La estrategia de los tres niveles de Gobierno para combatir la inseguridad y la violencia que padecen los juarenses ha fallado. La falta de coordinación de las autoridades en esta lucha que parece no tener pies ni cabeza, y la politización del fenómeno, son dos elementos que impiden tener resultados positivos a favor de los ciudadanos.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), dio a conocer que Ciudad Juárez tuvo un notable incremento en la percepción de inseguridad que tienen sus ciudadanos en los últimos meses.
Los datos indican que en el bimestre junio-julio, el 59.9 por ciento de las personas mayores de 18 años que salen a la calle sintieron inseguridad, pero al siguiente bimestre, el agosto-septiembre, el porcentaje subió al 80.9 por ciento.
Juárez se ubicó en el lugar número 18, entre las 20 ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros.
No debería incomodar, ni sorprender a nadie que la frontera se encuentre entre las más peligrosas. Tampoco deberíamos ver a un Gobierno culpando a otro por lo que juntos no han podido resolver en los últimos años. Es un problema de todos.
El reporte del instituto se presenta justo después de varios multihomicidios y ataques en la vía pública, además del asesinato de la exfiscal Especial para la Investigación del Feminicidio en Ciudad Juárez, Sully Ponce Prieto, ocurrido en pleno Paseo Triunfo de la República, una de las vías más importantes de la ciudad
Cuando los ciudadanos aseguran que sus autoridades han fallado en su tarea contra la inseguridad, tienen razón. No es un problema de percepción, un desacierto con el que a veces nos sorprenden los jefes policíacos para salirse por la tangente cuando de responsabilidad se trata, sino un problema de falta de entendimiento y voluntad entre los entes del poder, además de una evidente incapacidad o hasta complicidad de quienes operan las instituciones de seguridad.
Lo que los ciudadanos deberían observar sería la participación real y no la simulación de las dependencias gubernamentales en el planteamiento de políticas públicas que trasciendan el mero combate frontal a los grupos delicitivos, pero no es así. No existen estrategias a corto, mediano y menos a largo plazo, porque las autoridades de todos los niveles lo único que hacen es apagar “incendios”. Se trabaja poco en evitarlos.
El problema de la violencia, sobre todo la relacionada con los grupos delincuenciales que se pelean las colonias de la ciudad para colocar la droga, se dejó crecer desde hace muchos años. No se hizo nada para combatir las redes de corrupción e impunidad, y las veces que se ha intentado frenar a la delincuencia, no se ha podido porque los distintos niveles de las estructuras de seguridad están infiltrados por el crimen. Así de sencillo.
Los ciudadanos se preguntan por qué si se observan en las calles tantas unidades de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de patrullas estatales y municipales, los asesinatos se presentan en lugares públicos como avenidas, gasolineras, tiendas y en parques.
¿Por qué está fallando la estrategia contra la delincuencia si en este mes llegaron otros 300 soldados para sumarse a los operativos contra la inseguridad? ¿Cuál es la razón para que mil 650 elementos federales, 2 mil policías municipales y 400 estatales no puedan contra la delincuencia? Las respuestas desembocan irremediablemente en la falta de coordinación de las corporaciones.
A Ciudad Juárez le urge replantear la estrategia de seguridad. Quizá se tenga que apostar por la calidad y no por la cantidad, porque la presencia de más elementos de las diferentes corporaciones no ha dejado buenos resultados.
Los esfuerzos del Estado y Federación para edificar un aparato de seguridad acorde a las circunstancias, que restaure el control de la violencia y de los territorios en distintos municipios del estado y que reestablezca un orden, han fallado.
Si la Federación no ha cumplido en el combate contra el narcotráfico, el Estado ha fallado en atender los delitos de fuero común relacionados con el crimen organizado, como el robo de automóviles, viviendas, autopartes y los asaltos, cometidos en muchas ocasiones por consumidores de droga.
La Fiscalía General del Estado, de acuerdo con un informe realizado por Roberto Fierro Duarte, tiene un 95 por ciento de impunidad en los diversos delitos que le corresponde resolver.
Esto no solo es reprobable por donde quiera que se le vea, sino es todo lo contrario a lo prometido por Campos durante su campaña electoral. La panista se comprometió en todos los cierres de campaña y en el debate político transmitido a nivel estatal el 21 de mayo de 2021, a que Chihuahua volviera a ser el estado más seguro de las entidades fronterizas. Ya pasó un año y no hay avances.
Sí, la impunidad también es un tipo de violencia. No es únicamente el crimen sin castigo o la ausencia de una sanción legal. El fenómeno va mucho más allá, es multidimensional y alcanza el desempeño institucional del sistema de justicia, la seguridad pública, y la utilización de los recursos públicos en la lucha contra los delitos del fuero común y federal, entre otros.
Esta semana investigadores de la Universidad de las Américas de Puebla y SIMO Consulting presentaron el Igimex 2022, un instrumento estadístico diseñado para medir en forma comparada niveles de impunidad entre los estados y revelaron algunos datos interesantes.
Las entidades, incluyendo Chihuahua, tienen pocas capacidades institucionales para enfrentar la magnitud de los problemas de seguridad, y aunque hay ligeras mejoras en indicadores como personal existente, se observa lentitud para atender los problemas de seguridad y justicia.
Los especialistas en seguridad encontraron también que la falta de capacidades suficientes, refleja falta de voluntad política para crear condiciones, para garantizar políticas de seguridad y acceso a la justicia, y lo más grave, es que los altos niveles de impunidad afectan algunos ámbitos de la vida pública e imposibilitan la consolidación de un Estado democrático de derecho.
Por eso, la lucha contra la inseguridad y violencia debe ser coordinada y alejada de la politización. Llama la atención la reacción inmediata del Estado al informe del Inegi, primero por la gobernadora Maru Campos, quien culpó a la Cuarta Transformación por la inseguridad en Juárez, y después por la Fiscalía General del Estado, que aseguró que la violencia era solo un problema de “percepción”.
La politización de la seguridad pública y la falta de coordinación entre las autoridades van de la mano, y son un factor para que continúe la violencia y siga la impunidad en contra de los juarenses.
El Estado debería concentrarse en fortalecer las capacidades de las instancias investigadoras y no perder su tiempo en señalar a la Federación como responsable de las fallas de las estrategias, que repetimos, son responsabilidad de todos los niveles de Gobierno.
Es cierto que las Policías Municipales y Estatales de alguna manera quedaron de lado en la estrategia de seguridad, ya que no se asignaron recursos al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) que servía para dotar de dinero a las instituciones de seguridad a los estados, pero también es verdad que de alguna manera eso se vio compensado con la presencia de elementos federales. Entonces, repetimos, se trata de un problema de coordinación.
Los ciudadanos requieren de sus autoridades un mayor entendimiento en la lucha contra la delincuencia y que sus gobernantes trabajen contra la impunidad.