Las organizaciones civiles profamilia que se opusieron a las reformas constitucionales que buscaban incorporar iniciativas conocidas como “igualdad sustantiva y de género”, ganaron ayer el primer round en el Congreso de la Unión, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales detuvo la propuesta y no se llevó al pleno para su votación.

La organización Movimiento Viva México, celebró esta decisión y la dio a conocer en su sitio web, explicando que “esto no es una victoria total, pero es un paso importante. Sepamos que el tema sigue vivo y nuestros legisladores aún pueden continuar con este ataque a la familia y a los niños de México”.

Los activistas se opusieron a la reforma por considerar que alentaba la pederastia y la pedofilia, al integrar al Artículo 4º constitucional términos como “igualdad sustantiva”, “autonomía reproductiva”, “expresión de género”, “identidad genital”, “rectificación sexogenérica” y “libre desarrollo de la personalidad”.

El malestar de las ONG´s se reprodujo en las plataformas sociales CitizenGo y Activate, donde lograron reunir más de 15 mil firmas oponiéndose a la reforma. La propuesta de Morena, que incluía 48 reformas de igualdad sustantiva y de género, también fue criticada por el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Monseñor Ramón Castro Castro, quien advirtió que “nos quieren impedir hablar sobre temas de defensa de la vida, así como de la familia, del matrimonio y de la misma libertad religiosa”.

Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), informó en un comunicado publicado por la Agencia Católica de Informaciones (ACI) que “esto no quiere decir que se desechen definitivamente esas 48 iniciativas, sino que se ejerció la suficiente presión y se obtuvo la sensatez de varios legisladores, de varios grupos parlamentarios, que han decidido abrirse a escuchar a la población y a discutir más a fondo cada uno de esos temas”.

Marcial Padilla, director de la plataforma provida ConParticipación, dijo a la agencia católica que “era un gran peligro para México que los diputados buscaran aprobar la reforma de igualdad sustantiva”. Explicó que “no solamente manipulaban a la familia, manipulaban la sexualidad de los niños e incorporaban el aborto en la Constitución, sino que también utilizaban un lenguaje ambiguo que se prestaba a interpretaciones que podrían llevar a excesos inaceptables”, señaló.

En la protesta que se difundió por las ciudades más conservadoras del norte y del Bajío, se involucraron también sociedades de padres de familia y la organización Iniciativa Ciudadana.

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Por considerarlo un retroceso en los derechos que en Chihuahua han alcanzado las mujeres en materia de combate a la violencia de género, la bancada de Morena del Congreso local se le atravesó a la iniciativa de la gobernadora Maru Campos, para reformar, derogar y adicionar disposiciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres.

Mediante una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados morenistas buscan frenar la propuesta de la gobernadora, porque se fusiona la atención de violencia de la mujer con la atención a violencia familiar, quitando la especialización de cada área; y porque degrada el nivel jerárquico a los Centros de Justicia para las Mujeres, al hacerlos dependientes de la Fiscalía de la Mujer como atención a la familia.

La diputada de Morena María Antonieta Pérez, expuso que, en un estado como Chihuahua, con un historial de violencia de género y feminicidios, la lucha de las mujeres en el ámbito jurídico y desde las organizaciones ha logrado grandes avances en lo administrativo, para garantizar los derechos de las mujeres en materia de combate a la violencia de género. “Las reformas, cuya invalidez se reclama, socavan la especialización que proporciona la Fiscalía Especializada y los Centros de Justicia para las Mujeres en Chihuahua, lo que implica un retroceso en la obligación general de garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, expuso.

En opinión de los diputados de oposición, la propuesta de la gobernadora, que pretende ampliar el enfoque y cobertura de la Fiscalía a la atención de la familia, diluye su especialidad y desvía los esfuerzos para el combate a la violencia específica contra las mujeres por razón de género, lo que para ellos representa un retroceso de los derechos humanos, en particular el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La controversia en cuestión representa el fin de la luna de miel de los morenistas con Maru Campos, que hasta ayer habían llevado la fiesta en paz y armonía.

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Ahora que el Congreso del Estado instó al municipio de Juárez a incrementar el presupuesto destinado al apoyo de migrantes en la ciudad, sería muy justo que primero exhortaran a los responsables del Instituto Nacional de Migración a cumplir con su trabajo, para evitar que a los traficantes de personas les expriman los pocos recursos con los que llegan a la frontera.

La Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, establece que todos los entes públicos deberán establecer políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes, y promover el respeto de los derechos humanos de estas personas.

Esto incluye que el Gobierno municipal disponga de albergues, comida y cobijo para su atención, pero también que la autoridad responsable les proteja de los delincuentes que hacen de su condición vulnerable un jugoso negocio que hasta ahora nadie impide.

No basta con que se pida al Municipio más dinero para atender a los migrantes el próximo año, si nadie sabe a ciencia cierta cuántos llegarán de las caravanas que salieron de Centroamérica.

Lo que sí se sabe, es que muchos coyotes, polleros y traficantes de humanos están a la espera de su arribo en todos los hoteluchos del centro de la ciudad, para hacerlos víctimas de sus extorsiones y estafas, con total impunidad.

Los recientes casos de migrantes localizados en hoteles y viviendas de la periferia, donde fueron concentrados por los traficantes en espera del pago para cruzarlos a los Estados Unidos, así lo confirmaron. Se trata de un círculo vicioso del dominio público, donde el migrante es explotado por el pollero con la complicidad de las autoridades migratorias, sin que nadie se dé por enterado y mucho menos quiera evitarlo.

Al final de cuentas, cuando el migrante se queda a la deriva, sin dinero y sin posibilidad de recibir recursos de los parientes de los Estados Unidos, es la autoridad municipal la que debe cargar con el problema, mientras que los responsables de su seguridad se hacen de la vista gorda, porque de lo contrario se les termina el negocio.

Si las leyes las hacen los diputados, y las hicieron para respetarlas, qué les impide exigir al Instituto Nacional de Migración que las apliquen, comenzando por dejar al descubierto todas las casas y hoteles de seguridad que utilizan los traficantes en el primer cuadro de la ciudad, para exprimir a los aspirantes a indocumentados. Esta sería una buena acción de nuestros legisladores para el Día de Gracias.