El sábado entró en vigor formalmente, la militarización del país, y de acuerdo con el decreto que permite el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, cada seis meses deberá rendir un informe sobre los resultados obtenidos en esta tarea.
Pero, ¿Por qué esperarse hasta el 19 de mayo para que se informe sobre la efectividad del Ejército en labores policiacas, cuando pueden hacerlo al inicio? Pues las tropas tienen rato patrullando o más bien turisteando, al igual que la Guardia Nacional.
Para nadie es un secreto que la presencia de los soldados y de los guardias nacionales en las calles de Juárez, no ha servido para disminuir los delitos considerados de alto impacto, pues las ejecuciones se siguen cometiendo a cualquier hora del día, en todo lugar y lo peor de todo, frente a testigos.
El decreto que le permite al Ejecutivo federal el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública hasta noviembre del 2028, establece que esa labor deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Esa fiscalización se refiere a que el Ejército deberá rendir un informe semestral al Congreso de la Unión, donde proporcione “los indicadores cuantificables y verificables” que permitan evaluar los resultados obtenidos en ese período.
O sea que, deberán rendir un parte de novedades donde digan a cuántos delincuentes detuvieron, cuáles delitos combatieron, inhibieron y persiguieron; pero también tendrán que presentar la evidencia de ese trabajo.
Esto nos recuerda los informes que rendía el Ejército en el Operativo Conjunto Chihuahua, que inició en Juárez en marzo del 2008, con 10 mil soldados y policías federales, y que resultó un reverendo fracaso, porque dos años después, las estadísticas oficiales mostraron un incremento en homicidios, secuestros, extorsiones y abusos de autoridad.
Fue en este último renglón el único donde destacó el Operativo Conjunto, pues se documentaron 978 denuncias en el primer año de actividades, 630 de las cuales fueron contra el Ejército y 348 contra la Policía Federal Preventiva.
Todavía se recuerdan los informes de resultados a la prensa, en las instalaciones militares de la ciudad, donde los mandos castrenses presentaban detenidos y les cargaban decenas de homicidios sin evidencia, solo las confesiones obtenidas regularmente con métodos ortodoxos y que, por lo mismo, no eran creíbles.
Eran esos, los tiempos más difíciles de Juárez y la intervención militar en las calles, no ahuyentaba a las bandas de sicarios ni disminuía las ejecuciones, por el simple hecho de que los escuadrones de soldados se desplazaban en las calles en unidades que eran fácilmente detectadas.
Ni cuando se colocaron soldados como vigilantes en los principales cruceros de la ciudad, la estrategia militar funcionó, porque no estaban autorizados a responder a una llamada de auxilio o detener a un sospechoso, si no recibían ordenes de un superior o de un mando.
¿Pasará lo mismo ahora, que constitucionalmente están autorizados para asumir labores de policías, aunque digan que no van a suplir a la autoridad civil preventiva?
Los juarenses ya vivieron esa mala experiencia y aunque la presencia militar en las calles generalmente inspira respeto a la ciudadanía, por tratarse de una institución ligada a los valores patrios, los malandros no piensan lo mismo, y desde hace mucho hacen lo que quieren, con o sin la vigilancia de soldados. Al tiempo.
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Al cumplirse cinco meses del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Urique, el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, lanzó un duro manifiesto donde expresa que “sigue el grito y el clamor de los muertos y el silencio e indiferencia de los vivos, frente a la impunidad que se vuelve gobierno”.
El manifiesto, firmado también por los vicarios episcopales de la zona norte, centro y de occidente, así como por el vicario pastoral y el secretario canciller de la diócesis de la Tarahumara, se pone a tono con el calendario cívico, al plantear que necesitamos una “revolución del corazón donde nuestros muertos puedan descansar y nuestros vivos quieran despertar”.
Los prelados exponen que los mexicanos “queremos y necesitamos otra nación, un México donde todos hagamos el bien dando rumbo y sentido a una vida digna, desde los derechos naturales y las garantías constitucionales que todos tenemos por el hecho de ser mexicanos; derechos que nos ha legado la Revolución de tantos corazones a lo largo de la historia”.
Al seguir reclamando justicia por los tres homicidios, pero particularmente por los de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, exhortan a “levantar las armas de la fe” para una auténtica reconciliación, en clara referencia a la polarización que vive actualmente la población mexicana, impulsada por el inquilino de Palacio Nacional.
Y mientras la iglesia católica sigue exigiendo justicia, el grupo de búsqueda de “El Chueco”, el asesino de los jesuitas y el laico, siguen dando palos de ciego y haciendo el ridículo.
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Seguridad pública, salud, estancias infantiles y la reactivación económica, serán los ejes prioritarios del presupuesto estatal el próximo año, según lo ratificó la propia gobernadora Maru Campos.
Al término de la ceremonia de aniversario de la Revolución Mexicana en la comunidad de Pascual Orozco, en el municipio de Guerrero, Maru enfatizó que el presupuesto será muy conservador porque este el próximo año no habrá replaqueo, porque se disminuyó el impuesto sobre nómina, pero, sobre todo, por los recortes que hizo el gobierno federal.
Maru negó que su gobierno se vea obligado a solicitar créditos, porque no quieren sumarle a la deuda a largo plazo que tiene el Estado desde el sexenio de César Duarte, que a su vez incrementó Javier Corral, en su desastroso quinquenio.
Anunció que, por lo mismo, están cuidando mucho el recurso que tendrán, para que se vaya directamente a los municipios en los cinco temas, en los que se prioriza la seguridad pública, con la Plataforma Centinela que precisamente comenzará a mostrar sus alcances el próximo año. Veremos y diremos.
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Una sentencia de 4 años en libertad y trabajo comunitario, recibieron los 4 integrantes de la familia LeBarón que estaban detenidos por la portación de armas de fuego, quienes la noche del sábado salieron de prisión tras el pago de las respectivas fianzas.
Los mormones detenidos en el municipio de Galeana la semana pasada, se acogieron al beneficio de un juicio abreviado, después de aceptar su culpabilidad en los hechos.
Mediante este procedimiento, se les redujo la pena de 5 años y medio a 4 años, lo que les permite purgar la sentencia en libertad, realizando además trabajo comunitario.
Adrián LeBarón, el líder de la comunidad mormona en el noroeste del estado, agradeció mediante un comunicado la impartición de la justicia pronta y expedita, que deja a sus parientes pagar su pena en libertad y trabajando por la comunidad.
Esta resolución evitó lo que se veía venir como otro conflicto político, uno más de los muchos en los que se han visto involucrados los LeBarón, por el acoso de barzonistas y malandros en sus ranchos, y desde la masacre que sufrieron 9 miembros de esta familia en la comunidad La Mora, en noviembre del 2019.