Por muy variadas vías fluye la información que vincula a la actual administración de Cruz Pérez Cuéllar con presumibles hechos de corrupción.
Los últimos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojan más luz sobre un alarmante y preocupante modus operandi que favorece a los contratistas de obras y servicios, en detrimento del erario municipal.
Pago de sobreprecios, utilización de empresas factureras o fachada, productos de mala calidad, bienes inservibles, conflictos de interés y omisiones de funcionarios, se repiten sistemáticamente, de acuerdo con varias de las observaciones contenidas en la “Auditoría de Cumplimiento Forense”, que sobre la cuenta pública del 2022 publicó la ASF.
Es de escándalo el hallazgo del ente fiscalizador. El Gobierno del Municipio de Juárez fue el que más recursos pendientes de aclarar presentó en todo el país, si hablamos del ejercicio del gasto federalizado programable.
El monto total con observaciones no aclaradas alcanzó los 151.8 millones de pesos.
Las irregularidades señaladas se suman al caudal de presuntos hechos constitutivos de delitos que contienen ocho denuncias presentadas recientemente ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, colaboradores y exfuncionarios.
Hay algunos casos emblemáticos reportados por la ASF que confirman hallazgos anteriores en cuanto a la simulación en los procesos licitatorios, el falseo de la información y la forma de operar a modo para favorecer a algunas empresas.
Por ejemplo, la auditoría forense encontró que el Gobierno municipal contrató a un proveedor de luminarias, Guena 2020 Comercializadora, que resultó ser un simple revendedor.
El fabricante de las luminarias facturó 6.5 millones de pesos por 2 mil 149 lámparas, mientras que el proveedor las vendió al Municipio en 10.4 millones.
Nada más en esa operación hubo un quebranto para el erario de casi 4 millones de pesos. Ese sobreprecio no tenía por qué haberse pagado, ya que se operó una triangulación con intermediario innecesario.
Derivado de un análisis de comprobación y reportes fiscales, se estableció que las lámparas las entregó una tercera persona moral, diferente a la empresa a la que le adjudicaron la licitación.
El Gobierno municipal pagó el contrato por más de 10 millones de pesos, aunque no se acreditó que la persona moral contara con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para producir, comercializar o entregar los bienes contratados.
Esa empresa que facturó las luminarias, únicamente cuenta con un empleado y el domicilio fiscal corresponde a una casa habitación, de acuerdo con lo encontrado por los auditores.
En el Mochilagate, el caso de sobreprecio por al menos 52 millones de pesos en la compra de 260 mil kits escolares, la investigación de Norte Digital encontró que uno de los contratos se facturó también para una empresa fachada, con un domicilio en la calle Riberas del Corral 333, en Riberas del Bravo Etapa 1.
Ahí, en una casa deshabitada, se supone que opera Comercialización en Acción del Norte S. de R.L. de C.V, la empresa a la cual se le compró el primer lote de 10 mil mochilas en julio de 2022.
A esa empresa “fantasma” se le adjudicó un contrato por 4 millones 60 mil pesos.
Norte Digital encontró condiciones dudosas respecto a la empresa ganadora, Grupo Mercantil Tlacaelt, que según el padrón de proveedores municipales tiene su domicilio en la calle México 5323, de la colonia Villa Paso del Norte en esta frontera.
En esa dirección se ubica una vivienda de dos pisos. Nada relaciona esa propiedad con una empresa debidamente instalada y acreditada. Sin embargo, recibió un contrato por 26.3 millones de pesos para surtir 50 mil kits escolares.
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El reporte de la Auditoría Superior de la Federación confirmó también que la seguridad pública es un gran negocio para algunas empresas y que las contrataciones oficiales presentan un amplio riesgo de corrupción.
En uno de los contratos revisados, la ASF encontró que, aunque se pagaron 20.5 millones por 18 mil cámaras y botones de pánico en comercios, en la verificación se confirmó la instalación únicamente de un botón verde y de una cámara.
Esa partida por 20.5 millones de pesos corresponde a un contrato mayor por 182 millones de pesos, entregado a Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.
Además de instalar cámaras lectoras de placas y soporte técnico para el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 9-1-1 (CERI), la firma tiene que dar mantenimiento integral y soporte técnico a la plataforma unificada de conectividad comercial.
Para esa plataforma tecnológica, que el Gobierno municipal llamó “Juárez Vigilante”, debían de recibirse mil 250 servidores, según el contrato, lo que no ocurrió, de acuerdo con la ASF.
Tampoco se encontraron 600 licencias para conectar cámaras estatales a la plataforma municipal, 36 licencias para lectura de placas y análisis vehicular, 600 licencias para botones de pánico y otras 50 mil aplicaciones de botón de emergencia digital.
Por ese paquete de inconsistencias, la ASF advirtió un daño al erario municipal por 47.5 millones de pesos.
En otro de los programas destinados al rubro de seguridad pública, la ASF encontró una compra inservible, ya que 3 mil brazaletes electrónicos tipo pulsera que servirían para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, casi en su totalidad se quedaron guardados en una bodega.
Por ese contrato se pagaron 29.9 millones de pesos a la empresa Novitech S.A de C.V.
Los auditores detectaron que únicamente 27 brazaletes fueron asignados a beneficiarias y otros 81 estaban bajo resguardo de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género.
Otra compra inservible más tuvo que ver con los 49.8 millones de pesos entregados al proveedor Lumo Financiera del Centro, por 220 patrullas usadas, un lote de camionetas RAM modelo 2019.
En febrero de 2022, el Gobierno del Municipio de Juárez realizó el pago, pero 173 unidades eran inservibles por fallas mecánicas o de carrocería.
En la “Auditoría de Cumplimiento Forense” se concluyó que las camionetas no eran aptas o no cumplían con lo establecido en los dictámenes para complementar “la flotilla requerida para ampliar el patrullaje en la ciudad”.
En otro caso más, se pagaron 15.8 millones de pesos, a Power Hit S.A. de C.V. por 700 chalecos balísticos y 90 cascos para personal de la Policía Municipal.
Cuando los auditores hicieron la revisión, el 30 por ciento de los chalecos estaban sin entregar, embodegados y a seis meses de caducar.
Además, el proveedor no presentó las pruebas balísticas certificadas de las placas ni de los chalecos, requisitos que debía cumplir según el contrato.
Hubo múltiples observaciones al ejercicio de los fondos para seguridad, con todo y que los auditores apenas revisaron una muestra de contratos por 539.3 millones de pesos.
La totalidad de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que fueron entregados al Gobierno municipal de Juárez, llegó a mil 128 millones de pesos, por lo que seguramente se multiplican las inconsistencias e irregularidades.
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Otro terreno fértil para la corrupción y los negocios al amparo del poder, tiene que ver con la gestión del desarrollo urbano, los cambios de uso de suelo y las desincorporaciones de terrenos municipales.
Por esa otra vertiente también hubo noticias en la semana que recién terminó.
El Congreso del Estado aprobó, por mayoría, solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que investigue las irregularidades que recientemente se han hecho públicas y, en su caso, las sancione.
Las sospechas de corrupción se desprenden de las múltiples autorizaciones para nuevos fraccionamientos y parques industriales, las cuales implican cambios de uso de suelo por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Esa dependencia municipal y su titular, Claudia Verónica Morales Medina, se han colocado bajo el escrutinio público en varios casos, como el de la construcción y operación irregular de la casa de cambio Dollar 2 Go, en terrenos de El Chamizal.
El caso es la base de una de las ocho denuncias penales que están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
La actuación de Desarrollo Urbano tuvo que ser clave, por omisión o complicidad, para que se cometiera tal desacato al compromiso que fue suscrito por el propio Gobierno municipal con la Semarnat, para respetar esa área verde que forma parte del parque nacional.
Hasta la fecha, Morales Medina no ha explicado cómo es que se autorizó la construcción de ese local o cómo fue posible que el acto pasara desapercibido, a pesar de que otro ente municipal, la OMEJ, aprobó la edificación y operación de ese negocio.
En otro caso que generó polémica y debate en el Ayuntamiento, está la intentona de la misma dependencia para cambiar la zonificación de un predio de 4.71 hectáreas que, según los planes vigentes de desarrollo, debe de ser utilizado para vasos de captación, es decir, infraestructura contra inundaciones.
Sin embargo, la presión de vecinos de Riberas del Bravo y la movilización de Organizaciones de la Sociedad Civil, frenó el cambio que daría pie a la edificación del Parque Logístico Zaragocita, para atender necesidades de la industria maquiladora.
En el dictamen del Congreso del Estado enviado a la Auditoría Superior del Estado, se incluyen indicios de la existencia de trámites y expedientes relacionados con cambios de zonificación, aprobaciones de fraccionamientos, condominios y otras acciones urbanas que podrían caer en incumplimiento de la normatividad vigente.
Los legisladores documentaron un historial de 45 actos de cambio de uso de suelo, autorizados hasta el 1 de noviembre de 2023.
De ese total, 44 fueron peticiones de particulares y una del Municipio. El informe más reciente de la Sindicatura Municipal, presentado en diciembre pasado, establece que hay 31 proyectos inmobiliarios, el más reciente con fecha del 10 de noviembre de 2022.
Los legisladores tomaron en cuenta los testimonios de regidores que mostraron preocupación por la existencia de posibles actos de corrupción y la falta de transparencia por parte de los funcionarios y la titular de Desarrollo Urbano.
Parece que no hay territorio que se salve. Se trate de temas tan sensibles como la seguridad pública o tan trascendentes como la sostenibilidad de la ciudad respecto a su desarrollo urbano y su configuración territorial, la corrupción cruza transversalmente todo programa que implique ejercicio del gasto o decisiones de política pública con implicaciones económicas.
Ya lo señalamos anteriormente: incluso bajo el gasto en temas educativos, como ocurrió con la compra de kits escolares, se amparan negocios privados y hasta se articulan banderas de promoción personalizada con fines electorales.
Lo peor de todo es que no se atisba alguna señal de que las cosas vayan a cambiar y se ponga un freno a la corrupción que se alimenta y se fragua desde el poder público municipal.
Claramente no ha bastado con el trabajo de fiscalización y la exhibición pública del cúmulo de irregularidades, señalamientos, observaciones y hasta denuncias penales.
Mientras que no se dé el siguiente paso, se lleven los casos hasta las instancias judiciales y se castiguen las prácticas indebidas, la corrupción seguirá rampante y gozando de cabal salud.
Por lo visto, a nadie le importa si continúan sumándose observaciones y recomendaciones.
Qué lamentable que ni a los señalados, ni a los responsables de perseguir los delitos les quite siquiera el sueño, ese alud de información que bien puede integrar nuevos casos, expedientes o carpetas de investigación.