Ciudad Juárez, sus residentes y su población flotante quedaron atrapadados entre la polarización política que prevalece en ambos lados de la frontera, los presupuestos deficitarios y la incapacidad gubernamental en todos los órdenes de Gobierno, incluso entre los estados nacionales, para articular una verdadera gobernanza migratoria.

El escenario no podría ser peor: la nueva crisis de atención migratoria estalla justo cuando escala la radicalización de posicionamientos entre Gobiernos yuxtapuestos por su origen partidista, a nivel municipal, estatal y federal.

La coordinación está contaminada por las dinámicas electorales en curso y por diferencias ideológicas de fondo, en temas tan trascendentales como la educación y los libros de texto gratuito.

La frontera no únicamente sufre el secuestro por el disenso en la política estatal y nacional, también por los afanes electoreros y la propia confrontación entre posiciones radicales y moderadas sobre la migración hacia Estados Unidos, con especial acento en Texas, con su gobernador Greg Abbott, integrante del ala más conservadora del Partido Republicano y el más antiinmigante de todos.

Frente a una problemática que rebasa a todos, apenas se alcanzan a vislumbrar acciones reactivas, las únicas que las autoridades están acostumbradas a articular, para decir ante la opinión pública que, ahora sí, ya se está haciendo algo.

Ni siquiera parece ser la crisis humanitaria el principal resorte para una reacción oficial, frente a una marea migrante que no se detiene. Si finalmente hubo tal reacción, fue por el enorme impacto económico generado por la mercancía varada en los tráileres que no pueden cruzar, porque el personal estadounidense está destinado a procesar las miles de solicitudes de asilo o a dar trámite a las deportaciones masivas.

Esa problemática de falta de personal se conjuntó con las estrategia de presión de Greg Abbott, que ralentiza las revisiones en el cruce de mercancías, por medio del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Todo por el enfrentamiento entre el mandatario texano y el presidente Joe Biden, con la política migratoria al centro, trastocada por meros afanes electorales.

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De acuerdo con datos de Canacintra nacional, al día cruzan regularmente por Santa Teresa y los puentes internacionales de Zaragoza y Córdova-Américas, casi 3 mil 500 tráileres, con cargas valuadas, en promedio, en 135 mil dólares, por lo que el flujo diario es de poco más de 470 millones de dólares.

Diariamente, durante toda la semana pasada, se quedaron varados la mitad de esos tráileres.

La frontera está colapsada y la afectación impacta no únicamente el flujo de mercancías, también la vida cotidiana de miles de residentes transfronterizos que enfrentan tiempos de espera de más de dos horas en los cruces internacionales.

Como si no fuera suficiente la falta de personal en las agencias estadounidenses para procesar los distintos trámites, también en la Aduana mexicana se caen frecuentemente los sistemas y se generan embudos.

Es de no creerse el desdén del Gobierno Federal para una frontera que genera más de 50 mil millones de dólares al año en exportaciones; con una Aduana que recauda 33 mil millones de pesos al año en impuestos.

Toda esa sacudida económica, aunada el drama migratorio que acaparó durante toda la semana las portadas de los medios del centro del país, con los migrantes sobre los trenes o cruzando masivamente las aguas fronterizas, fue lo que finalmente generó la reacción oficial del viernes.

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Esa vía, la de las reuniones urgentes de coordinación, la recorren las autoridades cada que estalla aquí una crisis de inseguridad, ante crímenes de alto impacto, como ha ocurrido en varios de los días más oscuros de Juárez.

No estaba en agenda, pero la gobernadora María Eugenia Campos se trasladó a Juárez para el encuentro en el que participaron representantes de las distintas instituciones vinculadas al tema migratorio, empezando por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, el mismo funcionario federal que está vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, en el trágico caso del incendio que terminó con la vida de 40 personas migrantes.

La gobernanza migratoria implica que el sistema de instituciones, marcos jurídicos,  mecanismos y prácticas se echen a andar para regular la migración y proteger a las personas migrantes.

Eso debería de ocurrir. El gran problema es que hay más incentivos electorales para el pleito que para el consenso. Ahí está el contexto previo a la reunión: puros reclamos en todos los sentidos. De los diputados locales de Morena al Gobierno del Estado para que destine recursos a la crisis humanitaria y de legisladores federales, estatales y hasta de los regidores panistas, repitiendo la exigencia de la gobernadora Campos, en el sentido de que el Gobierno Federal fije política migratoria, contenga los flujos y mande recursos extraordinarios a Juárez.

Incluso antes de entrar a la reunión, la mandataria soltó algunas palabras en ese sentido: “Tenemos toda la voluntad como Gobierno del Estado, pero también tenemos la claridad de la urgencia y la exigencia y la responsabilidad del Gobierno Federal para ordenar su política migratoria y nosotros solamente cuidar de los migrantes”.

Si bien el Gobierno Federal tiene la facultad de diseñar la política migratoria del Estado mexicano, las autoridades estatales tienen la capacidad de expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, e incluso las bases para esa coordinación.

En Chihuahua está vigente, desde 2016, la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, que delinea las atribuciones de las autoridades estatales y la creación de un Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes como encargado de evaluar y definir acciones para la atención de la población migrante.

Ahí deberían de participar los tres órdenes de Gobierno, la sociedad civil e instituciones académicas. Corresponde al secretario General de Gobierno de la Administración Estatal y la Secretaría Ejecutiva de este –a cargo del Coordinador General del Consejo Estatal de Población– ocupar la presidencia.

Por lo que se ve en los hechos, el mecanismo no ha funcionado. Hasta hoy, lo que más ha destacado son las diferencias, las acusaciones y los reclamos sobre lo que no se ha hecho en los distintos órdenes de gobierno. Además, falta que los mecanimos de coordinación operen sistemáticamente y no únicamente bajo emergencia, para trabajar en lo que sí se puede hacer.

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Después de la reunión de tres horas del viernes pasado, la misma gobernadora habló de lo que pasó adentro: “Tuvimos una reunión de mucha discusión en el buen sentido, de análisis de la situación y donde nos comprometimos a trabajar, tanto el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el Gobierno de los Estados Unidos. Así que esperemos que esto rinda frutos pronto y podamos solucionar los problemas que aquejan a los juarenses”.

Cuando se le preguntó específicamente qué acciones se tomarían, dijo que cada quien actuaría desde su ámbito de facultades.

Agregó que se hará “lo que nos toca, operativos conjuntos, campañas de conocimiento de los migrantes sobre la situación, cuáles plazas los están recibiendo por parte del Gobierno Federal, en qué fronteras y pues eso específicamente”.

A la pregunta respecto a qué le toca al Gobierno del Estado, señaló que “le corresponde el trato humanitario a los migrantes, que es un compromiso que tenemos y participar en los operativos a la par con el Institito Nacional de Migración y con la Sedena”.

El comisionado Garduño salió junto con la mandataria y anunció que el INM bajará a los migrantes de los trenes para resguardar su integridad, aunque no especificó qué se hará después de ello. Lo único que dijo es que habrá “puntos de contención”. También anunció que se abrirá, en coordinación con el Gobierno Municipal, al menos un albergue provisional para unas 500 personas.

Es lo mínimo que puede ofrecerse ante la evidente falta de espacios adecuados para atender las necesidades de las personas en condición de movilidad. Ya opera con recursos federales el Centro Integrador Leona Vicario, pero urge otro espacio, más cercano a la línea fronteriza, que capte a los migrantes que hoy tienen tomado el espacio público o se exponen al crimen en las inmediaciones del río.

Ojalá que la coordinación no sea simulada y que sistemáticamente se atiendan, con los recursos económicos necesarios, los requerimientos que vaya marcando la contingencia actual.

Lo que esperan los juarenses es que sus gobernantes y representantes populares sean capaces de hacer a un lado el medro político y el cálculo electoral, para que la gobernanza migratoria sea eficaz y se convierta en construcción colectiva.