En los primeros cuatro meses de 2021 Ciudad Juárez acumula 452 homicidios dolosos. Este dato convierte a nuestra ciudad en la tercera urbe más peligrosa del mundo, después de Celaya y Tijuana, todas mexicanas.

A esta velocidad, el año puede terminar con casi mil 500 muertes violentas, con o sin elecciones. Los homicidios crecen incesantemente desde 2016, pero fue en 2018 cuando pegaron un gran salto: en 2017 se cometieron 642 y al año siguiente fueron mil 032. Mientras tanto, en Chihuahua capital el promedio de homicidios se mantuvo sin grandes cambios hasta el día de hoy. ¿Qué justifica ese crecimiento? Son dos motivos: el incremento de las disputas por el narcomenudeo en Juárez y la desatención estatal.

Pero Mirone sabe que los homicidios dolosos, las peleas del narcomenudeo y el crimen organizado son problemas que quizá están un poco alejados de la ciudadanía común en Juárez, aunque todos queremos una ciudad sin balaceras y sin baleados. Son asuntos importantes, pero no están en el primer lugar de la lista. Al final del día lo que más termina doliéndole al ciudadano de a pie son los robos (callejero, de autos, casas y comercios) y la violencia doméstica como los grandes problemas de seguridad.

Mientras los robos en Juaritos se mantienen estables y con tendencia a la baja, la violencia doméstica en pandemia está creciendo mucho. La violencia familiar y de género alcanzó 5 mil 951 eventos en 2020 y mil 595 en los tres primeros meses de 2021. Son números demasiado grandes para una ciudad.

Los homicidios, el narcomenudeo y el crimen organizado son problemas de Gobierno y deberían estar en la plataforma política de los candidatos para ver cómo es que piensan hacerle en caso de llegar. En cambio, la violencia familiar y de género es un problema de la sociedad juarense y de su violencia diaria como forma de resolver sus problemas, convirtiendo a Juárez, junto con Tijuana y Acapulco, en las principales ciudades mexicanas en defunciones femeninas con presunción de homicidio. En todos los casos falta el estado.

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A un mes de las grandes elecciones históricas de México, los candidatos encampañados hablan muy poco de seguridad. Mientras hacen actos de inicio de campaña sin sana distancia, evitan buscarse problemas hablando mucho sobre asuntos complicados.

El Güero Martínez tuvo un acierto al proponer, en el arranque de campaña, una Secretaría de Seguridad Ciudadana y el programa de comunidades seguras dentro de una concepción multifactorial de la seguridad. El reemplazo de la seguridad pública por la seguridad ciudadana es todo un avance fronterizo, incluso más allá del alcance que el candidato previó al anunciarlo.

Dentro de los cuatro ejes -«Un Juárez en armonía»- que al respecto menciona Adriana Fuentes está la reactivación del sistema de cámaras y vigilancia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Falta escuchar algo más para entender. La inteligencia de datos para una mejor seguridad callejera es importante, con una gran inversión en infraestructura y recursos humanos.

A Javier González Mocken, candidato panista a la presidencia municipal es más fácil encontrarle “archivos” sobre seguridad, un tema del que ha hablado en varias ocasiones. En el lanzamiento de campaña mencionó que “combatirá los cientos de crímenes que se cometen cada mes, de tal manera que se logren los niveles de seguridad que se tenían antes de 2016”. De acuerdo con sus propuestas, se reforzarán las estrategias de seguridad en coordinación con las autoridades estatales y federales, recuperando la confianza de la ciudadanía en las corporaciones. Bien por poner base en el año 2016. No obstante, el tema de la confianza es complejo, máxime cuando esta la debe ganar el Gobierno para luego endosarla a las corporaciones.

En un descanso de su pelea con el góber, el candidato de Morena, Cruz Pérez Cuellar, habló en su acto de lanzamiento sobre seguridad ciudadana. Sin duda, un tema que debe estar sobre la mesa y sobre el cual se debe elaborar un plan muy definido. Esperemos que se vayan viendo más propuestas concretas al respecto.

Misael Máynez, candidato de Redes Sociales Progresistas, mencionó acertadamente la capacitación de los agentes policiacos por parte de instituciones norteamericanas y programas de prevención para jóvenes y niños. Falta más carnita, porque la capacitación y la prevención por sí solas no constituyen una política de seguridad. Además Mirone aclara que México es Norteamérica, por si se dificulta el tema.

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La Mesa de Seguridad y Justicia hizo, durante mucho tiempo, un esfuerzo deliberado por mantener la moderación a la hora de analizar el status de seguridad de Ciudad Juárez.

Mirone aprendió con los años que hay un momento en que la cantidad se convierte en calidad y Guillermo Asiain ya no pudo más y afirmó que “no nos merecemos 110 homicidios por mes”, justo cuando el goteo de homicidios se había convertido en una ola.

Aunque parezca increíble, Juárez tiene en la calle 360 policías operativos por turno, nada más. Para que el lector se quede tranquilo, un policía le da seguridad a él y a otras 4 mil 100 personas al mismo tiempo, genial. Con el 19 por ciento del presupuesto de seguridad del estado, no se puede hacer mucho más.

El Congreso de Chihuahua pidió al Gobierno federal que revoque el uso de fuerzas militares en acciones de seguridad. El planteo es justo y acertado, aunque desafía el presupuesto básico de la política de seguridad de la 4T, que disolvió la policía nacional y dejó la seguridad pública en manos de la Guardia Nacional, cuya presencia en Juárez hizo aumentar los indicadores de inseguridad.

En realidad es un problema político, porque los gobernadores no quieren lidiar con el crimen organizado, que es de competencia federal y los militares tienen un código de guerra para resolver la seguridad pública, como Bruce Willis en la película The Siege.

Pero en Juárez el Estado y el Gobierno corralista estuvieron ausentes. El berrinche entre el góber y la Federación por “culpa” de Loera de la Rosa dejó a la ciudad con el mensaje abierto a quien quisiera entenderlo de que había territorio liberado.

En el mandato de Javier Corral hubo casi 6 mil homicidios en la ciudad y la descoordinación con la Federación desde el 23 de septiembre de 2020 favoreció la vía libre. Recién cuando López Obrador vino a la frontera, a fines de marzo de 2021, los cables se conectaron nuevamente. Ellos son los que gobiernan, a ver si se enteran.

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A fines de abril de 2021 la comunidad LeBarón, junto con otros colectivos, marcharon para denunciar la impunidad del Gobierno de Javier Corral. Exigían la destitución del gobernador, del fiscal general César Augusto Peniche Espejel y del secretario general de Chihuahua, Fernando Mesta Soulé. Fue un desafío a gran altura, en el corazón del poder.

Mara Gómez es coordinadora de México Evalúa y afirma que en México solo el 4.9 por ciento de las investigaciones se resuelven, con un 94 por ciento de impunidad. Mientras tanto, en Chihuahua la persecución contra la corrupción parece un buen pretexto para perseguir a los opositores, imitando a rajatabla la lógica de la 4T, todo bajo la idea de que capturar corruptos es más barato que castigar la corrupción.

Según el Indice del Estado de Derecho en México 2020-2021, del World Justice Project, en el área de orden y seguridad Chihuahua se ubica en la posición 21 entre las 32 entidades mexicanas. Su afinidad con el estado de derecho está en la posición 15 entre 32, casi en la mitad inferior de la tabla. La entidad se ubica en el quinto lugar nacional en impunidad y tercera en homicidios dolosos. La desconfianza en las autoridades se eleva al 50 por ciento para la policía vial, 44 por ciento para la policía estatal, 43 por ciento para la policía ministerial y 34 por ciento para el Ministerio Público. Malos números para Chihuahua.

Mientras Javier Corral denuncia una justicia a modo por el caso de Cruz Pérez Cuellar y la candidata Maru Campos se queja de una persecución sistemática por parte del gobernador, la impartición de justicia es una promesa incumplida para los juarenses, por la escasez de personal para atender feminicidios, por la descoordinación de las autoridades y por el colapso carcelario.

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La seguridad industrial contiene varios ingredientes. En primer lugar, la regulación de la seguridad privada es dificultosa y la situación rebasa la capacidad de las instituciones estatales por la mayor demanda de custodia por las empresas y la proyección de la seguridad privada como salida laboral. En segundo lugar, las amenazas de ciberseguridad, a la información personal y a los bancos se irán incrementando en virtud de la digitalización global. Por último, en octubre de 2020 un bloqueo de agricultores a las dos líneas ferroviarias que conectan las fronteras de Ciudad Juárez y Ojinaga con Estados Unidos derivó en un parate de expedición que duró 60 días y produjo hasta mil 400 mdd de pérdida. En el nuevo contexto global las amenazas a las cadenas de abastecimiento cobran una dimensión resaltada.

La emergencia sanitaria de Covid-19 impactó negativamente en las maquilas de exportación de Juárez, las que debieron cesar su producción. La situación empeoró durante la emergencia climática y el corte de energía en febrero de 2021. Sin embargo, las empresas reaccionaron rápidamente y establecieron protocolos sanitarios de urgencia con gran efectividad. La demanda americana incentivó el apresuramiento del reingreso en actividad y al mismo tiempo activó la migración a la industria 4.0, convirtiendo a Ciudad Juárez en una de las regiones con mayor crecimiento en la digitalización de la industria en el país.

Sin embargo, la violencia homicida estampó un sello global a la ciudad como una de las más peligrosas del mundo, una idea que persiste a pesar del intento de control de las autoridades. Hasta el propio Gobierno americano ha recomendado no venir a Ciudad Juárez, retroalimentando la percepción de una ciudad poco atractiva y muy insegura. En síntesis, la pérdida de competitividad chihuahuense indica que la entidad pasó del puesto 8 en 2016 al lugar 11 en el 2020. En Juárez la industria turística de servicios médicos, intercambio académico, turismo consular y turismo de negocios es una de las principales resentidas. Para mejorar y sostener los niveles de competitividad son relevantes las iniciativas que se implementen en seguridad y justicia.

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¿Y los juarenses qué dicen sobre la seguridad de la ciudad? Una política pública de seguridad ciudadana requiere la participación de la comunidad y la opinión de los habitantes se vuelve importante. Para la revocación de mandato de Armando Cabada la ciudadanía encontró un formato de expresión, pero para las problemáticas de seguridad todavía no se repite la pasada experiencia de Todos Somos Juárez.

De todos modos las mujeres juarenses llevan la delantera. En el caso de la acusación contra el padre Aristeo Baca las mujeres estuvieron presentes, al igual que en temas migratorios, de transgénero y feminicidios. Chihuahua fue la última entidad mexicana en tipificar el feminicidio como delito penal en octubre de 2020. Las mujeres juarenses están organizadas para defender y reclamar contra la inseguridad en la medida de sus posibilidades, la sociedad no.

El umbral de tolerancia por inseguridad todavía no se ha rebasado, quizás porque la línea de razonabilidad se compara con la guerra de 2008-2012, en 3 mil 500 homicidios anuales. Estamos acercándonos a mil 700, la mitad de aquella cifra. La comparación no tiene sentido y la calma ciudadana tampoco. Son circunstancias diferentes, sin una guerra declarada contra el narcotráfico y sin intervención militar.

Parte de la responsabilidad de los candidatos es alertar a los juarenses porque gobernar es tomar el timón y dirigir el rumbo de los acontecimientos, no ser víctimas de circunstancias imprevisibles.