Martha Alicia M.A., La Diabla, volvió a colocar a Juárez como escenario de otra historia de horror: utilizó a una adolescente de 16 años para concretar el asesinato de una mujer de 20 años, con el objetivo de extraerle del vientre a su bebé, presuntamente para venderlo, como parte de una red de trata de personas.

La Diabla está acusada de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa y hoy se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso.

Aunque acaba de librar la imputación por trata de personas, la familia de la víctima y del bebé sobreviviente no quedó conforme con lo que resolvió el juez, y cree que hay elementos por investigar respecto a una red de trata.

Habría más casos en que madres fueron asesinadas y sus hijos vendidos a parejas de Estados Unidos, todo orquestado por grupos delictivos que estarían detrás de la negativa de los juzgadores para haberle iniciado a La Diabla el proceso por trata.

La audiencia fue privada y no se permitió a los periodistas conocer la clasificación jurídica del delito que se le imputó, ni los argumentos de la declaración de privacidad, más allá de que se trataba de una víctima menor de edad.

Fue la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, quien declaró privada la audiencia, a petición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer y la defensa pública.

La Diabla no fue vinculada, aunque ella operó la red que participó en la privación de la libertad, primero, y luego de la vida de una mujer, de 20 años de edad, el 17 de julio del 2025.

La víctima se encontraba en su séptimo mes de gestación. Su cuerpo fue localizado inhumado clandestinamente el 25 de julio del 2025, sin el bebé, en un domicilio ubicado en la colonia Portal del Roble.

Leslie G.C., había sido reportada como desaparecida por su familia en redes sociales. Era originaria de León Guanajuato y cumpliría 21 años el 6 de octubre.

Cuando se encontró su cuerpo, presentaba heridas por arma blanca en tórax y abdomen. Simplemente la abrieron para extraer al bebé, el mismo que presuntamente fue ingresado a un hospital público antes del hallazgo del cuerpo de la mujer. Una historia de verdadero horror.

Hay gran expectativa por lo que se declare hoy en la audiencia, y por saber si se mantendrá en la opacidad, aunque se supone que debe de prevalecer el principio de máxima publicidad en los juicios orales.

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En la historia huachicolera de corrupción, intriga y muerte, hay otro tema interesante que seguramente explotará luego en los estados, hasta donde llegan las gasolinas irregulares para su venta.

Las indagaciones de la Fiscalía General de la República apuntan al menos a 555 empresas que presuntamente estarían involucradas en conductas ilícitas. Finalmente, el huachicol es negocio porque las gasolinas y el diésel se venden como si nada en las gasolineras del país.

En el paquete se incluyen 108 empresas que realizan la importación, exportación, comercialización, distribución, venta y adquisición de los combustibles, así como aquellas que registran o han registrado algún tipo de irregularidad, como puede ser el caso de no contar con el permiso para realizar el transporte o importación, de acuerdo con un documento de análisis que publicó El Universal.

Hay todo un rosario de irregularidades, ya que también están las empresas que realizan ventas a precios más bajos que los establecidos en el mercado, las que alteran sus dispositivos electrónicos de venta y las que emiten facturas que no coinciden con fechas del pedimento de importación.

Además, están las que comercializan combustible contaminado, alterado o adulterado; las suspendidas del padrón de importadores de sectores específicos o del padrón de exportadores sectoriales y las suspendidas por incumplir los requisitos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Energía.

El punto interesante aquí es que Chihuahua se ubica como una de las entidades en las que operan todo ese tipo de empresas.

Además de Chihuahua, están el Estado de México, Coahuila, San Luís Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, entre otras.

No se ha clarificado cuáles son las empresas de Chihuahua que están en el ajo, pero en la investigación se incluyeron 101 números telefónicos, relacionados con distintas razones sociales y personas físicas.

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Por lo que se ve, Abelardo “El Bayo” Valenzuela se ha propuesto no soltar los casos que tienen que ver con el exgobernador Javier Corral.

Hasta Tepoztlán, Morelos, fue la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) para asegurar una mansión propiedad del abogado José Pedro López Elías, el mero mero del despacho López Elías Finanzas Públicas, a quien en el quinquenio corralista se le entregó un contrato por 98.6 millones de pesos, por el servicio de proponer, negociar y concretar una restructura de la deuda pública con los bancos.

Esa misma carpeta de investigación de la FACH fue la primera que se abrió en contra del exsecretario de Hacienda, el panista Arturo Fuentes Vélez, y que ahora mantiene en calidad de prófugo de la justicia al exfuncionario corralista. También López Elías es prófugo de la justicia.

De esa misma carpeta se desprendió aquella fallida orden de aprehensión en contra de Javier Corral, cuando el exgobernador recibió apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México para no ser detenido por los agentes de Valenzuela que terminaron chamaqueados, ante el “rescate” encabezado por Ulises Lara en un restaurante de la colonia Roma.

Aunque antes de huir, Fuentes Vélez dijo que se tenía todo el respaldo documental para comprobar la contraprestación a favor del Estado por parte del despacho de López Elías, la FACH de Valenzuela ha señalado siempre que se acreditó el peculado porque salieron de tesorería los 98.6 millones y el Gobierno del Estado no recibió nada a cambio. Que todo fue pura simulación, aparte de señalar que no debía de haberse pagado ese servicio cuando la propia Secretaría de Hacienda podía encargarse directamente de la restructura de la deuda.

Y como López Elías era la otra parte de la ecuación, por eso también fue la FACH tras él, o por lo menos, tras sus propiedades. De ahí el aseguramiento ayer de la mansión que cuenta con oficina, piscina, canchas de tenis, biblioteca, entre diversas amenidades de lujo, en un predio de 5 mil 277 metros cuadrados de terreno.

A lo mejor y hasta es propiedad vecina de la casa que compró en Tepoztlán el polémico expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, actualmente bajo el escrutinio y la crítica porque está pagando por el inmueble 12 millones de pesos.

El caso es que la diligencia judicial (ordenada por un juez de Control) cobra relevancia porque hablamos del mismo expediente por el que se le trató de echar guante al exgobernador Corral, protegido actualmente por el fuero de senador.

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Aunque el tema fue la seguridad, la agenda no dejó de ser grilla ayer en la Ciudad de México, donde se concentraron los principales actores políticos del país.

Allá anduvieron la gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Hoy participamos en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde reafirmamos nuestra coordinación con la Secretaría de Gobernación, así como con la Defensamx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Acordamos fortalecer las estrategias conjuntas que nos permitan avanzar con firmeza en las tareas de seguridad en Chihuahua. Seguiremos trabajando unidos para brindar paz y tranquilidad a todas las familias”, compartió la mandataria estatal. Maru publicó fotos con la presidenta Sheinbaum y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En el mismo lugar de Palacio Nacional, se tomó la foto el alcalde Pérez Cuéllar con la presidenta.

“Muy temprano por la mañana tuve el honor de participar en la Mesa de Seguridad encabezada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, publicó el presidente municipal.

Cruz se llevó a su secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz, quien también tuvo oportunidad de cruzar palabras con su contraparte federal, el secretario García Harfuch. Raro que el jefe policiaco deje las calles de Juárez para ponerse el traje formal para los protocolos, pero allá andaba también en Palacio Nacional.

Buena señal que no se excluya de esa mesa al ámbito municipal. Ninguna instancia le tiene mejor medido al pulso de la seguridad que el Gobierno local. 

Coincidieron allá Municipio, Estado y Federación. Ojalá que hagan efectiva la coordinación en el territorio. Urge, sobre todo en Ciudad Juárez, donde prevalecen los casos de alto impacto por la guerra entre cárteles y la declarada “limpia” de grupos rivales, particularmente en torno al tema del cristal y otras drogas sintéticas.

Por lo pronto, ya hubo un acuerdo para que en Juárez se realice una plenaria a la que García Harfuch va a mandar a su gente. O en peligro hasta se dé una vuelta por acá. No estaría nada mal, si de verdad está interesado en lo que aquí sucede.