Varios indicadores muestran que la violencia sigue escalando en Ciudad Juárez, aunque las estadísticas oficiales insistan en decir que estamos mejor que antes.

Apenas un día después del ataque a balazos que sufrieron un hombre y su hija de nueve años en pleno corazón de una zona escolar y en hora pico de los traslados para la actividad laboral y comercial, otro homicidio doloso se registró en el interior de un bar ubicado en el supuesto “corredor seguro” de la Gómez Morín.

El crimen ocurrió de madrugada, cuando el bar La Vaca ni siquiera debería estar abierto.

Los hechos violentos volvieron a revelar un fenómeno que ya se había comentado aquí: por toda la ciudad proliferan los “after”, bares, centros nocturnos y terrazas que operan fuera de los horarios permitidos por la ley, bajo la complacencia de autoridades administrativas y policiacas, dentro de esquemas de evidente corrupción.

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Vida nocturna, giros negros, descontrol, alcohol, drogas y criminalidad siempre han caminado de la mano en esta frontera, pero quienes conocen ese ambiente aseguran que ahora todo está más desatado que nunca.

Mientras tanto, policías de distintos niveles, así como inspectores de Gobernación y Comercio, se dan vuelo compartiéndose jugosas cuotas y “pollas”.

A Mirone le llegó el reporte de personas que se mueven en la vida nocturna y conocen el negocio de los bares: al menos 15 establecimientos operarían bajo cuota, enlistados por los muchachitos de Gobernación.

Y las cosas no cambian ni siquiera cuando ya son varios los hechos criminales que se relacionan a ese tipo de negocios funcionando fuera de horario, tal como ocurrió con los asesinatos registrados en el Cabaret VIP o cuando la Fiscalía de la Mujer reventó el Lupe-Lupe durante investigaciones relacionadas con trata y desaparición de jovencitas.

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Tampoco es sorpresa para nadie que cada vez es más descarada la venta de droga dentro de todo tipo de antros.

Cualquier persona que entre a un baño puede terminar con alguien ofreciéndole cocaína o metanfetaminas. El “jale” prácticamente se mueve al mayoreo.

Los “after” además se desbordaron hacia otro giro que terminó convertido en mina de oro para inspectores y policías: las terrazas o jardines para eventos.

Esos espacios ya no únicamente se ofertan como opción para reuniones privadas; también funcionan como lugares para seguir la fiesta a cualquier hora.

Según lo que llegó a Mirone, a muchos propietarios los traen “vacunados” con cuotas semanales de entre mil 200 y mil 500 pesos, tengan o no tengan eventos programados.

Y no son pocos. Fácilmente habría más de 300 negocios de ese tipo operando en la ciudad.

Mientras tanto, los homicidios siguen apareciendo, los “after” continúan funcionando y la mata, literalmente, sigue dando.

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El caso de agresión sexual en un albergue del DIF estatal en la ciudad de Chihuahua vino a sacudir algo más que una institución: levantó el tapete bajo el cual se habían estado escondiendo años de descuido, omisiones y malos manejos dentro del sistema encargado de la protección tutelar en el estado.

Debajo de ese tapete apareció de todo: desde el caso del joven agredido mientras permanecía internado en el albergue, hasta personas que no reciben los cuidados más elementales y familiares de los ahí resguardados que aseguran recibir un trato peor que indigno.

Todo eso se fue acumulando hasta el pasado 6 de mayo, cuando la Fiscalía Zona Centro dio a conocer la vinculación a proceso de un sujeto acusado de cometer violencia sexual contra un joven internado en el albergue de la colonia Vida Digna, inmueble que posteriormente quedó clausurado por esa y otras anomalías que ya se les habían venido acumulando.

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El DIF estatal intentó darle una salida “de puntitas” al asunto: removió a dos de sus funcionarios sin ofrecer mayores explicaciones sobre su salida.

La destitución del procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, Omar Velázquez, así como de la segunda al mando, Bárbara Herrera, fue manejada como si se tratara de uno más de esos enroques burocráticos comunes en cualquier administración pública.

Sin embargo, nunca se explicó por qué dos mandos de una dependencia donde se manejan asuntos tan delicados y sensibles se fueron prácticamente de un día para otro.

Queriendo o no, la autoridad estatal terminó reconociendo la existencia de un problema que ya era un secreto a voces entre familiares de personas asistidas por el DIF y activistas defensores de derechos humanos: el área estaba en completo abandono y los asuntos simplemente no caminaban.

La salida de ambos funcionarios el mismo día, incluso anunciada en un solo boletín, dejó al descubierto la presión social que ya existía por el mal funcionamiento de una oficina encargada específicamente de atender a niñas, niños y adolescentes.

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Además del descuido en el que mantenían a los albergues —situación que derivó en casos tan lamentables como el del joven agredido sexualmente—, las propias autoridades estatales comenzaron también a expresar inconformidades por la manera en que se manejaban asuntos urgentes que debían llegar de inmediato a instancias jurisdiccionales.

Entre los casos más recurrentes estaban los reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes, que llegaban a la Procuraduría y que, según los señalamientos, se enviaban a las fiscalías prácticamente al cuarto para las doce; en muchas ocasiones, incluso, cuando el menor reportado ya había regresado a su hogar.

Las deficiencias que quedaron expuestas dan para mucho más que la simple salida de dos funcionarios ineficientes. Lo que se requiere ahí es una cirugía mayor en un área tan delicada como la atención a población vulnerable y, particularmente, a menores de edad.

Porque la pregunta que quedó flotando después de todo este escándalo es inevitable: si así atendían a los niños y adolescentes bajo resguardo, ¿cómo estarán tratando a los adultos mayores, personas con discapacidad o población neurodivergente?

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Luego del ruido nacional que se armó con la gira de medios de la gobernadora Maru Campos en la Ciudad de México, el panismo estatal continuará con una campaña de apoyo a la mandataria como estrategia para posicionar la marca y calentar motores rumbo a 2027.

La estructura estatal azul, con todo el Sistema PAN que incluye oficinas gubernamentales, tiene listos los engomados para colocarlos en vehículos, con mensajes e imágenes en favor de Maru.

Supo Mirone que ni en el Poder Judicial se van a salvar de entrarle a la operación propagandística, y todos los que han ocupado nuevas plazas ya se les «invitó» a pasar por su respectivo material.

Traen los panistas distintos frentes abiertos y ya circula la convocatoria para una reunión de todas las estructuras estatales, empezando por la Comisión Permanente, específicamente para delinear más acciones a seguir dentro de una campaña que, obligadamente, está vinculada a la elección del próximo año.

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Tentativamente, la encerrona azul del panismo estatal se realizará el próximo 30 de mayo en la capital del estado.

“Cuando Chihuahua se une, se nota. Chihuahua con Maru”, dice la invitación al evento programado para ese sábado.

En ese mismo tono irá la propaganda que comenzará a distribuirse en los próximos días.

Aunque la fecha todavía aparece como tentativa, ya se está pidiendo reservar el día por lo que se pueda ofrecer.

Andan filosos en el Sistema PAN con eso de prepararse para la operación política y dejar aceitada la estructura rumbo a lo que viene.

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También se enteró Mirone de que en varias dependencias estatales están aplicando una especie de sondeo interno que termina convertido en listados sobre el origen de la plaza que ocupa cada funcionario o empleado.

Cómo llegaron y quién les consiguió el cargo es lo que andan preguntando los jefes, seguramente para medir el tema de las lealtades y la disponibilidad para el trabajo político.

Otros mal pensados creen que ese sondeo podría estar preparando una última depuración dentro de la estructura estatal.

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Quedan 39 días para concretar las reformas electorales pendientes y no se ve que avance nada en el Congreso del Estado. Hablamos de mucho menos tiempo efectivo si se toma en cuenta que los fines de semana no cuentan en la agenda legislativa.

El periodo ordinario termina el 31 de mayo, por lo que nada más restan ocho días y no se les ven ganas a las diputadas y los diputados —sobre todo al bloque mayoritario del PRIAN— de entrarle de una vez a esa agenda pendiente.

Se supone que hay compromiso de dictaminar todas las iniciativas en materia electoral presentadas por los distintos grupos parlamentarios, por lo que se espera que se abra un periodo extraordinario de sesiones en junio.

Nada más en el tema de la elección de regidurías, hay seis asuntos pendientes de dictaminar y votar o desechar.

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En ese paquete están las dos iniciativas distintas para disminuir el número de regidurías en los ayuntamientos del estado, una presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y otra por el PAN.

También la iniciativa guinda para la elección directa por demarcación territorial, mientras que los azules presentaron otra para eliminar los artículos transitorios que precisamente establecen la obligación de legislar sobre ese método de elección para aplicarse en el proceso electoral 2026-2027.

Ni siquiera han definido en el Congreso del Estado cómo responderán el oficio en el que el Tribunal Estatal Electoral notificó su resolución en el sentido de que se debe atender lo previsto en los transitorios sobre la elección de regidurías, para no caer en omisión legislativa.

En ese mismo rubro habría que considerar la iniciativa de reforma más reciente que anunció el PRI y que generó hilaridad entre el resto de las bancadas, porque de plano los tricolores mostraron el cobre en eso de aferrarse a no soltar el hueso, por más chico que sea.

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Y es que la propuesta priista consiste básicamente en que las candidaturas perdedoras a la alcaldía puedan consolarse, en automático, “aunque sea” con una regiduría.

Fuera de Morena, que presentó la iniciativa para avanzar a un mejor modelo de representación política en los ayuntamientos, las demás fuerzas partidistas siguen empeñadas en plantear reformas regresivas para que las dirigencias sigan controlando el reparto de las regidurías plurinominales, ahí donde caen las migajas de la competencia política.

Con razón el hartazgo ciudadano frente a una clase política que únicamente piensa en asegurar posiciones personales o de grupo.