Muy poco les duró el gusto a los promotores oficiosos de Jorge Nava, que aseguraban que su ratificación como fiscal de la Zona Norte era inminente. Pues no fue así, y ayer lo bajaron del macho de manera ruda, cuando el nuevo fiscal Roberto Fierro Duarte le pidió su renuncia luego de que circulara información en medios nacionales, en el sentido de que un juez federal habría librado una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero.

A Jorge Nava lo vinculan con hechos de corrupción cuando fue director de inteligencia al servicio del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Oadprs, que administraba los penales federales del país.

Junto con Nava está señalado y también requerido con orden de aprehensión el abogado Eduardo Guerrero, el mismo que de 2010 a 2014 fue el director del sistema penitenciario del estado de Chihuahua, uno de los consentidos y más cercanos de César Duarte.

Eduardo Guerrero presumió en su momento haber logrado la certificación de los penales del estado por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés), cuando en realidad compró dichas auditorías.

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Ese supuesto logro de pacificar los penales más violentos de Chihuahua y su amistad con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora preso en los Estados Unidos, lo catapultó a la esfera federal, donde en 2014 fue llamado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacerse cargo de la administración de los penales federales, como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Oadprs.

Guerrero salió en el 2016 del Oadprs por las razones que hasta ahora salen a la luz pública, y se puso al frente de la empresa Escoltas Especializadas de Seguridad Privada S.A. de C.V., donde ofrecía sus servicios como especialista en sistemas penitenciarios.

La empresa en cuestión fue formada el 16 de enero del 2012 en Ciudad Juárez y en 2018 fue contratada en asignación directa por el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco”, para realizar el diagnóstico integral del sistema penitenciario de Nuevo León.

La empresa de Eduardo Guerrero cobró la suma de 20 millones 800 mil pesos por ese diagnóstico, que lo único que determinó fue el cierre del peligroso penal de Topo Chico, escenario de motines sangrientos donde murieron decenas de reos de pandillas rivales que se disputaban el autogobierno. 

Jorge Nava, por su parte, llegó a la dirección del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del Oadprs, en el segundo semestre de 2016, bajo el mando de Eduardo Guerrero, donde permaneció hasta 2017 cuando se trasladó a Juárez como fiscal de la Zona Norte en el gobierno de Javier Corral.

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Ayer por la mañana, al ser abordado Nava por los reporteros vía telefónica sobre la supuesta orden de aprehensión federal en su contra, aún no le pedían su renuncia.

Calificó su persecución como un asunto político a gran escala en México. “Es una guerra de poder y por ello están saliendo diversas órdenes de aprehensión y requerimientos administrativos en contra de muchas personas, como lo que pasó con Conacyt y ahora en áreas de seguridad”, dijo en tono de preocupación.

Afirmó que lo que vio en las notas informativas son delitos graves, pero que nunca manejó flujos de dinero ni firmas de cheques, durante el tiempo que permaneció en el puesto federal.

Jorge Nava especula que se trata de un tema político, “donde se pretende perjudicar a personas de la estructura muy baja de gobierno, para poder hacer presión y llegar a los arreglos que se pretenden a niveles muy altos”.

El asunto no es menor si se considera que son más de tres mil millones de pesos los que se señalan en esta operación de desvío de recursos, donde aparecen también el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, actualmente prófugos de la justicia, quienes prestaron una red de empresas factureras fantasmas para llevarse el dinero a paraísos fiscales.

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Ahora fue el equipo de comunicación de la diputada del PRD, Yesenia Reyes Calzadillas, el que mostró sus miserias en el bello oficio de informar.

Resulta y resalta que, en un comunicado girado desde el congreso del Estado, su equipo de prensa trata de dar a conocer un posicionamiento de la diputada del primer distrito, a la que bautizan en el boletín como “La Diputada Noroeste”, en el que Yesenia habla de los intentos de extorsión y estafa que sufren alcaldes de distintos municipios.

La pésima redacción del breve texto solo confunde. Carece de sintaxis y un sentido coherente de lo que pretenden informar. Transcribimos el comunicado, íntegro, para que juzgue usted mismo, estimado lector.

“Resalta Yesenia Reyes, estar pendiente por delincuentes que piden dinero a los alcaldes”.

“La Diputada noroeste- Yesenia Reyes, puntualizo que como alcaldesa de Casas Grandes, le sucedió algo similar de pedirle dinero por parte de estos delincuentes. Pero busco una pronta respuesta para no caer en el juego”.

“Pero ahora lo más relevante es que como diputada, también le enviaron mensaje por parte del Secretario de Hacienda supuestamente para que gestionara con el nuevo Presidente Municipal de este municipio”.

“Es necesario tener más cercanía con todas las autoridades, porque muchas veces uno confía de quien te habla, pero resulta ser un delincuente que trata de aprovecharse del momento, dijo Yesenia Reyes” (sic).

Lo menos que deberían hacer los comunicadores perredistas del Congreso local, es tomar un curso intensivo de redacción, o de plano dejar de mandar comunicados que resultan auténticos galimatías, por lo confusos y desordenados que están.

Si los diputados pretenden elevar el nivel de debate del poder legislativo, no pueden andar por la calle de la amargura en materia de comunicación, con algo que es básico en las oficinas de prensa: la buena redacción.