Tres años después, Gema Chávez se fue de la Fiscalía sin meter en cintura a Cabada

La Fiscal Anticorrupción, Gema Chávez, se fue del cargo sin emprender acción penal contra los casos más emblemáticos de la administración del alcalde Armando Cabada.

A pesar de que la Auditoría Superior del Estado hizo los señalamientos en revisiones de Cuenta Pública, la Fiscalía no logró acción penal.

Tampoco administrativa, ni menos aún la recuperación del monto presumiblemente desviado.

En el año 2019, la ASE entregó los resultados de revisiones a las cuentas públicas de los municipios del estado. En el caso de Juárez, la revisión dio como resultado 140 observaciones y probables casos de conflictos de intereses.

Uno de los casos más graves detectados por la ASE en los años 2018 y 2019 fueron los contratos concedidos a la firma Castro Villarreal.

Esta recibió dos contratos por 33.5 y 8.9 millones de pesos, para un total de 42.4, para gestionar el pago rezagado de Impuesto Predial.

Sin embargo, de acuerdo a la observación de la ASE, no existe evidencia documental que permita corroborar que, efectivamente, se lograron recuperaciones de pagos pendientes.

El 24 de agosto de 2021, Gema Guadalupe Chávez informó a Norte Digital fiscalía a su cargo tenía abiertas sendas investigación por posibles hechos delictivos.

Sin embargo, nueve meses después de aquella declaración, no se ha llevado a cabo ninguna acción penal a causa de esa observación.

Caso similar es el de la irregular contratación, vía arrendamiento, de patrullas para la policía municipal de Juárez.

En la entrega recepción de la administración municipal entre Armando Cabada y Cruz Pérez Cuellar, se detectó que, de 500 patrullas arrendadas, solo funcionaban 300.

Conflicto de intereses

Mismo caso es el de la observación derivada del  contrato de publicidad otorgado a la televisora Intermedia de Ciudad Juárez, operadora del canal 44. Ésta es propiedad de la familia Cabada, por lo que se habría incurrido en un conflicto de intereses.

El importe de ese contrato fue de 11 millones 049 mil 210.00, solo en el año 2019, según la revisión de la ASE.

En aquel entonces, se excusó al entonces alcalde Cabada de firmar el convenio con Intermedia de Ciudad Juárez, por el posible conflicto de intereses. Sin embargo, se designó a un miembro de Ayuntamiento para que lo hiciera.

La ASE no solventó los argumentos presentados por el entonces alcalde Cabada e hizo el señalamiento por irregularidades administrativas. 

“Fiscala carnala”

Desde su nombramiento, en 2019, diversos analistas y opositores al gobierno de Javier Corral cuestionaron la elección de Gema Chávez.

El motivo principal de la reserva hacia la nueva “fiscala” era su cercanía con el entonces gobernador. Asimismo, se cuestionaba el hecho de que fuera electa para un período de siete años, de modo que permanecería en el cargo después del gobierno corralista.

El  4 de febrero de 2020 había iniciado su período como Fiscal en su calidad de autónoma e independiente, desligada de la administración estatal.

La “Fiscalía Anticorrupción”, creada mediante reformas a la Constitución del Estado para dotarla de plena autonomía del resto de los organismos gubernamentales. Así lo informó el Gobierno del Estado en un comunicado oficial emitido aquel 4 de febrero.

Al órgano a cargo de la nueva fiscal se  le dotó de personalidad jurídica y patrimonio y propio. La fiscal, a su vez, gozaba de fuero constitucional.

Entre sus facultades, estaba “ejercer acciones penales en contra de personas que presuntamente hayan actuado de manera indebido en el ejercicio de la función pública”.

La reforma Constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado el sábado 1 de febrero, le da a la Fiscalía Anticorrupción. Hasta antes de la reforma, era un órgano de la Fiscalía General del Estado.

“Chihuahua se ubica a la vanguardia en el combate a la corrupción”, expresó el gobierno de Javier Corral en aquel momento.

Según la gestión corralista, Chihuahua era una de las primeras entidades federativas en dotar de autonomía su órgano anticorrupción.

“Permitirán contar con órganos autónomo y una estrategia de largo plazo para dar solución a los problemas más sentidos por la sociedad, como son la seguridad y la impartición de justicia, afirmó.

Sin embargo, su identificación con el gobierno de Corral le valió el mote de “Fiscala Carnala” y la reserva hacia su posible parcialidad a favor del entonces mandatario.

Gema Guadalupe Chávez Durán había asumido el cargo en el 4 de enero del año 2019 para un período de siete años, el cual terminaría en el 2026. Es decir, que acompañaría a la gobernadora Maru Campos en cinco de sus seis años de gobierno.

En aquella reforma, se aprobó un artículo transitorio para que continuara ejerciendo sus funciones hasta concluir el periodo de siete años.

Su designación corrió a cargo del Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El Legislativo la eligió de entre una terna propuesta por un panel de  nueve especialistas en la materia de combate a la corrupción.  De éstos, cinco fueron designados por el Ejecutivo y cuatro por el Legislativo.

“Chávez Durán fue electa para ese cargo por votación del Congreso del Estado, tras un riguroso proceso de selección, apegado a normas internacionales”, comunicó el Gobierno aquel 4 de febrero.

Lo cual—agregaba el comunicado—“garantiza la imparcialidad y la independencia de la persona que ocupe el cargo”.

Su gestión abarcó solo tres de los siete años que habría de durar. Deja el cargo y con ello la responsabilidad para el Congreso y el Ejecutivo de elegir un nuevo fiscal anticorrupción mediante una terna.