Con la muerte de José Noriel Portillo, el delincuente más buscado de los años recientes en el estado de Chihuahua, lejos de cerrarse un capítulo de la historia violenta de la entidad, se abre uno nuevo de interrogantes en torno a la procuración de justicia y la impunidad, ese cáncer que continúa cercenando el Estado de derecho en nuestro país y en territorio chihuahuense.
¿Quién asesinó a El Chueco y se dio el tiempo de cambiar sus ropas y acicalarlo de manera que no se le observara ni una gota de sangre, pese a haber recibido nueve impactos de bala, dos de ellos en la zona de los genitales, uno en la sien y el resto en diversas partes del cuerpo, principalmente en el abdomen, según los reportes forenses?
¿Quién o quiénes hicieron justicia por propia mano, dejando su cadáver en un camino en medio de la nada, entre los poblados de El Chinal y Picachos, en la parte alta de la sierra, en Choix, Sinaloa?
Así de fácil como es privar de la vida en México a cualquiera, mataron a El Chueco, porque sus asesinos saben que la impunidad prevalece en más del 90 por ciento de estos crímenes, cometidos a lo largo y ancho de todo el país desde hace décadas.
El cuerpo del hombre más buscado de Chihuahua fue encontrado el sábado 18 de marzo, y según los reportes de las autoridades, por el rigor mortis que presentaba el cadáver tenía al menos 24 horas de haber fallecido, es decir, su ejecución se habría dado entre la madrugada del viernes 17 y la noche del jueves 16 de marzo.
El hallazgo del cadáver de El Chueco, lejos de reconocerse como un triunfo, provocó en la Compañía de Jesús –organización religiosa a la que pertenecían los clérigos jesuitas asesinados en Cerocahui–, un duro posicionamiento emitido el 22 de marzo.
En su postura, los jesuitas señalan que la aparición sin vida de El Chueco “de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.
“Por ello, redoblamos nuestro llamado a que se cumplan a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instaladas apenas la semana pasada, para construir condiciones de seguridad de la región”, señalaron en otro punto del posicionamiento.
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Fue precisamente el jueves 16 de marzo, cuando autoridades estatales llevaron a cabo la instalación de la Mesa de Implementación de la Medida Cautelar MC-876-22 para 11 integrantes de la Comunidad Jesuita de Cerocahui, Municipio de Urique, dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicha medida tiene como objetivo trazar la ruta de acciones a seguir en favor de las doce personas cauteladas de la comunidad jesuita de Cerocahui, y forma parte de la exigencia que la misma comunidad externó tras los asesinatos de sus sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Barrelleza, quienes fueron las víctimas de El Chueco aquel fatídico 20 de junio de 2022.
Ante ese panorama, los jesuitas solicitaron y obtuvieron medidas cautelares el pasado 22 de enero por parte de la CIDH, las cuales fueron refrendadas el jueves 16 de marzo.
Tres religiosas y nueve sacerdotes jesuitas en Cerocahui están bajo este esquema de protección al considerase grave su situación, con riesgo permanente y daño irreparable.
Específicamente, la CIDH solicitó al Estado mexicano que adoptara las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los jesuitas en Cerocahui.
Pidió medidas de protección que permitan a los jesuitas continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra, así como implementar un informe sobre las acciones adoptadas, a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la aplicación de la medida cautelar y así prevenir su repetición.
Los trabajos en la aplicación de las medidas cautelares recién comienzan, pero en lo más profundo de la sierra resta mucho por hacer.
Es el momento idóneo para que la autoridad federal deje de buscar culpables en otras esferas de Gobierno y comience a participar más allá del discurso, porque el caso de Cerocahui lejos de estar resuelto, solo es la punta de la madeja de un problema de corrupción, violencia e impunidad que no se ha podido o no se ha querido atender.
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Aunque el caso de José Noriel Portillo cobró relevancia a nivel internacional el pasado 20 de junio de 2022, esto por el asesinato de cuatro personas, entre ellas los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Barrelleza, no era esta la primera ocasión en que El Chueco se encontraba en el ojo del huracán.
En octubre de 2018, bajo el mandato del entonces gobernador Javier Corral Jurado, fue asesinado el turista estadounidense Patrick Braxton-Andrew a manos de Portillo Gil.
Tras ser asesinado, Braxton, un joven maestro universitario que vacacionaba en la sierra, fue enterrado por sus homicidas, pero posteriormente fue exhumado y abandonado en una brecha cerca de la localidad de Guapalayna, sobre el camino que comunica a Urique con el municipio de Batopilas.
A raíz de este artero crimen, Javier Corral Jurado aseguró que aplicaría todo el peso de la ley y que no habría impunidad durante su mandato, pero, al igual que otros miles de crímenes más que ocurrieron durante su administración, este tampoco se resolvió.
Según informes dados a conocer por las propias autoridades, el delincuente más buscado de la sierra chihuahuense, El Chueco, tenía al menos 10 años de ser buscado por las autoridades.
Pero hasta que ocurrió la matanza en Cerocahui y aún con una recompensa de 5 millones de pesos por su captura, ademeas de la presencia de cientos de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno tras sus pasos, El Chueco permaneció hasta sus últimos días libre entre la sierra de Chihuahua y Sinaloa.
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En su Diccionario Panhispánico de dudas, la Real Academia Española define la palabra razia como la “Adaptación gráfica de la voz francesa de origen árabe razzia, ‘incursión en territorio enemigo para destruir o saquear’ y ‘redada policial’.
Atendiendo a este vocablo desde su segunda acepción, los fuertes operativos implementados por las autoridades que participan en el Operativo Conjunto de Seguridad lograron el desmantelamiento del grupo criminal que era comandado por El Chueco.
Ciertamente, los operativos que se realizaron a partir de los lamentables hechos en Cerocahui le habrían restado capacidad operativa, recursos y prácticamente no se tuvo noticia de ningún acto delictivo cometido por él o su banda, según dio a conocer en conferencia de prensa el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, tras tener conocimiento del hallazgo del cadáver de José Noriel en territorio sinaloense.
José Noriel Portillo Gil era identificado como uno de los líderes del “brazo armado” del Cártel de Sinaloa, y considerado como un peligroso generador de violencia al que se le atribuye también el tráfico de venta clandestina de cerveza y la tala clandestina en la región que operaba en el municipio de Urique.
El último de los decomisos que se realizó al grupo que dirigía, fueron cerca de 50 mil latas de cerveza, según declaró en días recientes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.
El fiscal general del estado fue claro al aseverar que, tras el fatídico desenlace del personaje que mantuvo en zozobra a la región de Urique, la presencia de los cuerpos de seguridad sería permanente en esa zona.
Dijo que se reforzará la presencia de los tres niveles de Gobierno y habrá bases permanentes en la zona, tras anunciar que ya están en puerta las construcciones de una comandancia para la Policía Estatal y un cuartel para la Guardia Nacional.
“Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que ningún grupo delincuencial siquiera se parezca a lo que hacía este sujeto y eso está perfectamente en las manos de las autoridades”, dijo.
“Nunca más nadie como El Chueco”, afirmó Jáuregui Moreno.
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Sin embargo, pese a los operativos realizados en meses recientes con un amplio despliegue de fuerzas de los tres órdenes de Gobierno, la seguridad en la sierra no mejoró, según dio a conocer el obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval a través de un comunicado.
Peor aún, afirmó que lo que ocurre en la sierra chihuahuense “es un reflejo de lo que se vive prácticamente en todo el país”.
Más que atribuírsele a un nivel de Gobierno que actualmente dirige o administra los intereses ciudadanos, el fenómeno de la violencia derivada del crimen y la impunidad debe entenderse como un problema que atañe a todos, pero también, como señala la Diócesis de la Tarahumara, la seguridad de la ciudadanía debe recaer en primera instancia, en las autoridades.
Con la muerte de El Chueco no se frena el dolor de tantas víctimas de la violencia y la ausencia del Estado de derecho.
Por lo anterior, nos quedamos con las palabras crudas y certeras de la Diócesis de la Tarahumara:
“Triste la situación que vivimos porque, como decimos, en la Sierra, el desastre que hay, no fue, ni es provocado, por una persona, sino desgraciadamente existe toda una estructura de extorsión, soborno, cobro de piso, levantamientos, venta de alcohol clandestinamente, tala ilegal, etc. Estructuras que todos, autoridades (especialmente) y ciudadanos tenemos que acabar, desde el compromiso de cumplir con nuestras propias responsabilidades, especialmente en el fortalecimiento de los valores familiares y comunitarios”.