La llegada de la próxima temporada de verano abre, desde ahora, una gran interrogante en cuanto al tema del actual y futuro suministro de agua para Ciudad Juárez.
Ya durante el verano pasado hubo atisbos de la escasez que puede llegar a darse para un gran porcentaje de los 459 mil usuarios domésticos, las casi 40 mil pequeñas empresas y los representantes del sector industrial y agrícola de la región, si se llega el fatídico día en que el agua llegara a faltar.
La crisis observada en Nuevo León a mediados de 2022 con la llegada del llamado “Día Cero”, durante el cual los habitantes de la ciudad de Monterrey enfrentaron una escasez de agua sin precedentes, plantea ya una inquietud respecto a lo que nos puede esperar en esta frontera en el corto plazo.
Si las políticas y los protocolos para la administración, cuidado y suministro del vital líquido no se realizan de la manera adecuada, mucho más temprano que tarde, en Juárez estaríamos viviendo la misma situación que los regiomontanos.
Especial preocupación la representa la labor que toca realizar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia desconcentrada de la Semarnat que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México.
Estas acciones específicas de la Conagua están estrechamente relacionadas con aspectos como el derecho humano a contar con acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros, asequibles y fiables.
Al margen de las políticas de control impuestas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que reconoce un incremento exponencial de 33.3 por ciento en la demanda durante los meses de verano con respecto al resto del año, y que rebasa la capacidad de la infraestructura instalada, la escasa presencia y nula coordinación de la Conagua en lo que a estas medidas se refiere no se prestan para el más mínimo optimismo.
Prueba de ello es la situación de explotación clandestina, ilegal e indiscriminada de los recursos hídricos provenientes de pozos con permiso federal para uso agrícola, situación que rebasa los niveles del descaro y que dista mucho de contar con las necesarias medidas de intervención por parte de este organismo para poner orden.
Vacíos legales, omisiones y presuntos actos de coyotaje y corrupción existentes al interior de la Coangua son los factores a los que se atribuye esencialmente la existencia de un floreciente mercado negro del agua en Ciudad Juárez, un mercado negro basado en la explotación de antiguos pozos de riego, muchos de ellos absorbidos por la mancha urbana, sin que hasta ahora la Conagua haya intervenido para su clausura o cambio de uso.
Mediante improvisadas garzas de extracción instaladas clandestinamente, estos pozos de uso agrícola fungen como centros de distribución y venta de agua mediante el uso de de pipas de transportación que operan al margen de pagos de derechos y de los controles de organismos operadores como la JMAS.
No se tiene claro cuánta es la cantidad de agua que, mediante el llenado continuo de pipas de hasta 40 mil litros de capacidad, se extrae de este modo de los mantos freáticos con los que cuenta la ciudad y que, dicho sea de paso, están catalogados como “en riesgo de abatimiento”.
El agua de nuestra ciudad, extraída de manera rapaz, es ilegalmente vendida y utilizada en el riego de parques, jardines privados y terracerías, además de hoteles, car wash, maquiladoras, centros comerciales y, principalmente, para el área de la construcción.
Pese a haber sido alertados en diferentes ocasiones al respecto y haber prometido intervenir, los representantes de la Conagua siguen brillando por su ausencia, al menos en lo que se refiere a tomar acciones para impedirlo.
Entrevistado por Norte Digital, Cuauhtémoc Osorno, investigador y consultor en políticas públicas y derechos humanos al agua, así como miembro de la Red Mexicana de Cuencas, destaca que la Conagua ya debería estar participando activamente para poner orden en la situación imperante en la ciudad.
Pero no, la Conagua no lo está haciendo, porque al parecer no le interesa o solo atiende a regañadientes y según sus posibilidades sobre denuncias expresas (y ni así), a pesar de saber que Chihuahua es uno de los estados con más sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Una de las situaciones a la que se atribuye esta falta de intervención tiene que ver, indudablemente, con los recortes sufridos por esta dependencia y la escasa cantidad de personal destinado para estos fines.
Reportes periodísticos detallan cómo es que diversos recortes presupuestales, además de la intervención de factores políticos al interior de esta dependencia, han propiciado que en la última década el nivel de supervisión y vigilancia de los recursos hídricos por parte de la Conagua, particularmente en lo que se refiere al uso de las concesiones, nivel de extracción y descargas clandestinas, haya registrado una caída de hasta un 90 por ciento.
Ciertamente, los recortes sufridos por la Semarnat y la Coangua en su presupuesto han reducido su capacidad de funcionamiento a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, por lo que –supuestamente– la Conagua cuenta con menos de 200 inspectores para revisar más de 500 mil títulos en todo el país.
Esto justificaría, en buena medida, la escasa presencia de la dependencia en lo que se refiere a la vigilancia en esta frontera. Y lo justificaría ampliamente si no fuera por otro aspecto que es señalado abiertamente por investigadores y analistas del tema, que apuntan directamente a la corrupción como uno de los elementos más notorios en la situación que priva en varios sectores del país.
Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y anticorrupción de “Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas”, es clara al señalar evidentes casos de corrupción en esta dependencia, a nivel de supervisión, vigilancia, otorgamiento de concesiones y la extracción de mayores volúmenes de agua que los autorizados.
La investigadora reporta diversos casos en el país de inspectores de Conagua evidenciados por recibir jugosas sumas de dinero por hacerse de la vista gorda en muchas circunstancias de omisión al respecto.
En el caso de Chihuahua, el tema de “presuntos casos de corrupción” detonó una limpia del organismo local en 2021, que fue justificada mediante un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales de la Conagua.
En ese entonces, el comunicado anunciaba la detección de presuntos actos de corrupción, además de malos manejos o conductas inadecuadas, que se alejaban “de los principios de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción por los que se rige la institución”, según el documento.
A nivel federal hubo cambios a nivel dirección, y se nombraron a seis subdirectores vinculados a la academia y a organizaciones sociales de corte ambientalista.
Recientemente, y con niveles de escándalo, el lunes 31 de octubre la subdirectora General de Administración del Agua, Elena Burns, fue destituida de su puesto por el titular de la Conagua por razones no clarificadas del todo.
Burns tenía a su cargo la responsabilidad de recibir las solicitudes de concesiones, así como su actualización o, en su caso, su revocación. Ese día, sin embargo, se le impidió el ingreso a las instalaciones con personal armado.
Resulta importante destacar que, en mayo de 2019, las instalaciones de la Subdirección General de Administración del Agua, ubicadas al sur de la CDMX, registraron un sospechoso incendio en varios pisos, justo donde se resguardaba información relacionada con el tema de las concesiones que se perdió en ese incidente.
De ese tamaño están las cosas en una dependencia que, al parecer, lejos de cumplir con su función de vigilancia y mantenimiento del orden hídrico, por el momento está más enfrascada en pleitos de carácter interno que en resolver una situación que tiende a favorecer, de manera más acelerada, el futuro abatimiento de los mantos acuíferos que actualmente surten del vital líquido a nuestra ciudad.
El “Día Cero” está más cerca de lo que pensamos en esta desértica región.