En ocasiones, la justicia suele adquirir el color y la forma de la política, desvirtuando así, en siniestra metamorfosis, cualquier intento reivindicativo. En Chihuahua, donde corren tiempos electorales, la relojería política de la justicia corralista se encuentra al centro del debate. El gobernador Corral ha dejado claro que su principal legado pretende ser el del combate a la corrupción y la impunidad. Muchas veces se ha referido el gobernador al pacto de impunidad que atenazaba a partidos políticos, grupos empresariales y demás factores reales de poder en el estado. Sin embargo, el caso de Maru Campos dentro de los Expedientes X ha puesto en duda la objetividad e imparcialidad de los órganos investigadores y persecutores que pretenden imputar a la hoy precandidata a la gubernatura del PAN-PRD. 

Y es que se ha acusado al Gobierno de Javier Corral de haber emprendido una persecución política en contra de la actual alcaldesa de Chihuahua con licencia. Estas acusaciones dicen tener bases y evidencias. Así, en un contexto de contienda interna del PAN para definir a su candidato a gobernador, Javier Corral se habría inclinado con todo por Gustavo Madero, buscando, a toda costa, desbancar a Maru Campos. En este escenario, se dice que el gobernador Corral habría jugado políticamente con los tiempos, con los procesos, regulando, dosificando, tratando de amedrentar a la hoy precandidata, todo con la intención de que se bajara de la contienda y le dejara el camino libre a su gallo para la sucesión. Sin embargo, en esta cábala de tiempos y mecanismos, el gobernador habría perdido el control y hasta la brújula, si es que alguna vez hubo tales.   

En un circo mediático con tufo político y electoral, las reiteradas denostaciones públicas que diversas autoridades han llevado a cabo, presentando desde ya como culpable a la precandidata del PAN-PRD, han trasgredido abiertamente el principio de presunción de inocencia. Cuando un Gobierno convierte en instrumento político a todo un aparato de procuración de justicia, acepta las funestas consecuencias de trocar la aplicación de la ley por la conveniencia y los intereses políticos del momento. Cuando se enturbian y se vician los procesos, lo que probablemente pudiera haber en el fondo, de haberlo, se ha extraviado. A partir de ese momento, las autoridades persecutoras sirven lo mismo para un barrido que para un fregado.   

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En realidad, y de acuerdo con los tiempos y los engranajes de la justicia procesal mexicana, para cuando el gobierno de Corral se decidió a actuar, nunca tuvo una oportunidad efectiva de hacer mella en el proyecto político de Maru Campos. Cabe la posibilidad de que el gobernador Corral siempre haya sabido esto y, no obstante, se haya decidido por apostarle al clásico petate del muerto para tratar de asustar a la actual precandidata o, también, existe la posibilidad de que alguien se encuentre, hasta el día de hoy, engañando al gobernador, y haciéndole creer que todavía pudiera hacerle algún daño a la alcaldesa con licencia. Evidentemente, esto no va a ocurrir. El único efecto de aferrarse a estas alturas a este despropósito sería, como lo está siendo, el fortalecimiento electoral de Maru Campos.  

Como Mirone lo expuso el pasado domingo, la defensa de Campos Galván se encuentra a cargo de uno de los despachos jurídicos más prestigiados del país. Así, en el asunto en cuestión, la ingeniería jurídica para no llegar a una audiencia inicial o, en su momento, a juicio oral, se va a mover todo lo que sea menester. En este mundo acusatorio, cada día trae consigo la posibilidad de la promoción de un nuevo amparo, que difiera, ad nauseam, cualquier audiencia, y aun en el caso de que lograran llevarla a la audiencia de imputación y de que Maru Campos fuese vinculada a proceso, con sus derechos políticos a salvo, intactos (ya que el 38 constitucional habla de auto de formal prisión y no de auto de vinculación), Maru salvaría también los tiempos electorales y, de resultar electa, ya con fuero, suspendería el procedimiento, trasladando así el tema de aquí a seis años para, probablemente, retomarlo en otros tiempos y con otras circunstancias políticas.  

Para que quede más claro, y sin que la defensa de la precandidata o alguna autoridad tenga que actuar fuera del marco legal, cualquier atisbo que indique un perjuicio de difícil reparación, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se encontrarán actuando a favor de la estrategia de los abogados defensores, y los van a usar al máximo. Y si lo anterior no fuese suficiente, todavía quedarían los médicos y los motivos de salud, entre otras tantas posibilidades, que hacen que tres meses se vuelvan irrelevantes.  

Con una sólida estrategia jurídica, ataques mediáticos de por medio y la duda de la imparcialidad de la Fiscalía en el caso, Maru Campos bien podría enfocarse, tranquilamente, en su campaña electoral, mientras las próximas semanas transcurren sin contratiempos. Ni siquiera necesita que el Poder Judicial de Chihuahua se encuentre arrodillado, si es que en realidad lo está. Basta con que los juzgados federales hagan su trabajo y con que los jueces estatales no se encuentren interesados en entrarle a un asunto que, quizá, ya ven como un tema muy personal del gobernador en turno. Y hasta con menos de eso basta.  

Simplemente los tiempos y los senderos procesales no dan para más. Lo anterior debería ser tomado muy en cuenta por quienes tienen, de una u otra manera, intereses definidos en la contienda electoral que se avecina. Para Morena se pinta un escenario escarpado, en donde el anhelado golpe que descarrile a su principal obstáculo hacia la gubernatura no va a ocurrir.    

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El gran legado del gobernador Javier Corral, el combate a la corrupción y la  impunidad, encuentra su máxima expresión en la denominada operación Justicia para Chihuahua, misma que incluye los famosos Expedientes X. En cualquier parte del mundo, resulta sumamente loable que un Gobierno pretenda barrer y acabar con las corruptelas que tanto han caracterizado en el actuar a políticos y gobernantes. Sin embargo, cuando en una operación de este calado la política aparece, de pronto, actuando en la dimensión de la justicia y la justicia en la dimensión de la política, la brújula comienza a estropearse. La pretendida justicia se empieza a antojar tramposa, selectiva. El caso de Maru Campos es solo un botón de muestra, pero hay mucho más que decir al respecto.   

En Chihuahua, mientras que el exgobernador César Duarte permanece encerrado en una prisión de Miami en espera de su extradición, a algunos implicados en los Expedientes X se les persigue con todos los recursos disponibles y, a otros, en la misma situación, les son otorgados ciertas concesiones y hasta perdones, a pesar de haber aceptado ser responsables por la recepción, entre 2010 y 2016, de millones de pesos desviados del erario estatal durante los descarriados tiempos del duartato. Dentro de esta lista de personajes, que a Corral le gusta contar por centenas, se encuentran los nombres de quienes participaron en el latrocinio más grande en la historia del estado contra los chihuahuenses, pero no todos son tratados por igual. 

Sin necesidad de ir muy lejos, podemos mencionar, rápidamente, algunos de los casos donde el trato no es parejo: El actual alcalde de Juárez, Armando Cabada, quien en su etapa de empresario recibió 4.3 millones de pesos de César Duarte; el exdiputado local de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, con 2.4 millones de pesos; Teokali Hidalgo, expresidenta del PRI en el municipio de Chihuahua con 500 mil pesos; Javier Contreras, exdirector de El Heraldo, con 10 millones de pesos; Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta del PRD en el estado, 2 millones de pesos. Todos ellos, simplemente ofrecieron devolver el dinero para no ser llevados a juicio.  

Todos ellos también, aparentemente, cometieron un delito, pero no se les perseguirá ni se les encarcelará, como a Gerardo Villegas, exdirector de Administración de Duarte; Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones de Hacienda; Alejandro Gutiérrez –La Coneja–, exsecretario general del PRI nacional y exsenador de Coahuila; Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación; Jaime Agustín Fong Ríos, empresario; Javier Garfio, exalcalde de Chihuahua; Jesús Manuel Esparza, titular de la Auditoría Superior del Estado, y otros como Eduardo Esperón, Alejandro Villarreal, exdirigente del SNTE, etc., etc.  

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Si de algo puede presumir Juan Carlos Loera de la Rosa, exdelegado federal de programas sociales de la 4T en Chihuahua es de ser de los muy pocos servidores públicos que ha recorrido –y sigue recorriendo ahora como candidato de Morena– cada uno de los rincones del estado. 

El “siervo mayor de la nación en Chihuahua” le dejó la vara muy alta a su sucesora, Bertha Alcalde, una joven mujer que, dicen, sabe trabajar muy bien, pero solo desde el escritorio. Tras asumir el encargo que le hizo personalmente el presidente López Obrador en noviembre pasado, y a la fecha, ha realizado solamente una gira de trabajo. Su mejor propuesta hasta hoy conocida es la de realizar nuevamente un censo en todas las comunidades que Loera ya encuestó personalmente. 

En tres meses y medio que lleva al frente de su oficina en tierras chihuahuitas, Bertha Alcalde maneja a control remoto los programas de Liconsa, adultos mayores, jóvenes, becas, etc. Muy rara vez viaja a la Sierra a gastar suela y polvearse sus bien lustrados zapatos. Ese fue uno de los reclamos que le hicieron productores lecheros, quienes le brindaron una olorosa bienvenida al lanzar estiércol dentro y fuera de su oficina. 

En temas de coyuntura, como lo es el programa de vacunación por Covid-19, o los persistentes reclamos de agricultores de la región centro-sur por el tema del agua de las presas, hay absoluto silencio por parte de la delegada. Reporteros de la fuente le confían a Mirone que resulta prácticamente imposible obtener una entrevista con ella, y que solo se limita a emitir comunicados de tres tristes parrafitos que dejan más dudas que respuestas a los interesados.