EL NIVEL de paranoia desencadenada por la cacería que lleva a cabo la administración estatal de Javier Corral en contra del exgobernador César Duarte y parte de sus colaboradores, puso a trabajar horas extras a los juzgados federales de Juárez y Chihuahua donde no se dan abasto con las solicitudes de amparo en contra de inminentes órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado.
LA OPERACIÓN #JusticiaparaChihuahua, que persigue actos de corrupción protagonizados por personajes vinculados estrechamente al duartato, provocó que hasta el momento unos veintiséis personajes solicitaran el recurso legal para evitar ser detenidos.
LA LISTA es extensa. Hay desde empresarios, exservidores públicos y familiares de Duarte Jáquez, entre ellos: Fidel Pérez Romero, Maurilio Ochoa, Pedro Hernández Flores, Gabriel Aude Venzor, Eugenio Baeza Fares, Manuel Bremmer, Enrique Navarrete Jurado, Roberto Dittrich, Ever Aguilar Sandoval, quienes buscan la protección de la justicia a través de amparos promovidos en los juzgados Primero, Tercero y Octavo de Distrito.
A ESE grupo se suman: Guillermo Dowell, Liz Aguilera, David Dajlala Ricarte, Sergio Jurado Medina, Jaime Enríquez, Iram Alberto Arellanes, Laura Rosa Solís, Carlos Daniel Alonso, Jaime Agustín Fong Ríos, Laura Rosa Solís Carrillo, Leonel de la Rosa, Jorge Salazar, Eloy Soto, Gilberto Baeza Mendoza, Sergio Gallegos Prado, Guillermo Federico Duarte y José Alonso Enríquez Vázquez.
MIENTRAS los juzgados se saturan de solicitudes de amparos, la Fiscalía General alista un segundo golpe, ahora contra objetivos de personajes que desempeñaron cargos de alto nivel en el DIF, y de paso también contra exlíderes magisteriales por tráfico de influencias.
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LA DISPUTA legal y política iniciada por el nuevo amanecer contra César Duarte, fue llevada al terreno de los derechos humanos luego de que el exgobernador presentara el pasado fin de semana una queja ante la Comisión Estatal.
ADEMÁS de la estrategia de su equipo de abogados, Duarte añadió a su persecución judicial un matiz de perseguido político, vulnerado en su honorabilidad, su buen nombre y su privacidad.
DESDE PALACIO, la reacción de la administración al dicho por el exjefe del Ejecutivo, llevó implícita la aclaración de que a Duarte no se le persigue por sis ideas políticas, ni por su filiación, “sino por lo que se robó”, de acuerdo a Corral, quien califica de cinismo político la actitud de su antecesor, que es buscado por la Interpol.
EL RASTREO de César Duarte se extendió a sus propiedades del sur del estado. Fincas, oficinas y su rancho El Saucido fueron cateados y la autoridad ministerial habría ubicado más material probatorio, lo mismo que en la residencia del desaparecido diputado Carlos Hermosillo.
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EL COSTO político por el escándalo le resulta difícil de medir al PRI, al menos en este momento. Pero está claro que es descomunal.
LA ESTRATEGIA quirúrgica de tipo legal implementada por la Fiscalía General del Estado, ha incluido a un número no determinado de excolaboradores del gobierno duartista. Los datos testimoniales recabados, no son el elemento más importante de las investigaciones en aquel mundo de carpetas de investigación contra exfuncionarios, sino que se trata de pruebas documentales, evidencia física, del desfalco calculado en 6 mil millones de pesos.
EN ESE CONTEXTO, el gobernador Corral tuvo un gesto inusitado, compasivo, cuando afirmó que dentro del tricolor aún queda gente valiosa, por lo que se debe hacer la distinción entre quienes lastimaron y deterioraron la imagen de ese partido.
ENTRE tanta fisura por la sacudida, al PRI le sigue costando mucho reconocer su arrepentimiento y desterrar la traición. La contrición no es lo suyo pues lleva en su ADN la corrupción. Muchas veces ha tenido la oportunidad histórica de hacerlo, y prefiere el silencio.
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LA FISCALÍA Ciudadana Anti-Corrupción, decidida a exhibir las malas prácticas de los gobiernos, le enderezaron el lunes una denuncia a la anterior administración encabezada por Enrique Serrano, por el presunto fraude de 100 millones de pesos, por sobreprecios en el proyecto de alumbrado público por el cual se pagarían 348 millones.
JUSTAMENTE mañana se cumplirá un año que el mismo grupo de ciudadanos, constituido también en la organización Ciudadanos Vigilantes, denunció actos de supuesta corrupción pero por 600 millones de pesos dentro del Programa de Movilidad Urbana.
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LUIS ERNESTO Rodríguez Gil, expresidente de la Asociación de Agentes Aduanales, fue nombrado presidente de la asociación civil que da forma al Clúster de Logística y Comercio Exterior en esta frontera.
EN EL NUEVO organismo, participarán Omar Saucedo García, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico del Estado; Carlos Yates García, director estatal de Proméxico Global; Ermenegildo Lagarda Leyva, director del Tec de Juárez y Manuel Sotelo, representante del sector de transporte.
DESDE que en Juárez fue usado como asentamiento de la industria maquiladora de exportación, se supo que la logística y el transporte eran piezas claves, pero ante el verdoso color de los dólares todo mundo jaló para su rancho y el resultado es el que hoy vivimos: una ciudad atropellada por la voracidad de gigantescas transnacionales y el entreguismo de su sector público.
SI A QUIENES están iniciando el nuevo clúster les parece desproporcionado el anterior comentario, entonces ya se podrá adivinar a qué intereses y por que ruta van a transitar. La ciudad ha esperado por décadas que sus hijos la defiendan, pero éstos no parecen escucharla. A ver si ahora si.
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LA RECAUDACIÓN de derechos como el Impuesto Sobre Nóminas, revalidación vehicular y pago de derechos pasó de 455 a 520 millones de pesos en el primer trimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
ELLO SOLO puede significar dos cosas: que la gente de la frontera es buena para pagar impuestos, o que los nuevos administradores del erario estatal son buenos para cobrar.
NADA MÁS falta que ese dinero se aplique en obras de beneficio social y no en engordar la de por sí pesada nómina de la burocracia estatal. Sin duda será una buena oportunidad para demostrar la cacaraqueada transparencia.
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ENTRE QUE se organizan o no para retomar las mesas de trabajo entre el IMSS y el Consejo Coordinador Empresarial, los derechohabientes son quienes la llevan, ante situaciones que van desde falta de medicamentos para ciertas enfermedades, hasta la mala infraestructuras en determinadas clínicas y hospitales con los que se cuentan a nivel local.
HACE TRES semanas fue informado que se habían conformado las mentadas mesas de colaboración, sin embargo, se desconoce si éstas funcionan.