De acuerdo con un estudio publicado en 2019 por Leticia Abigail Pérez Pulido y María de Lourdes Romo Aguilar, investigadoras del Colegio de la Frontera Norte (Colef), las empresas desarrolladoras han jugado un papel más que determinante en la arbitraria dispersión que actualmente padece Ciudad Juárez.
Una dispersión que en materia de transporte público, laboral y escolar, sigue siendo una de las principales piedras en el zapato que padecen particularmente los habitantes del suroriente de la ciudad, especialmente en el caso de los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, plantel número 16, que literalmente se ubica en los linderos de la nada.
Según la investigación “Modelo analítico de justicia socio-territorial: Implicaciones de la expansión urbana en el desarrollo social”, de Pérez Pulido y Romo Aguilar, las estrategias de que se han valido los desarrolladores para forzar y justificar la expansión territorial “les ha permitido incrementar utilidades a costa de la reducción de la calidad de vida de sus clientes”.
En una dinámica que justifica la urbanización, autorizando la construcción de naves industriales y abriendo nuevo centros educativos “en mitad del desierto”, estos actores, en contubernio con políticos y propietarios de predios ubicados en zonas alejadas de la mancha urbana, logran generar plusvalía y justificar su urbanización a costa del erario.
Lo anterior propicia una problemática social de la que estos actores no se responsabilizan y que, a la larga, atrae serios, variados y muy complejos conflictos.
Este fue uno de los aspectos que, desde la planeación y posterior construcción en los desérticos páramos del suroriente de la llamada “Ciudad del Conocimiento”, la hicieron objeto de señalamientos, críticas y objeciones técnicas que fueron siempre demeritadas bajo el criterio de que su construcción fue proyectada al parejo del crecimiento urbano hacia el suroriente de Juárez.
En su informe “¿Quién manda aquí? La gobernanza de las ciudades y el territorio en México”, Gabriela Alarcón, coordinadora del Índice de Competitividad Urbana 2014 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) A.C., fue una de las que cuestionó severamente el proyecto.
En una nota publicada en mayo de 2016 en Norte de Ciudad Juárez, Alarcón aseguró que “decidir la ubicación de un lugar simplemente por la variable del costo del terreno, sin considerar las otras variables como la construcción de vialidades, dotación de los servicios públicos y hasta el transporte, no era un razonamiento suficiente”, representando además una decisión parcial.
El informe del IMCO planteaba que la Ciudad del Conocimiento contribuiría a hacer más grave el problema de la dispersión y el desorden espacial, y generaría una mayor inseguridad.
A seis años de distancia de este informe, la mayor parte de lo expresado en él se ha cumplido casi al pie de la letra.
Por su parte, Pérez Pulido y Romo Aguilar exponen que en casos como este se observa una falta de justicia socioterritorial en el establecimiento de los servicios públicos en la ciudad, pues aunque a más de 40 por ciento de la población se le ha ubicado formalmente en la zona del suroriente de la ciudad desde 1989, la dotación del equipamiento no ha ido desarrollándose al paso del tiempo en proporción a los pobladores.
De nuevo estos grandes talones de Aquiles lo representa el transporte, y especialmente el transporte escolar.
Ubicado a cinco kilómetros de distancia de la ya de por sí lejana Ciudad Universitaria, y a 10 kilómetros de los últimos fraccionamientos que existen al suroriente de Ciudad Juárez –literalmente en mitad de la nada– los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua número 16, han padecido desde la inauguración del plantel, en agosto de 2013, un servicio de transporte sumamente deficiente y caro, pero principalmente inseguro.
Maestros de los distintos centros educativos ubicados en esa zona desértica han coincidido en que el transporte público es uno de los principales problemas, con choferes que en el tramo de más de 15 kilómetros, desde la carretera hasta las puertas del colegio, hacen lo que se les da la gana, sin que nadie los moleste.
Lo mismo aplica para las unidades de transporte público y de transporte especial, contratadas por los propios padres de familia, que prestan el servicio “como si hicieran el favor”, circulando a exceso de velocidad, no llegando hasta los centros escolares, dejando a los estudiantes en la carretera y, según los propios mentores, dejando a la orilla de la misma carretera latas de cerveza, es decir, conduciendo en estado de ebriedad.
Las autoridades estatales de transporte, a cargo ahora de Luis Manuel Aguirre, brillan por su ausencia para imponer el orden, como lo demuestran los testimonios y las continuas evidencias en video mostradas por padres de familia, donde se hace patente la desfachatez de conductores que no llegan a la hora, conducen a excesiva velocidad, trasladan a los estudiantes en camiones abarrotados, y hasta niegan el servicio como represalia a las denuncias.
Y todo esto ante la ausencia de vigilancia de la autoridad, que podría ser un factor clave para meter en cintura a choferes y concesionarios que incumplan su función.
De acuerdo al recién nombrado director de los Colegios de Bachilleres de Chihuahua, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, la dependencia no tiene la capacidad económica ni la posibilidad de negociar plazas de chofer para sortear el problema por sí misma.
De las Casas Muñoz prácticamente repitió los argumentos del exgobernador César Duarte, quien durante la inauguración del plantel en 2013, afirmó que el centro educativo terminaría siendo absorbido por el crecimiento de la ciudad. Solo que en su discurso, Duarte auguró que esto ocurriría en un lapso de cinco años, es decir, para 2019; algo que evidentemente está a años luz de ocurrir.
En 2016 Norte de Ciudad Juárez daba cuenta de un anteproyecto mediante el cual las autoridades educativas planeaban reubicar a cerca del 30 por ciento de la plantilla estudiantil, abandonando las instalaciones, principalmente por la falta de transporte y la carencia de servicios.
El anteproyecto contemplaba cambiar a 2 mil estudiantes a un edificio dentro de la ciudad, debido al tiempo que destinan para trasladarse, la falta de agua potable y de drenaje.
No hubo avances significativos, principalmente por falta de recursos, según se dijo entonces, pero la intención siguió latente.
En febrero de 2019, el entonces gobernador Javier Corral planteó de nuevo esta intención, indicando que se haría una consulta con los padres de familia para decidir si se construiría otro edificio más cercano a la mancha urbana, o se quedaban en donde ya estaban, pero estudiando en mejores condiciones.
En 2021 Corral dejó el poder, y la promesa quedó en nada.
A la fecha, a un año de distancia de la llegada de una nueva administración estatal, y tras el sonado escándalo de los uniformes, la situación continúa bajo las mismas condiciones, con un servicio de transporte de mayor costo, mala calidad y alto nivel de riesgo para los jóvenes estudiantes. Algo que, sin embargo, parece tener sin cuidado a las autoridades de la materia que despachan a kilómetros de distancia, desde la comodidad de un escritorio, en la capital del estado.