La presurosa emoción con la que el Congreso del Estado aprobó ese enorme cheque en blanco que representa el fideicomiso para la construcción en tierras chihuahuitas de la llamada “Arena de Rodeo” tiene destinatario, y no necesariamente es la actividad ganadera en toda su amplitud.

El proyecto, con serios aires de “obra de relumbrón”, parece dirigido a engalanar a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, la famosa UGRCH, que preside Álvaro Bustillos, quizá el aliado más fiel del oficialismo prianista dentro del sector agroindustrial del estado.

Son, en el papel, unos 200 millones de pesos “públicos” los que se gastarían en esa especie de estadio para rodeo y exhibiciones ecuestres, aunque hay quienes sostienen —no sin elementos— que la suma podría dispararse hasta los 500 millones de pesos, fácil y rápidamente.

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Si bien cada administración pública busca construir su propia gradería —llámese estadio, auditorio o “arena”— también es cierto que, muchas veces, esos escenarios terminan convertidos en edificiotes que ni a adorno llegan y cuya utilidad se reduce, cuando mucho, a unas cuantas semanas por año.

Ahí están los estadios de beisbol construidos durante administraciones recientes, que se llenan de entusiastas aficionados durante los dos o tres meses que dura el Torneo Estatal y que, de ahí en adelante, permanecen prácticamente vacíos.

A poco más de un año de concluir su mandato, la actual administración busca crear su propio escenario, esta vez destinado a competencias de rodeo, una actividad que emociona a un sector muy específico de la población y cuya popularidad no se acerca ni remotamente a la del beisbol o el futbol. Pero tendrá su propio estadio, claro que sí.

Para eso hay mayoría en el Congreso: para aprobar 200, 300 o 500 millones de pesos en recursos públicos.

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Los argumentos en contra, planteados principalmente por la bancada de Morena en el Congreso del Estado, giran en torno al escaso detalle con el que fue redactado el fideicomiso aprobado por el PAN, el PRI y sus aliados.

Tentativamente serían 200 millones de pesos, una cantidad superior al presupuesto anual de varias dependencias estatales, pero la redacción es tan imprecisa que nada impediría que la cifra creciera hasta superar los 500 millones.

La postura de los morenistas es que ese dinero podría destinarse mejor a la restauración o construcción de escuelas, o al equipamiento médico. Pero no lograron revertir el sentido del voto de quienes ya traían la línea de sacar adelante el proyecto.

En términos de ejercicio del gasto, siempre estará presente el mismo debate: qué es más importante y cuál obra resulta más urgente.

Lo que aquí flota en el ambiente es que podrían irse cientos de millones de pesos en una obra que no quedará en terrenos públicos, que permanecería inactiva gran parte del año y que parece diseñada para engalanar la administración de un empresario ganadero como Álvaro Bustillos, abierto aliado de la actual administración y confeso aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado.

Al Gobierno actual le queda un año y tres meses para terminarla y cortar el listón antes del cambio de administración. En una de esas, hasta lo logran.

Lo que está por verse es si esa arena terminará sumándose al Estadio Monumental, al Manuel L. Almanza, al José Reyes Baeza de la Universidad Autónoma de Chihuahua y al palenque de la Feria de Santa Rita, por citar algunos escenarios que pasan la mayor parte del año con las puertas cerradas y tres candados.

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A un mes de los sucesos ocurridos en la sierra de El Pinal, donde dos agentes extranjeros y dos de la Agencia Estatal de Investigación perdieron la vida después de encontrar un narcolaboratorio de dimensiones extraordinarias, la Fiscalía General de la República ha abierto una nueva línea de investigación que podría llevar a terrenos que van mucho más allá de la discusión sostenida hasta el momento.

En un comunicado, la FGR dio a conocer que está en proceso de verificar “si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo” del narcolaboratorio.

Hasta ahora, ese punto había quedado de lado, fuera de la discusión, salvo en comentarios de columna política o de mesa de café, donde se hablaba del supuesto “pitazo” que le habrían dado a agentes de la CIA para dar con esa fábrica clandestina de estupefacientes, a cambio de ayudas y favores de tipo migratorio.

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Según el boletín de la FGR, hasta ahora no está claro cuáles fueron las líneas previas de investigación que antecedieron al operativo que culminó con la localización del laboratorio.

Ojo con la última línea del párrafo: tampoco se sabe si ese hallazgo “se haya llevado de manera adecuada, en términos de la normatividad aplicable”.

¿A qué suena esto? A que la detección del narcolaboratorio —que, por cierto, no fue desmontado, como difundieron inicialmente las versiones oficiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua— sí pudo haber estado ligada a un supuesto intercambio de favores entre agentes de la CIA y funcionarios de la AEI, más que a una diligencia ministerial.

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En los días posteriores al hallazgo y al accidente mortal que le costó la vida al titular de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, a otro efectivo de esa corporación y a dos agentes presuntamente de la CIA, surgió la versión de que fue Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, quien “obsequió” la información a los estadounidenses a cambio de que le devolvieran la visa para entrar a ese país.

Pasó casi un mes para que la Fiscalía General del Estado revelara que, en efecto, en el operativo participaron no dos, sino cuatro agentes extranjeros y que uno de ellos llegó a portar armas dentro de las instalaciones de la corporación.

Horas después, Zuany renunció… o lo renunciaron.

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Tampoco está de más mencionar que, según el comunicado de la FGR, por primera vez se está tomando en cuenta la presencia de efectivos del Ejército Mexicano en el operativo de aquel sábado 18 de abril.

Las entrevistas recientes habrían incluido a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que, aparentemente, participaron en funciones de seguridad perimetral posteriores al hallazgo.

El dato es novedoso, pues hasta la fecha se sabía del enojo de la presidenta Claudia Sheinbaum por la participación de agentes extranjeros, pero nada se hablaba de la poca comunicación que hubo con el Ejército sobre ese particular.

Lo cierto es que la develación de estos hechos, que ya dieron lugar a marchas, manifestaciones y miles de comentarios, apenas empieza.

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Sigue la mata dando. Tal parece que la marcha de Morena en la ciudad de Chihuahua para impulsar un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván seguirá ocupando la primera línea de la conversación pública, aunque sin aportar demasiado que realmente valga la pena anotar.

La declarante en turno es ahora Ariadna Montiel Reyes, quien anunció la próxima presentación de denuncias —suponemos que penales— por las agresiones y empujones que, aseguró, sufrieron ella y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, durante su llegada a Chihuahua para encabezar la movilización contra la mandataria estatal.

A ver si le entendimos: los delitos que pretende denunciar corresponden al fuero común y, por lo tanto, tendrían que presentarse ante la Fiscalía General del Estado, que no es precisamente autónoma, sino una extensión de la oficina del Ejecutivo. ¿En serio creen que esas denuncias van a caminar?

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La líder morenista se refirió a los incidentes ocurridos el viernes en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde un grupo de manifestantes recibió a los dirigentes de Morena con gritos, pancartas, empujones y reclamos en favor de la gobernadora panista.

Los videos que circularon en redes sociales muestran momentos de tensión cuando la comitiva intentaba salir de la terminal aérea. Hubo gritos, dos o tres jalones y algunos manotazos al cofre del vehículo que los recogió.

En un país donde los homicidios se cuentan por miles y las lesiones por muchos más, ¿de verdad van a buscar que se castigue a esa bola de alborotadores? Desde aquí los vemos, a ver a qué horas sucede eso.

De acuerdo con diversas publicaciones y testimonios difundidos posteriormente, Morena considera que las protestas no fueron espontáneas y analiza presentar recursos legales por agresiones físicas, hostigamiento e intento de impedir la movilización política del partido en la entidad. Nada que no suceda también en estados gobernados por ellos.

Lo que llama la atención de este intento de victimización por parte de Ariadna Montiel y López Beltrán es que no se ocupen ni por un momento de hechos mucho más graves, que sí podrían constituir delitos, incluso del orden federal.

Ni por casualidad se les ha ocurrido hablar de la ilegal obstrucción de vías de comunicación, que en este caso involucró una carretera federal: la 45, la que recorre de sur a norte el estado.

Tampoco han dicho “esta boca es mía” para señalar otro hecho igual o más grave: impedir el libre tránsito de personas, con eso de que devolvían a los “acarreados” a sus lugares de origen o les exigían mostrar su credencial del INE y, si correspondía a otra entidad, les negaban el paso.

Los perjudicados ahí no fueron los dirigentes de Morena, ni la causa de la 4T, ni las personas aspirantes a candidaturas. Ahí sí hubo una alteración al Estado de derecho, de la cual el gobierno estatal aún presume sus resultados, mientras el federal no ha explicado por qué no actuó para detener ese atropello.

Buena suerte con su querella, pero, una vez más, será papel inocentemente derramado que terminará engrosando los archivos muertos de las Fiscalías; ahí donde también duermen —¿o mueren?— miles de reclamos airados y exigencias de justicia.

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Ah, que don Capitán Centinelo, con eso de las cifras de incidencia delictiva que nomás no le favorecen, tiene más salidas que un estadio.

En medio de la polémica por el peregrino tema de si el Gobierno del Estado sí combate a la delincuencia, mientras que el Federal protege a narcos (eso dicen), la oposición morenista no ha resistido la necesidad de explotarle la narrativa de que Chihuahua tiene el primer lugar nacional en homicidios.

En cierto sentido, no les falta razón: cerraron el mes de abril en primer lugar, empatados con Guanajuato —ambos, Gobiernos panistas— con 129 casos y pues, ni modo, si fueran Juegos Olímpicos, a ambos les tocaría una medalla de oro.

Afortunadamente no es una competencia deportiva, sino un tabulador de hechos por demás lamentables de los que, al parecer, nadie se quiere hacer responsable.

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Pero, ¿qué dice Gilberto Loya, el Capi Centinelo, secretario de Seguridad Pública del Estado? Que sí, pero no, aunque quién sabe.

Chihuahua sí ocupó el primer lugar, pero no tanto, o algo así. Sonó a niño de primaria cuando lo cachan en la travesura: “no siendo cierto y ni coraje da”.

Tras balbucear dos o tres argumentos, Loya quiso descalificar la comparativa de Chihuahua con otras entidades del país, aduciendo que la entidad donde todo se hace por instrucciones de él —así dicen sus boletines de prensa— sí tiene muchos homicidios, pero que su tasa por cada 100 mil habitantes no es la más alta.

Ándele pues, con eso se arregla todo.

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Pero a ver, vamos a revisar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para checar, números en mano, qué tan mal anda Chihuahua en materia de incidencia delictiva e inseguridad.

Con corte al mes de abril, Chihuahua tiene la cuarta tasa más alta del país —y no la quinta, como él dijo— en homicidios, con 10.57 casos por cada 100 mil habitantes.

Solo lo superan Sinaloa, por fracciones, Morelos y Colima, que tienen cifras de espanto.

Sin embargo, los casi once puntos de Chihuahua superan por casi el triple a la tasa nacional, que es de 4 por cada 100 mil habitantes.

Vistas así las cosas, como que eso de recurrir a los porcentajes y a los “algoritmos” no le pegó muy bien al superfuncionario, metido ahora a precandidato.

Si Loya se dejara de echar grilla y se pusiera a revisar lo que no está funcionando, tal vez estaríamos hablando de otra numeralia que no nos ponga los pelos de punta.