Mucho ruido hizo ayer la interpelación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar a Carlos Murguía, quien encabeza el tan llevado y traído proyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez.

Pérez Cuéllar confrontó al empresario Murguía, porque a Carlitos se le ocurrió decir que el tema de la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones en Los Hoyos del parque El Chamizal se resolvía, ipso facto, si el Municipio de Juárez otorgaba unos permisos, esto es, si el municipio destrababa simples cuestiones de papeleo y tramitología burocrática.

Ahora Cruz se pregunta si Carlos Murguía peca de ignorante o si detrás de estas ligeras afirmaciones se ocultan perversas intenciones.

Y es que el empresario que impulsa el Centro pretende convertir un tema en donde la federación tiene todas las atribuciones y, por tanto, la última palabra, en asunto de mera voluntad y gestión municipal.

Efectivamente, Murguía parece ignorar la complejidad del tema, que para empezar implica el reordenamiento del uso y destino de 243 hectáreas del parque, que por décadas han sido utilizadas, en parte, para otorgarlas en comodato, con absoluta opacidad, entre otros a allegados de la familia de Alejandra y Lupita de la Vega, la comadre de Carlitos Murguía.

Al parecer, y a raíz de las declaraciones de la gobernadora en el sentido de apoyar a quienes desean que el Centro de Exposiciones y Convenciones se concrete en El Chamizal, Carlos Murguía y Rogelio Ramos, junto con su grupúsculo elitista, pastoreados por Álvaro Bustillos y comandados  por Alejandra de la Vega, se muestran ahora desafiantes ante la federación y el Municipio.

Hasta donde Mirone alcanza a ver, este grupito pretende aprovecharse de la buena voluntad que ha mostrado Maru para atender las demandas de los juarenses, posicionándose ante la gobernadora como los genuinos embajadores y representantes de Juárez desde El Paso, Texas.

Sin embargo, alguien debería de alertar a Maru, ya que de un escenario de buena voluntad entre la federación, estado y Municipio de Juárez, hemos pasado a un contrapunteo entre los distintos niveles de Gobierno, y de estos con algunos empresarios, con fricciones que empiezan a ser preocupantes, y todo por las declaraciones irresponsables (o perversas) de quienes están dando la cara por este grupo empresarial exclusivo y excluyente: el mostachón Rogelio Ramos y el perverso Carlos Murguía.

Con sus torpes declaraciones triunfalistas, los interlocutores y supuestos aliados de la gobernadora en Juárez, han comprometido a Maru a contracorriente de la federación, del Municipio, así como de las organizaciones ciudadanas y ambientalistas, activistas y académicos, que tienen otra visión respecto al uso y abuso de El Chamizal.

Así, los muchachos de Álvaro Bustillos rompieron el esquema que se había armado a partir de la visita a Juárez que hace tres meses llevó a cabo María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) en la que se ordenaron estudios topográficos y jurídicos para realizar un diagnóstico completo de la situación del parque.

¿Con qué fin, estando pendiente un diagnóstico y una resolución por parte del Gobierno federal para determinar lo procedente respecto a  El Chamizal, este grupúsculo pone en tal situación a la gobernadora, confrontándola en diversos frentes?

¿Qué sentido tiene ahora que Carlos Murguía y Rogelio Ramos salgan a declarar semejantes sandeces, revolviendo y agudizando aún más las controversias existentes? ¿Por qué provocar a la federación, al presidente municipal, a los ciudadanos, ambientalistas y activistas?

Este Mirone, mal pensado como es, no quisiera creer que este grupúsculo se encuentra actuando a contrapelo de los intereses de la gobernadora y a favor de los de sus patrocinadoras, las de la Vega, y que en lugar de cuidarle las espaldas a Maru lo que están buscando es revolver las aguas para obtener posiciones convenientes para que las propietarias de los Del Río puedan resolver sus conflictos con la administración estatal.

O todo esto es producto de una operación perversa de alto nivel o es el resultado de una absoluta ineptitud y carencia de tacto y oficio político por parte de quienes lideran tal grupúsculo y que se dicen aliados de la gobernadora. Con estos amigos para qué quiere Maru enemigos.

Tal parece que el encargado de pastorear a estas minoritarias huestes no ha resultado tan hábil para la faena. Quizá Álvaro, como flamante presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, solo sirva para pastorear reses.

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Con la renuncia de la fiscal anticorrupción de Chihuahua, Gema Guadalupe Chávez, en la Auditoría Superior del Estado esperan que haya terminado por fin la «era del hielo» que cubría a ese ente “autónomo”, cuando los expedientes simplemente se congelaban o avanzaban a paso de mamut con las patas hundidas en la nieve.

Por materia prima no paraba la ASE, ya que fueron 46 carpetas de investigación por actos que podrían derivar en sanciones penales, las que enviaron a la Fiscalía Anticorrupción durante los últimos tres años.

Todas las observaciones por irregularidades en el manejo de recursos públicos, surgieron de revisiones a las cuentas de diversos entes gubernamentales, que deberían terminar en una de tres: la reposición del daño, que es la más deseable; la sanción al funcionario infractor, o la aclaración del caso y declaratoria de responsabilidad del imputado.

Pero nada de eso ocurrió con esas 46 carpetas durante la gestión de Gema. Ahora, con los cambios que se darán en la fiscalía, en la Auditoría Superior confían en que comience a derretirse el hielo sobre los asuntos, lo cual puede derivar también en responsabilidades para la exfuncionaria corralista, por omisión o negligencia, que para el caso es lo mismo.

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Vía fast track llegó ayer a la reunión previa del Cabildo de Juárez la reforma judicial aprobada en el pleno del Congreso del Estado la semana pasada.

Fue puesta en manos de los regidores integrantes de la Comisión de Gobernación que coordina el pañalito de Morena Antonio Domínguez Alderete, con el priista Jorge Gutiérrez Casas, como secretario, y el panista Enrique Torres Valadez, como vocal.

Aunque parezca increíble, el único que se opuso a la reforma y se abstuvo de votar a favor fue el Kike Torres, mientras que Gutiérrez Casas quiso imitarlo y comenzó a cuestionar el fondo de la misma, pero una llamada de los mandos tricolores lo alineó y terminó por apoyarla.

Con esa mayoría de 2 de 3, la reforma pasará a Cabildo en la próxima reunión para su discusión, aprobación o rechazo, pero todo indica que el asunto está más que planchado y pasará sin tocar baranda.

Domínguez será el encargado de encarrilar a sus compañeros de fracción edilicia para que la aprueben sin chistar, mientras que a los díscolos panistas les llegará, sin duda, una buena “recomendación” de palacio, para que no se subleven ni le echen tierra a un proyecto tan importante para la titular del Ejecutivo.

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Mal ejemplo pone el corralista Eduardo Limón Alonso al anunciar en las redes sociales la venta de cachorros San Bernardo.

El ex coordinador del Colegio de Bachilleres de la zona norte durante la administración estatal de Javier Corral, subió a su muro de Facebook fotos de 4 peludos cachorros que está ofreciendo en venta.

En una de las galerías que muestra a los perritos, el político panista filosofa y escribe: “es casi toda una máxima de vida aquella que dice que el perro es el mejor amigo del hombre.”

Será esa la razón por la que ahora vende a los vástagos de su mejor amigo, a pesar de que esta práctica de venta está prohibida por la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Gobierno federal, aprobada en 2020 con sanciones por la venta ilegal de perros y gatos.

Como maestro de formación, Limón Alonso debería estar enterado de la reforma a la Ley de Bienestar Animal hecha en junio del 2017, que en su artículo 5 establece que la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, a la que perteneció muchos años, promoverá una cultura de respeto a los animales. Esa cultura precisamente es con la que choca su afán mercantilista.

La ley en la materia permite la venta únicamente a profesionales de crianza que cumplan con un sinfín de requisitos, que comienzan por la respectiva licencia, los permisos municipales, estatales y federales, las condiciones óptimas del criadero, además de las atenciones veterinarias que deben tener los cachorros. Obviamente, con ninguna de estas condiciones cumple el ex funcionario estatal.

Debe saber también don Eduardo, que desde el 2018 la plataforma Facebook prohibió la venta de animales, mascotas y pieles a través de publicaciones, de acuerdo con sus políticas para el comercio. «Las publicaciones no pueden promocionar la venta de animales», indica la red social. Eduardo Limón se postuló como precandidato del Partido Acción Nacional a la diputación local por el VI Distrito en el 2021, sin obtener la curul. Al frente de la coordinación de Bachilleres estuvo hasta octubre del año pasado, cuando fue sustituido por Laura Robledo.