían de tener un papel preponderante en la dirección del crecimiento de la ciudad.
Pero en la actualización del PDUS ni siquiera figura el Plan Estatal Hídrico, tampoco los planteamientos en torno el grave problema de la disponibilidad de agua pública urbana.
“Considerando que es la JMAS el organismo operador que otorga las factibilidades para los nuevos desarrollos habitacionales e industriales de acuerdo a los establecido en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, es necesario que ambos instrumentos y sus atribuciones queden plasmadas en la propuesta de actualización del PDUS 2040”, señala la propuesta entregada a la Dirección de Desarrollo Urbano, a los integrantes del Ayuntamiento y al IMIP.
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La infraestructura pluvial es otra gran asignatura pendiente para la ciudad. Por eso ese rubro debe de estar forzosamente vinculado al desarrollo urbano.
Estamos hablando de evitar las inundaciones. También de no permitir áreas de desarrollo en zonas de riesgos. Sin embargo, el Corredor Industrial Suroriente es lo que plantea, incorporar suelo a la zonificación primaria de “U” o Urbano, en una parte de la cuenca hidrológica El Barreal, la cual es susceptible a inundaciones por su tipo de suelo arcilloso e impermeable, dentro de una zona de restitución lagunar.
En la zona se construyó el Bordo Miguel de la Madrid Hurtado (BMMH) para contener los escurrimientos que bajan desde la Sierra de Juárez. Esa sencilla infraestructura ha funcionado de alguna manera como límite perimetral, pero ahora el PDUS propone el nuevo corredor industrial como perímetro, con edificaciones en la parte sur del bordo, ahí donde todavía llegan los escurrimientos pluviales.
“El proyecto del PDUS propone urbanizar al sur del BMMH, sin mencionar una estrategia de solución pluvial integral, y no solo la contribución del sector privado al momento de desarrollar”, destaca el documento elaborado por los especialistas.
Ante la problemática no atendida, los urbanistas sugieren respetar o establecer una zona para la restitución lagunar. También implementar programas de trabajo para desazolvar los vasos de captación existentes en los fraccionamientos ubicados dentro de la cuenca de El Barreal.
Tan importante es el espacio para ese equipamiento e infraestructura en todas las zonas de la ciudad, que la propuesta alternativa incluye establecer una estrategia de adquisición de la tierra para resolver la captación pluvial.
Sugiere contemplar figuras de permuta, indemnización y/o compensación de las afectaciones a la propiedad privada para su adquisición con finalidad de proporcionar soluciones de equipamiento.
Aunque parezca increíble, pese a que está acreditada por las inundaciones extraordinarias y comunes la necesidad de esos usos de suelo, recientemente el Ayuntamiento intentó aprobar un cambio para que se autorizara un desarrollo industrial, en lugar de los vasos de captación de aguas pluviales en el proyecto Zaragocita.
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Los participantes en el ejercicio convocado por la APU y Plan Estratégico, dieron un paso más en sus propuestas y se pronunciaron por ampliar el marco institucional.
En el documento entregado a las autoridades, sugieren crear un órgano descentralizado intersectorial de vigilancia y de procuración de inversión para infraestructura pluvial a largo plazo.
“Se recomienda profundizar en el diseño jurídico e institucional de un ente público con la capacidad de establecer y ofrecer el servicio de gestión de aguas pluviales en el Municipio de Juárez, Chihuahua. El propósito es garantizar su viabilidad y una implementación eficaz”, detalla la propuesta.
Se explica que, pese a que las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tienen la facultad legal de planificar, financiar y ejecutar obras de infraestructura hidráulica, en los hechos existe una limitación presupuestaria y de autonomía técnica, administrativa y financiera.
Consideran que la limitación se acentúa por la falta de un marco legal específico en el Estado de Chihuahua para la gestión integral de aguas pluviales.
“La principal fortaleza de este organismo sería su independencia, con personalidad jurídica y recursos propios, así como autonomía técnica y administrativa, sin depender de la Junta Municipal o Central. Además, podría financiarse mediante cuotas, fondos privados, aportaciones y donaciones, tal como se establece en la Ley del Agua del Estado Chihuahua”, agrega el documento.
Un organismo de esa naturaleza permitiría la implementación de infraestructura pluvial más amplia, incluyendo sistemas de captación de aguas pluviales y la integración gradual de infraestructura ecológica para maximizar su aprovechamiento y resolver los problemas de escasez de agua, de acuerdo con el análisis entregado a las autoridades.
Por último, los especialistas sugirieron que se establezca un órgano gestor intersectorial del suelo “para imponer sanciones a las violaciones en temas urbanos, que supervise y dé seguimiento al cumplimiento de la carta urbana”.
Los proponentes consideran insuficiente a la Dirección General de Asentamientos Humanos, para responder a la problemática de vivienda y para orientar el crecimiento bajo los principios de equidad y sustentabilidad.
Esa instancia de coordinación y participación, también estaría obligada a desarrollar medidas para mitigar los efectos negativos derivados de la expansión de la ciudad, y aprovechar herramientas de planificación que permitan una utilización eficiente del espacio urbano.
A final de cuentas, el suelo es un bien de interés público y debe cumplir una función social. Por lo tanto, su gestión desde la función pública debe garantizar los derechos colectivos sobre los individuales.
De ahí la importancia, consideran los expertos, de crear el órgano gestor que además tendría que generar políticas de acceso al suelo urbano y dar solución a las problemáticas de áreas de equipamiento dispersas y pulverizadas.
En total, las organizaciones y los ciudadanos presentaron 23 planteamientos relativos a estrategias regionales, normatividad pluvial, consolidación urbana e instrumentación.
Los participantes solicitaron a Desarrollo Urbano y al IMIP, que se realice una tercera audiencia para conocer qué propuestas serán incluidas en el documento final, además de que se les expliquen los motivos si no fueron tomadas en cuenta.
Las autoridades tienen la última palabra. Ya se verá si se toman en serio o no, los ejercicios de participación ciudadana y responden a un legítimo derecho de petición. El futuro de la ciudad puede ser mejor si en la actualización del PDUS se incluyen las propuestas de todos los expertos.